Unas 309 personas han muerto y otras 158 se encuentran desaparecidas debido a la represión del Gobierno de Nicaragua en el marco de la crisis sociopolítica que estalló en el país el pasado 18 de abril, dijo la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
Según la ANPDH, desde abril pasado el Gobierno de Daniel Ortega mantiene «operaciones fuera del marco de la ley, de grupos armados paramilitares y de choques (fuerzas combinadas), ejerciendo capturas, torturas, asesinatos atroces selectivos, allanamiento de moradas y daño a la propiedad privada y pública, motivados por un fanatismo partidario».
Las víctimas son 292 hombres y 17 mujeres, la mayoría jóvenes, ya que 122 fallecidos tenían entre 18 y 30 años, otros 54 tenían de 31 a 40 años, 27 tenían de 41 a 50 años, 25 eran niños o adolescentes, 16 tenían entre 51 y 60 años, 8 tenían de 62 a 80, 1 era mayor de 81 años, mientras que 56 no han sido identificados, detalló la ANPDH.
El secretario general de la ANPDH, Álvaro Leiva, señaló que 253 personas murieron por armas de fuego, de los que 70 recibieron balazos en la cabeza, cuello (10), tórax (47), abdomen (19), espalda (10) y otras zonas delicadas del cuerpo (97).
Otras 8 personas fallecieron por agresiones con armas blancas, 2 con impactos de morteros y 46 por otras condiciones.
Una vez más, Managua presentó el mayor número de muertes, con 153, mientras que el resto del país sumó 156 víctimas, resaltó el informe.
La ANPDH, que sostuvo que la violencia es causada por las «fuerzas combinadas» del Gobierno, denunció que la Policía Nacional ejerce funciones de forma «ilícita» en Nicaragua.
«La función policial no se está haciendo de forma lícita, por cuando no son identificables (los agentes) por el hecho de ocultar sus rostros con pasamontañas ante la ciudadanía, lo que promueve actos ilícitos e impunes», indicó.
Responsabilidad estatal
En junio pasado Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) responsabilizaron al Gobierno nicaragüense de graves violaciones a los derechos humanos.
Las violaciones incluyen «asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país», según la CIDH, lo que ha sido rechazado por el Gobierno de Nicaragua.
Desde el 18 de abril pasado Nicaragua vive la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.
Las protestas contra el Gobierno comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
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