El personal de salud del país ha jugado un papel elemental en medio de la pandemia de la COVID-19. Pese a las críticas extendidas hacia las autoridades sanitarias oficiales —quienes han seguido la misma línea gubernamental de promover un falso control de los contagios y mantienen centralizado todo dato referente a la situación epidemiológica—, médicos independientes y demás trabajadores del área de la salud han sumado esfuerzos en los últimos 18 meses para auxiliar a la población.
Alarmante cifra de contagio en solo 22 días: el mes más afectado por COVID-19
Cuando a principios del año 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconocía la existencia de «un riesgo de salud pública de interés internacional» por el nuevo coronavirus, muchos países iniciaron a cerrar sus fronteras o aplicar estrictos protocolos para evitar el ingreso del virus a sus territorios. Sin embargo, en Nicaragua los puestos fronterizos continuaron habilitados y se prestó poca atención a la situación sanitaria externa.
Finalmente, el 18 de marzo de 2020 el Gobierno dio a conocer el primer caso positivo en el país; solo minutos después de que la vicepresidenta Rosario Murillo hiciera el anuncio oficial, varios establecimientos privados como cines y restaurantes decidieron suspender operaciones hasta nuevo aviso. Asimismo, todas las farmacias y supermercados nacionales se vieron desbordados por alarmados compradores en búsqueda de productos de higiene y de primera necesidad.
En medio del pánico, varios galenos iniciaron a brindar entrevistas a los medios y publicar en sus redes sociales información sobre el COVID-19, con el fin de calmar a la población y que esta supiera de qué se trataba esta enfermedad, cómo se transmitía, qué medidas debían tomar en cuenta para evitar la transmisión, entre otros aspectos relevantes. Los médicos ayudaron a disipar muchos mitos y a generar conciencia de la situación.
Cuestionaron falta de atención
Ni el Gobierno ni el Ministerio de Salud (Minsa) hicieron llamados para la suspensión de clases, el cierre de establecimientos o la implementación de algún tipo de cuarentena que evitara la transmisión del virus, los casos continuaron y en cambio se promovieron concentraciones bajo la narrativa de «amor en tiempos de COVID-19«.
La falta de medidas de contención implementadas por las autoridades y las continuas convocatorias a eventos de aglomeración, iniciaron a ser cuestionadas abiertamente por expertos de la salud, quienes catalogaban de «irresponsable» la administración actual.
¿Es posible consumir alcohol después de vacunarse contra la COVID-19?
En pocos meses los números de casos se dispararon según confirmaban las mismas cifras oficiales, pero también se hablaba de un subregistro de casos mucho mayor a los reconocidos por el Minsa. Las asociaciones médicas iniciaron a alertar sobre la necesidad de una cuarentena voluntaria para reducir el impacto de la pandemia, y surgieron iniciativas independientes como el Comité Científico Multidisciplinario y el Observatorio Ciudadano.
Los médicos de hospitales públicos fueron expuestos a la atención de casos de Covid19 sin equipo de protección al inicio de la pandemia, causando que estos fueran víctimas del virus. Muchos de ellos murieron, sin que el Minsa lo reconociera oficialmente.
Los expertos de la salud denunciaban que los casos habían generado colapsos en los centros de atención tanto públicos como privados, y se hablaba de una escasez de oxígeno; asimismo advertían que decenas de trabajadores sanitarios se estaban contagiando y demandaban suficientes equipos de protección para el personal.
Ataque a médicos
Para junio de 2020, las autoridades llevaron a cabo una ola de despidos de médicos que cuestionaban los discursos oficiales y demandaban acciones de contención reales; sus contratos laborales fueron cancelados sin justificación. Los profesionales afectados se dedicaban a informar sobre la pandemia y a cuestionar la gestión del Minsa, así como a criticar que parte de las muertes por coronavirus estaban clasificándose como neumonías atípicas.
Ser médico y hablar sobre la pandemia se convirtió en una profesión de alto riesgo en Nicaragua, y un motivo para ser perseguido y cuestionado por las autoridades estatales.
¿Qué hacer luego de recibir la primera vacuna contra la COVID-19?
Finalmente, en mayo de este 2021 inició una segunda ola de contagios. Se trata del pico más alto de casos desde la llegada de la pandemia, con alarmantes cuadros de hospitalizaciones y muertes en comparación al anterior. En medio de esta nueva ola, la persecución al personal de salud volvió a cobrar auge. En julio, varios médicos fueron citados ante el Complejo Nacional Concepción Palacios, donde fueron amenazados con la Ley de Ciberdelitos por supuestamente difundir «noticias falsas sobre la pandemia».
Pese a los riesgos e incluso la persecución que les ha causado su altruismo, el personal de salud continúa acudiendo diariamente a sus respectivos centros de trabajo a atender pacientes con COVID-19, algunos incluso dedican parte de sus horas libres para atender de forma remota a aquellos que les contactan por redes sociales solicitándoles información de cómo tratarse desde casa. DE hecho, la jornada de vacunación ha sido programada en horas de la madrugada sobre esforzando más al personal sanitario.
El personal de salud se encuentra en la primera línea de esta crisis sanitaria, convirtiéndose en una de las profesiones más vulnerables del país en la actualidad.
Según el Observatorio Ciudadano, al 22 de septiembre se han reportado un total de 199 muertes acumuladas entre personal de salud por sospechas de COVID-19; a pesar de ello, los profesionales de la salud continúan firmes en sus labores y actualmente dedican largas jornadas en medio del proceso de inmunización.
A diario, en diferentes centros del país se organizan filas con más de 18 horas de antelación de personas listas para recibir sus vacunas, y el personal debe coordinar este proceso. Sin embargo, se ha constatado que las jornadas se están ejecutando con peligrosas aglomeraciones, por lo que el Minsa debería reorganizar el plan de vacunación para evitar exponer a la población y al personal que sigue velando por la salud de los nicaragüenses.
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