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Empresas chinas se benefician del derroche de concesiones mineras impulsado por el régimen

Al menos el 23% del territorio nicaragüense se encuentra concesionado a empresas internacionales para practicas extractivas.

Minería en Nicaragua. Foto: Calibre Mining Corp.
Imagen referencial. Archivos/NI

El régimen de Daniel Ortega sigue entregando concesiones mineras a empresas internacionales, a pesar de su constante discurso en contra del extractivismo.

En esta ocasión, la beneficiaria fue la empresa china Nicaragua XinXin Linze Minería Group, Sociedad Anónima, que podrá hacer aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado Nueva Bijagual, con una superficie de más de 36 mil hectáreas ubicado en los municipios de Siuna y Mulukukú, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

El otorgamiento de la concesión fue publicado la mañana de este 22 de abril de 2024 en la Gaceta, diario oficial, que además refiere que el Ministerio de Energía y Minas “se pronunció técnicamente sobre la solicitud”, e indicó que esta “cumple con los requisitos correspondientes”.

“Si ya de por sí hay una situación de riesgo, de impacto y de falta de transparencia en el sector minero, con la entrada de empresas chinas que históricamente han sido objetadas por su falta de mecanismo de protección ambiental y de cumplimiento de convenios internacionales en temas laborales, pues obviamente es más preocupante”, indica Amaru Ruiz, director de Fundación del Río.

Ruiz indica que hay un patrón de entrega de concesiones mineras en las zonas del caribe.

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La Fundación del Río siguió trabajando desde el exilio en Costa Rica, a pesar de haber sido clausurada y confiscada por el régimen de Daniel Ortega. En un informe reciente, esta organización logró registrar al menos 229 concesiones mineras activas, lo que representaba 2,8 millones de hectáreas, el 23% de la superficie total del país.

Las concesiones a empresas chinas empiezan a aumentar al calor de las alianzas políticas que por simpatías ideológicas han establecido ambos países, pues según este informe hasta 2021, un 35% de las concesiones las tenían empresas canadienses, 21% empresas colombianas, 11% empresas nicaragüenses y 10% del Reino Unido.

Territorios indígenas los más afectados

Fundación del Río documenta que la mayoría de las concesiones mineras afectan territorios indígenas y afrodescendientes, donde se han autorizado (hasta 2021) 141 concesiones, y las aprobaciones continúan a marcha acelerada.

El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas IWGIA documenta que el 41% del territorio Mayagna Sauni As está afectado por las concesiones mineras entregadas en Nicaragua en los últimos años y denuncia que las poblaciones locales nunca fueron consultadas, acusando al Estado de imponer “gobiernos paralelos” para fingir procesos de aprobación y “otorgar las concesiones a espaldas de las comunidades”.

En la Gaceta de este 22 de abril, se indica que hubo una consulta al consejo regional y que este emitió su “aprobación” para otorgar los derechos de explotación minera a esta empresa china.

La empresa concesionaria deberá pagar al Estado veinticinco centavos de dólar por hectárea durante el primer año e irá subiendo paulatinamente hasta alcanzar los doce dólares por hectárea a partir del décimo primer año, además debe pagar un 3% por derecho de extracción o regalías de todas las sustancias extraídas.

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Sin embargo, los consejos regionales, que son los encarados de representar y velar por las comunidades indígenas y afrodescendientes, son los menos beneficiados con la transferencia de estos recursos.

Según el Banco Central de Nicaragua, en 2023 se transfirieron 1,141,59 millones de córdobas por los beneficios obtenidos de las concesiones mineras, pero solo 81.83 millones fueron para los consejos regionales. El grueso de la partida lo recibieron las alcaldías y el Ministerio de Hacienda con 399.55 millones y 374.81 millones de córdobas respectivamente.

Para el economista Marco Aurelio Peña, el régimen deja que China haga “imperialismo económico”, pero no lo mira mal como cuando cuestiona estas mismas prácticas de Estados Unidos, prácticas que según su valoración no representan mayor beneficio para el país porque no hay novedad en el modelo.

“Simplemente se trata de extraer un producto primario y venderlo, exportarlo, alrededor de esta actividad minera no se está promoviendo ni estimulando ningún tipo de industria, no se le agrega valor”, indica Peña, quien cree que los mayores beneficios de estas extracciones se van del país y que “paradójicamente Nicaragua luego se ve comprando los productos finales que otros países producen con lo que se llevan de nuestro territorio.

Subdesarrollo y violencia en zonas de concesión

María Luisa Acosta es coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI). Ella cuestiona que además de que estas concesiones mineras no dejan recursos al país, tampoco contratan mucha mano de obra, ni les ofrecen las mejores condiciones, por lo que tampoco impactan en generar desarrollo humano.

Pero para ella lo más preocupante es el deterioro ambiental que se está ocasionando en el país y la violencia que hace sucumbir los cimientos de estas comunidades ancestrales, debido a la invasión de personas ajenas a estas etnias que buscan apoderarse de territorios ricos en recursos madereros y minerales.

Para Marco Aurelio Peña el hecho de que no haya una política clara y “eficaz de regeneración y conservación de estos recursos”, ante la deforestación y aprovechamiento indiscriminado, hace que el impulso que está teniendo la industria del oro no tenga repercusiones a largo plazo.

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Y es que el oro se ha convertido en el principal producto de exportación de Nicaragua. En el año 2023 se registró una producción de un 1,189, 961 onzas troy. Los productos de minería representaron 1,058.08 millones de dólares en exportaciones para Nicaragua.

Peña indica que esto “afecta la calidad de vida de las comunidades indígenas y afrodescendientes, genera desplazamiento, contaminación del aire. Se reduce calidad de vida y por tanto se reduce desarrollo humano».

278 kilómetros de territorio nicaragüenses siguen concesionados por el régimen de Ortega a la empresa china HKND desde 2012, a pesar de que el empresario Wang Jing incumplió todos los acuerdos y de las masivas protestas de campesinos que serían afectados por este proyecto que se convirtió en una de las más grandes promesas rotas del actual régimen.

 

Autor
Nicaragua Investiga

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