La iglesia insiste en que este espacio es la única salida a la crisis del país
Los obispos nicaragüenses anunciaron hoy que seguirán mediando en el diálogo nacional pese a la agresión física y verbal que sufrieron este lunes, porque confían en hallar una salida pacífica a la crisis sociopolítica que sufre Nicaragua y que ha dejado al menos 320 muertos desde abril pasado.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua en pleno acordó este martes continuar como garantes en ese foro, iniciado el 16 de mayo pasado, porque «seguimos creyendo que el diálogo es el camino para superar la violencia» en este país centroamericano, dijo el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.
«No nos retiramos pese a la hostilidad del Gobierno», sostuvo Báez, uno de los obispos agredidos y uno de los más influyentes en Nicaragua.
El religioso exhortó a los nicaragüenses a tener fe y esperanza en que la paz se alcanzará usando métodos pacíficos. «Por tanto, no abandonaremos el diálogo», afirmó Báez, al salir de un encuentro del pleno del Episcopado.
Representantes del Diálogo Nacional de 2018. EFE/Rodrigo Sura
A esa conclusión llegaron los obispos tras una reunión por más de seis horas que se celebró en el Seminario Nuestra Señora de Fátima, en Managua, presidida por el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes.
El Episcopado convocará a finales de esta semana a la reanudación del diálogo, dijo, por su lado, el obispo de la diócesis de Jinotega (norte), Carlos Herrera.
La Conferencia Episcopal suspendió este lunes las mesas de trabajo creadas para superar la crisis en el país debido a la agresión física que sufrieron los religiosos en una basílica en la ciudad nicaragüense de Diriamba, 42 kilómetros al sur de Managua.
Ese día, un grupo de parapolicías irrumpió violentamente en la basílica de San Sebastián donde agredieron a los obispos y a periodistas, entre ellos el nuncio apostólico Stanislaw Waldemar Sommertag, el cardenal Brenes y el obispo Báez.
Condena a agresión
Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) condenaron «enérgicamente los graves hechos de violencia ocurridos en diferentes zonas de Nicaragua este fin de semana, que han dejado alrededor de 20 personas fallecidas, entre ellas, al menos dos policías, y decenas de heridos».
«Asimismo, la CIDH y la Oficina Regional del Alto Comisionado reiteran el llamado al desmantelamiento urgente de los elementos armados progubernamentales», indicaron esos organismos, en referencia a los grupos parapoliciales, paramilitares y fuerzas de choque oficialistas.
Rechazaron, además, «la estigmatización y persecución de personas defensoras de derechos humanos y otros actores en el proceso de diálogo nacional» entre el Gobierno y representantes de la sociedad civil.
Protestas ciudadanas en contra el gobierno. EFE/Bienvenido Velasco
La CIDH y la Acnudh recordaron al Gobierno «sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos», entre ellas que «el Estado es responsable de garantizar la seguridad, el derecho a la vida y el ejercicio de los derechos humanos de toda la población».
«Cualquier operativo que lleven a cabo las fuerzas de seguridad debe ajustarse al uso razonable y proporcional de la fuerza», apuntaron.
También repudiaron «enfáticamente» las agresiones físicas y verbales del lunes contra varios líderes de la Iglesia católica, y «alertaron» de la «campaña de estigmatización» sufrida por los obispos y sacerdotes por «sus labores de protección a la integridad física de las personas manifestantes» y por su rol de mediadores en el diálogo.
En su declaración, exhortaron al presidente Daniel Ortega «a que se abstenga de hacer declaraciones públicas» contra los defensores de los derechos humanos, ya que esto puede incentivar la violencia en contra de las personas en razón de sus opiniones.
Sin punto de coincidencia
El Ejecutivo ha dicho «que como Estado y Gobierno legítimamente constituidos y con base en la Constitución Política y las Leyes de la República», tiene «el deber de defender la seguridad, la paz, el derecho a la vida y el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los nicaragüenses».
Con más de 320 muertos en menos de tres meses, de acuerdo con cifras de organismos humanitarios locales, Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.
Las protestas contra el mandatario se iniciaron el 18 de abril, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
