Este viernes fue aprobada y publicada en La Gaceta Diario Oficial una resolución administrativa que permite al Instituto Nacional Forestal (Inafor) administrar «el aprovechamiento familiar de árboles afectados por los huracanes Eta e Iota«.
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De acuerdo al documento, dicha resolución sería aplicable en toda la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, excluyendo Waslala; y en los municipios de La Cruz de Río Grande y la Desembocadura del Río Grande, pertenecientes a la Región Autónoma Costa Caribe Sur.
La resolución destaca que el objetivo es regular las «actividades técnicas, administrativas y legales» para que las familias puedan aprovechar los árboles afectados en las zonas en las que los huracanes provocaron un mayor impacto. Sin embargo, un experto alerta que en la realidad esta medida no estaría enfocada para apoyar a las familias, sino más bien para fomentar saqueos por parte de las empresas.
Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río, señala que en primer lugar las autoridades nicaragüenses no han elaborado hasta este momento ningún estudio técnico para definir el verdadero impacto ambiental de Eta e Iota, «no se sabe cuántas hectáreas de bosque están tumbadas ¿cuántas están impactadas? ¿dónde están esas hectáreas? ¿en qué áreas protegidas están esas hectáreas?”.
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El experto sostiene que sin un estudio técnico previo no debería establecerse ninguna resolución, pues se desconoce la necesidad real de metros cúbicos en madera para reconstruir las viviendas afectadas por ambos huracanes, “si realmente se quisiera aprovechar para las familias de manera ordenada y sostenible, se tendría este inventario de necesidades y en base a ese se establecería la demanda”. De entrada, solo se ha establecido un marco legal regulatorio por Inafor, sin contar con cifras reales.
Áreas protegidas incluidas
Uno de los principales puntos que genera preocupación es que el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) podrá autorizar el aprovechamiento de árboles afectados que se encuentren en áreas protegidas.
Foto: NI
Ruiz alerta que esto implicaría que se realicen trochas para que los camiones y maquinarias puedan derribar y transportar los árboles, lo que generará “un impacto mucho mayor a esas áreas protegidas y a esos ecosistemas”.
Además, la misma resolución establece permisividad para el transporte, lo que quiere decir que los recursos extraídos pueden movilizarse fuera de la región “entonces no necesariamente está determinada para que la madera se quede en esa región y sea aprovechada ahí mismo para los procesos de reconstrucción”.
Vaga regulación
La resolución también establece que los árboles en pie que tengan un 50% de impacto en el fuste y copa también pueden ser aprovechados. Es decir, que “prácticamente podés aprovechar cualquier tipo de especie” señala Ruiz.
El director de Fundación del Río asegura que no hay una definición objetiva para determinar el impacto de los árboles, pues quien supervisará y determinará el porcentaje de daños en cada árbol es el regente forestal, quien es contratado por la misma empresa. “Cualquier árbol en pie puede ser extraído con la justificación de ese decreto, eso implica que no solo van a aprovecharse de árboles tumbados, sino también de árboles en pie”.
Además, quienes se excedan de los planes de extracción tienen la oportunidad de justificarse posteriormente con Inafor, lo que a consideración de Ruiz “es prácticamente una apertura al saqueo de cualquier volumen de madera que se pueda sacar en esa zona”.
Antecedentes
En Nicaragua existen antecedentes para desconfiar en la administración que realizará Inafor de estos árboles afectados con el supuesto fin de ayudar a las familias damnificadas por los huracanes Eta e Iota.
En 2009, surgió el millonario proyecto ALBA Forestal bajo la administración del gobierno venezolano, el cual tenía como objetivo “aprovechar” toda la madera derribada por el paso del huracán Félix en septiembre de 2007. Para este se otorgó un total de U$ 18 millones con el fin de extraer recursos de al menos 1.3 millones de hectáreas de bosques en la Costa Caribe.
Sin embargo, Ruiz recuerda que cuando llegaron a la zona la mayor parte de la madera estaba podrida pues ya había pasado mucho tiempo y continuó lloviendo en días posteriores, lo que significó toda una serie de aprovechamiento de bosque en pie que terminó de impactar en esos ecosistemas debido a las trochas que se abrieron. Además, se calcula una extracción de recursos forestales de 5 millones de metros cúbicos, sobre todo por parte de empresas vinculadas a ALBA Forestal.
“Hubo interés de explotación de recursos en esa zona justificado para la reconstrucción y generación de economía, lo que nunca ocurrió, solo el saqueo de los recursos aprovechando la desgracia de ese entonces. Algo que está volviendo a repetirse” advierte Ruiz.
Anteriormente con el paso de Félix solo se hablaba de un aprovechamiento de bosque tumbado, pero ahora con Eta e Iota se ha incluido al bosque en pie con afectaciones, lo que deja una alarmante apertura a la extracción de recursos incluso en áreas protegidas.
Resolución no favorecerá a las familias
Los requisitos que ha establecido Inafor para el aprovechamiento de madera son: presentar una carta de solicitud dirigida al Delegado Municipal, presentar fotocopia de cédula, contar con el aval de la comunidad y del gobierno territorial, mostrar georreferenciación del área de intervención, presentar inventario forestal, contar con una designación, aceptación y acreditación del regente forestal; presentar contrato de reposición de recuso, pagar el servicio, presentar un acta de inspección técnica, y presentar autorización de Marena en caso de tratarse de un área protegida.
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Todos estos requisitos de tramitología es algo que “realmente las familias no lo pueden cumplir, las familias no tienen máquinas, no tienen recursos para invertir, las familias están preocupadas porque el árbol que les cayó sobre la casa puede servir para aprovecharlo en tablas y reconstruir sus casas. Entonces desde el inicio con esos requisitos no es para que sea un aprovechamiento de las familias, sino para que sea un aprovechamiento por una empresa o varias empresas que puedan vender esa madera para luego el Estado entregar esa madera a esas familias” considera Ruiz.
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Para el ambientalista si el propósito fuese ayudar a las familias se estarían estableciendo otros mecanismos para que así verdaderamente pudiesen aprovecharse los árboles caídos para reconstruir las viviendas “pero lo que está pensado es para empresas que lleguen a la zona, que generen todo un proceso de sobre explotación de madera caída y en pie, de cualquier tipo de especie, en áreas protegidas y fuera de las mismas, y que luego las podas vender al Estado o a los mismos damnificados”.
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