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Líderes médicos exigen a Ortega cesar la represión contra el personal de la salud

Actualmente, Nicaragua vive un silencio en torno a la pandemia, pues el Gobierno mantiene amenazados a los médicos para que eviten hablar sobre la COVID-19.

El gobierno de Daniel Ortega despidió a más de 10 especialistas médicos por denunciar la falta de insumos de protección frente a la pandemia.

La Asociación Médica Mundial (AMM) —la primera confederación internacional e independiente de asociaciones profesionales de médicos— envió una carta al Gobierno de Nicaragua para exigir que termine con la represión contra médicos y otros profesionales de la salud, quienes han sido amenazados con la cancelación de licencia por hablar sobre la pandemia en el país.

La AMM se mostró preocupada luego que Daniel Ortega ordenara «medidas de castigos» contra el personal médico por desobedecer la orden del Gobierno para que las personas heridas durante las manifestaciones antigubernamentales no recibieran atención médica, yendo en contra de sus compromisos por salvar vidas.

«Es aún más indignante que esos médicos y otros profesionales de la salud que dedican sus vidas a salvar a otros sean los primeros en recibir amenazas y represión», expresó la misiva.

Minsa amenaza a médicos que informan y alertan sobre el Covid19

Además, la organización calificó como «vergonzosos» todos los informes que confirman los «cientos» de profesionales de la salud que han sido despedidos en Nicaragua, aún en medio de una crisis sanitaria mundial.

“Sabemos que desde el comienzo de la pandemia del COVID-19 en 2020, el Gobierno no ha aplicado medidas de contención y ha ocultado información sobre la propagación del virus. Además, a pesar de la muerte de una cantidad desconocida de profesionales de la salud debido a la enfermedad, el Gobierno todavía no da prioridad al sector de la salud para distribuir vacunas para el COVID-19, como lo recomienda la OMS”, denuncia la AMM.

«Solo podemos condenarla», dice la AMM

Actualmente, Nicaragua vive un silencio en torno a la pandemia, pues el Gobierno mantiene amenazados a los médicos para que eviten hablar sobre la COVID-19, y a quien intente desobedecer la orden podría costarle hasta cuatro años de prisión en conformidad a la Ley de Ciberdelitos, mejor conocida como Ley Mordaza.

Los del sector público que llamaron a la población a protegerse han sido despedidos. A 15 asociaciones médicas en el país que criticaron al Gobierno se les retiró su estatuto jurídico. Una gran cantidad de médicos han salido del país por esto, lo que tiene consecuencias para la fuerza laboral médica de Nicaragua”, agregó la carta.

Pese a las condiciones de represión en el país, muchos nicaragüenses han reportados en sus redes sociales el fallecimiento de algún familiar o amigo cercano por razones asociadas al coronavirus, pues los hospitales públicos tienen orden de no confirmar las causas reales de los decesos. Incluso, los informes escuetos del Ministerio de Salud reconocen solo un muerto semanal atribuido al COVID-19.

La labor de los médicos nicaragüenses tras 18 meses de pandemia

Ante tal realidad del sistema de salud público en el país, la AMM ha dicho que «esta acumulación de evidencia desoladora refleja una gestión de la pandemia vergonzosa y contraria a la ética profesional». Incluso, han reconocido que ante tales circunstancias «sólo podemos condenarla enérgicamente».

El Observatorio Ciudadano —que actualmente funciona para informar a la población sobre los casos y decesos sospechosos por la pandemia ante el secretismo estatal— ha reconocido recientemente que el pasado mes de septiembre fue en el que más reportes hubo de pacientes con sintomatología asociada al COVID-19.

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Nicaragua Investiga
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