El último informe anual de la Contraloría General de la República (CGR) ha dejado en evidencia la ineficiencia de dicha institución, aseguran expertos. A través de este, se detalla que del monto total del Presupuesto General de la República (PGR) del año 2019, únicamente se auditó un 62%. Es decir, que durante el año quedó pendiente un 38%, que corresponde a 30,741.2 millones de córdobas sin fiscalizar.
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El alarmante vacío de fiscalización ha sido justificado por la institución como una supuesta consecuencia de la crisis sanitaria. En el informe se señala que el monto fiscalizado en el presupuesto del año 2019 tuvo una reducción del 11.36% en comparación al de 2018, pues la pandemia del COVID-19 habría provocado «que algunas entidades del gobierno central y del sector municipal no permitieran el acceso a personal de la CGR a sus instalaciones».
Sin embargo, el planteamiento ha sido rechazado por expertos. El ex contralor, Agustín Jarquín Anaya, sostiene que «esa explicación se contradice con las políticas y las acciones del gobierno», recordando que incluso desde este se fomentaron las aglomeraciones en un afán por minimizar el impacto de la pandemia dentro del país.
La abogada e investigadora, Martha Molina, también cuestiona como «en un primer momento la administración pública del señor (Daniel) Ortega desconoció los efectos mortales de la pandemia, y todas las instituciones públicas estaban en la misma línea, y que ahora ellos vengan a decir que por la pandemia no auditaron es totalmente ilógico a las orientaciones que ellos recibieron por parte del Ejecutivo».
Asimismo, la especialista destaca que la fiscalización de la CGR es realizada a posteriori, es decir que en este momento han fiscalizado el presupuesto de 2019 en el año 2020, para finalmente darlo a conocer hace una semana en este 2021. Por lo que, considerando este señalamiento, la pandemia no debería haber sido mencionada como una afectación ya que se trata de la evaluación de un año anterior a esta.
«Es insólito que los honorables contralores de la República culpen a la pandemia del COVID-19 por la falta de fiscalización en las entidades estatales cuando la realidad es que esos resultados se deben a la ineficiencia e incapacidad que vienen practicando desde años anteriores» señala Molina.
Riesgos por corrupción
De las 252 entidades que conforman el sector público solo 148 fueron fiscalizadas, es decir el 59% de estas; para el ex contralor «analizar esos 252 informes no debiera de ser una situación compleja y complicada» y considera que las autoridades superiores de la Contraloría «debieran de hacerse una revisión de su manera de informar» pues destaca que este pone especial énfasis en «cosas menos relevantes» como el mejoramiento institucional y las relaciones internacionales, y deja de lado auditorías relevantes.
El excontralor Agustín Jarquín Anaya. Foto archivo.
La CGR supone ser el organismo encargado de controlar la administración pública y de fiscalizar los bienes y recursos del Estado. Molina advierte que «cuando una institución pública o municipalidad deja de ser auditada por el órgano competente por mandato constitucional, el resultado directo esperado es el incremento de los niveles de corrupción».
«En 2021 la CGR informó que quedó un monto pendiente para auditar de C$ 30,741.2 millones y lo expresan tal como que se tratara de dejar de fiscalizar cualquier cosa sin importancia, y eso no es así, porque se refiere al dinero público proyectado en el PGR y ese es un tema que nos interesa a todos los ciudadanos» insiste la abogada.
De hecho, desde febrero de 2020 Nicaragua permanece en la lista gris del Grupo de Análisis Financiero Internacional (GAFI), es decir que lo reconoce como un país poco confiable y potencial para el lavado de dinero. Y este año ha sido nuevamente incluido en dicha lista.
Sin excusas
Pero además de que la justificación brindada por la CGR para no fiscalizar el 100% de las finanzas del Estado ha sido descartada por ambos expertos, en caso de que esa hubiese sido la razón real, ambos coinciden en que la institución debería haber estado preparada para tal situación.
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«La Contraloría está obligada a tener y desarrollar mecanismos alternos para ellos ejercer libremente la fiscalización o las auditorías que van a hacer en cada una de las entidades, en años anteriores el comité de expertos del Mesesic (Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción) a ellos les recomendó que tenían que fortalecer la plataforma tecnológica de la CGR para que facilitaran entre otros aspectos las labores que tienen y la detección de prácticas corruptas, y que ahora vengan a decir que por la pandemia no pudieron auditar es insólito» señala Molina.
La abogada e investigadora insiste en que la documentación pudo haber sido enviada a la Contraloría «o hubiera en cada una de las instituciones públicas preparado una sala en donde solo estuvieran los auditores o los contralores que llegaban en este caso a realizar su trabajo, pero no lo hicieron así, y ahora simplemente se vienen a lavar las manos a decir que no auditaron por la sencilla razón que no los dejaron entrar».
Jarquín Anaya coincide en el planteamiento agregando que, la mayoría de entidades no aplican lo establecido en la Ley de Acceso a la información Pública. «Si uno analiza estas 252 entidades que están sujetas a fiscalización de manera permanente, cuales no tienen abierto el portal que están obligados por la Ley o que no están reportando la información que establece la Ley, vemos que son escasas las que tienen su portal abierto y menos las que tienen sus oficinas de acceso al público; en eso la CGR no se hace cargo y esto es fundamental para que las entidades administrativas del Estado sientan que están siendo fiscalizadas».
Nicaragua Investiga
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