Este 3 de marzo se cumplió un año de la brutal golpiza de turbas progobierno a tres periodistas que daban cobertura a la misa de cuerpo presente del padre Ernesto Cardenal, en la Catedral de Managua, incluido el reportero de Nicaragua Investiga en ese entonces, Hans Lawrence Ramírez, sin que se haya abierto una investigación del caso.
Además de la agresión, los reporteros fueron asaltados y despojados de sus equipos periodísticos.
La periodista Leonor Álvarez de La Prensa y David Quintana de Boletín Ecológico también fueron agredidos mientras realizaban transmisiones en vivo para las redes sociales.
Tras un año de la agresión, Hans Lawrence continúa enfrentando las secuelas físicas. Una semana después de haber sido ingresado al hospital, se le diagnosticó un fallo renal producto de los golpes recibidos, sus riñones funcionaban entonces a un 15%, y las mayores lesiones las presentaba en el costado derecho, afectando incluso el pulmón. Tres meses después de la hospitalización, continuaba con dificultades para moverse y no podía consumir cualquier tipo de alimento.
Pese a todo el proceso de recuperación, a la fecha sigue presentando dolor en los riñones, sobre todo el derecho, y aunque poco a poco ha reintegrado alimentos en su dieta, continúa evitando consumir bebidas gaseosas y reconoce que debería eliminar la sal de sus comidas.
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Pero su salud no solo se ha visto afectada a nivel renal, en 2017 se le diagnosticó epilepsia, la cual prácticamente ya había superado, pero por la agresión de 2020 tuvo que retomar el tratamiento pues el neurólogo valoró que el cerebro se había golpeado demasiado con las paredes del cráneo y por ello podía volver a presentar convulsiones en cualquier momento. Desde entonces comparte que ha tenido episodios de convulsiones leves y algunas «crisis de ausencia», como parte de las secuelas de los golpes. Actualmente continúa recibiendo el tratamiento y deberá extenderlo por los próximos dos años.
Ausencia de investigación
Por las agresiones que recibieron ese día los tres periodistas, jamás se abrió una investigación. Ramírez explica que tampoco presentó una denuncia ante la Policía Nacional pues «no servía de nada» ya que «los simpatizantes sandinistas están protegidos por la policía, eso está comprobado, desde 2018 ellos han agredido, han robado, han asaltado y siempre bajo el amparo de la Policía Nacional, entonces a mi no me servía ir a poner una denuncia en contra de un simpatizante que sé que no va ir hacia adelante, no se va abrir un caso ni nada, simplemente va a quedar ahí engavetado o quizás ni me reciben la denuncia». Y agrega que aunque hubiese decidido agotar esa vía, en realidad solo hubiese significado una mayor exposición y un riesgo de ser investigado él, su familia y equipo de trabajo.
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Pero aunque ninguna de las víctimas haya presentado una denuncia formal por lo acontecido ese 3 de marzo, la Policía Nacional estaba obligada de oficio a investigar los hechos. «Tenes un caso un caso de agresión, que está penalizada, un caso de asalto, que también está penalizado (a Hans le fueron robados casi US$2 mil en equipo, sin incluir los posteriores gastos médicos). La ley me dice pues que deben ser penalizadas todas estas personas porque me agredieron» señala el periodista.
Sin embargo, la única acción que pudo tomar posteriormente fue presentar su denuncia ante organismos de derechos humanos como la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Oacnudh). «Pero hasta ahí quedó, nunca hubo un avance ni nada, simplemente quedó registrado y documentado» destaca Hans.
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La periodista Michelle Polanco, miembro del gremio de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), considera que el mensaje que las autoridades nicaragüenses dan al no levantar investigaciones por este tipo de agresiones es «que los fanáticos del gobierno, los miembros del partido de gobierno, tienen total impunidad para agredir a los periodistas independientes cuando estos estén ejerciendo la labor y consideren que estos representan algún tipo de amenaza para ellos, y eso es lo que está transmitiendo, que ellos pueden hacer y deshacer, pueden golpear, ofender, amenazar, sin que la policía o el Estado haga algún tipo de investigación al respecto».
Explica como Hans fue seriamente lesionado y estuvo varios días hospitalizado tras el ataque en la Catedral «y nadie respondió, más que evidentemente las organizaciones y la colaboración de muchas personas para poder darle atención médica necesaria, a él y a los otros compañeros que también sufrieron lesiones en menor grado».
Para Hans, las autoridades «dan a entender como que hay ciudadanos de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, y los periodistas, que de alguna manera hacemos contrapeso a la información oficial, estamos en el tercer nivel, en lo último, y no tenemos prioridad, no tenemos ese acceso a derechos que el Estado debería garantizarnos, no porque somos periodistas sino porque somos nicaragüenses para empezar».
Temor al reportear
El periodista agrega que no siente confianza al reportear, y no solo por la experiencia que vivió en marzo del 2020, sino que además ya habían otros antecedentes en los que fue retenido por la policía. «Reportear con libertad no se puede en este país, yo no me siento seguro de reportear en la calle, tampoco me siento seguro de andar una credencial que me identifique como periodista… yo creo que ningún periodista se siente seguro de ejercer sus labores con un gran contigente de antimotines, o de terceros no identificados que puede ser que estén armados o que te roben tus equipos y nadie supo nada».
Destaca que, por el contrario, la labor que deberían ejercer los agentes policiales es proteger a los periodistas en cobertura, garantizar su protección pues «es parte de su trabajo, yo no tengo ni por qué exigirle a la Policía que respete mis derechos pues ellos están para eso, para garantizarlos. Yo siento que ellos dan a entender que nosotros somos ciudadanos de otro nivel, y no solo la Policía, también en el Poder Judicial, el sistema de salud y demás, que te niegan o te complican algunos trámites o demás servicios».
Para Polanco este tipo de acciones generan temor en el gremio periodístico pero considera que «afortunadamente a pesar de estos sentimientos que son negativos la prensa independiente continúa firme en la decisión de continuar informando desde las calles para las y los nicaragüenses, y no nos van a callar, creo que las acciones también hacen que precisamente tomemos con mucha mas ahínque este compromiso por continuar informando y denunciando las violaciones a nuestros derechos como periodistas y también a los derechos de los y las nicaragüenses».
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