El obispo nicaragüense Carlos Herrera afirmó que el Vaticano explora mecanismos para abrir un diálogo con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La declaración la hizo durante una reunión del Secretariado Episcopal de América Central celebrada en Costa Rica. “El Papa está en esa situación de poder ver si se puede dialogar con el Gobierno, y que en todo momento no ha sido posible. Está buscando mecanismos para hacerlo”, señaló el religioso, quien presidió la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) hasta el 10 de noviembre.
Herrera no precisó interlocutores, gestiones concretas ni plazos. Tampoco confirmó que el reciente cambio de directiva de la CEN responda a una iniciativa de la Santa Sede. Una semana antes, el obispo de Granada, Jorge Solórzano, fue elegido presidente de la CEN para completar el período que concluye en 2027.
La directiva quedó integrada además por el cardenal Leopoldo Brenes como vicepresidente, monseñor Sócrates René Sandigo como secretario general y monseñor Marcial Humberto Guzmán Saballos como ecónomo. Herrera indicó que no fue consultado ni recibió información de los obispos que permanecen en el país ni de la Santa Sede sobre las razones de la reorganización. El prelado fue desterrado de Nicaragua en 2024.
Su caso se suma a la salida de otros miembros de la jerarquía. El obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, Rolando Álvarez, fue excarcelado y expulsado en enero de 2024. También fueron enviados al exilio el obispo de Siuna, Isidoro Mora, y decenas de sacerdotes y religiosos.
El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, vive fuera del país desde 2019. La relación entre el régimen y la Iglesia se deterioró tras la mediación eclesiástica en la crisis política de 2018. Desde entonces, sacerdotes, obispos, organizaciones, universidades y medios vinculados a congregaciones católicas han enfrentado presión estatal, detenciones, expulsiones y restricciones a procesiones y actividades públicas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó en 2024 que la persecución religiosa incluyó detenciones arbitrarias, expulsiones, cierre de emisoras, escuelas y universidades, y limitaciones a misas y celebraciones.
Más de 200 religiosos fueron desterrados, expulsados o impedidos de regresar desde octubre de 2023, según el organismo. Mientras el Vaticano evalúa un eventual canal de diálogo, Herrera continúa representando a la Iglesia nicaragüense en encuentros internacionales. Las autoridades nicaragüenses, por su parte, han sostenido que ciertas actividades religiosas podían generar desorden.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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