La organización ambiental Fundación del Río denunció el avance de una minería artesanal de oro en la Reserva de Biósfera del sureste de Nicaragua, principalmente en la Reserva Indio Maíz. La organización señala que más de dos mil obreros se encuentran trabajando en áreas protegidas.
En un comunicado advierten que esta actividad son los más destructivos y devastadores para la naturaleza, más cuando se presentan en áreas protegidas de importancia nacional y mundial.
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«En el último recorrido realizado a finales de octubre en la Reserva Indio Maíz por la Unión de Organizaciones Ambientales (UOA), logramos encontrar evidencias de un campamento de minería artesanal en la cabecera del río Indio, al noroeste de la reserva, municipio de El Castillo; donde se estima más de dos mil personas trabajando en la extracción artesanal de material y el procesamiento del metal», denuncia el organismo ambiental.
Destacan que para el proceso de la separación del oro de la roca, los mineros están utilizando en algunos casos cianuro y en otros mercurio: «ambos metales pesados son altamente tóxicos, tanto para los seres humanos como para todos los seres vivos donde se vierten estos residuos», enfatizan con preocupación.
Tráfico ilegal de estos metales son constantes
La organización ambiental manifiesta que el tráfico ilegal de cianuro y mercurio son constantes en el sureste de Nicaragua y el norte de Costa Rica «para lograr abastecer a estos campamentos mineros y molinos artesanales», aseguran.
«Desde finales de 2016, cuando inició la fiebre del oro en Crucitas, Costa Rica, es cuando hemos observado el crecimiento exponencial de esta dinámica extractivista en el sureste del país», remarcan, y detallan que en el año 2019 se contabilizó más de 100 molinos activos en el municipio de San Carlos, El Castillo y Nueva Guinea.
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Denuncian que mientras estos sucede, las autoridades nicaragüenses no ha tomada acciones para impedir y frenar la minería ilegal, por lo que hacen un llamado a estas para que se tomen las medidas correspondientes.
«Hacemos un llamado a las autoridades municipales a realizar acciones legales para detener el proceso de avance de la minería en estos territorios y a las instituciones públicas de aplicar el marco legal ambiental vigente en el país, para proteger los bienes naturales y las áreas protegidas del sureste de Nicaragua», concluye el comunicado de la Fundación del Río.
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