La Fiscalía General de la República de El Salvador anunció este jueves el golpe a una estructura que, según la investigación, movía cocaína por mar desde Nicaragua hasta Guatemala y usaba el litoral salvadoreño como escala. El caso arrancó en julio de 2024. Desde entonces, las autoridades reportan 1.917 kilogramos decomisados, valorados en 48.193.380 dólares, seis embarcaciones incautadas y 15 personas detenidas: 12 en fases anteriores y tres en el operativo de esta madrugada.
Los allanamientos se ejecutaron de forma simultánea en Ahuachapán, Usulután y La Paz, con la Policía Nacional Civil. La Fiscalía describió un esquema de tránsito: pescadores locales habrían suministrado combustible, equipos GPS y lanchas para sostener la ruta centroamericana. Los capturados enfrentarán cargos por tráfico ilícito, tráfico ilícito de carácter internacional y agrupaciones ilícitas. La institución no publicó identidades ni precisó la nacionalidad de los detenidos de este jueves.
Respuesta del régimen sandinista
Horas después, Managua respondió por la Cancillería. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo expresó “preocupación”, rechazó las afirmaciones y objetó que un fiscal se pronunciara sobre otro Estado “en base a hechos de los cuales no tiene constancia” y sin acompañar, en público, información verificable. El texto diplomático añade que ese funcionario “no representa formalmente al Estado salvadoreño”.
La dictadura pidió a la Cancillería de El Salvador la documentación que sustente la pesquisa, con el argumento de valorar lo ocurrido y contestar “con el debido rigor jurídico y diplomático”. También reiteró que combate el narcotráfico, que está dispuesta a cooperar en la región y que invita a San Salvador a trabajar en conjunto.
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El cruce reabre una disputa que ya tuvo episodios recientes. En diciembre de 2025 y enero de 2026, El Salvador informó de lanchas con cargamentos atribuidos a una salida desde Nicaragua; el Ejército nicaragüense negó en ambas ocasiones que el país fuera puente del narcotráfico.
En septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos volvió a incluir a Nicaragua entre los países de tránsito o producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027 y cuestionó la suficiencia de las medidas del régimen Ortega-Murillo.
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