La población nicaragüense que vive en Costa Rica tiene como tradición regresar a su país a inicios de diciembre de cada año para compartir con sus familias las festividades de nochebuena, Navidad, despedida de año y el recibimiento del año nuevo.
Según reportes de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, entre diciembre de 2017 y enero de 2018, más de 100.000 nicaragüenses viajaron a su país para vacacionar y luego retornar.
Sin embargo, la costumbre cambió a raíz de 2018, cuando estalló la crisis sociopolítica, la cual dejó más de 300 muertos y más de 100.000 exiliados, según un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A la actual situación se sumó la pandemia del coronavirus en marzo del año 2020, la cual obligó a los países centroamericanos a cerrar sus fronteras para frenar la propagación del virus.
El gobierno de Costa Rica cumplió con la recomendación, cerrando sus fronteras e imponiendo una cuarentena de obligatorio cumplimiento. Todo esto empujó a los nicaragüenses a cambiar los planes habituales de viajar a su país natal para participar de las actividades de fin de año.
Adriana López, una migrante nicaragüense de 56 años que reside en Costa Rica desde 1996, relata a la Voz de América que antes de la pandemia iba a Nicaragua “dos o tres veces al año» a visitar a sus padres.
«Ya son personas mayores, pero estos dos años no he podido, primero por el gasto y segundo por la crisis económica que tenemos», afirmó.
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López, quien labora en San José como asistente del hogar, se refiere al aumento en los costos monetarios que implicaría viajar a su país.
Cita, por ejemplo, el costo de la prueba negativa de COVID-19 que tiene un valor de 100 dólares, el costo del transporte que registró un ligero aumento, entre otros gastos. «Se me hacen como 250 dólares y mi salario apenas es de 400 dólares, entonces no me resulta ir”, asegura López.
Pandemia y desempleo
Como otros países países, el Gobierno de Daniel Ortega exige a sus a sus ciudadanos presentar la prueba negativa de COVID-19 cuando deciden retornar.
La medida ha generado críticas, incluso en julio de 2020 más de 300 nicaragüenses estuvieron varados durante varias semanas en Peñas Blancas, zona fronteriza entre Nicaragua y Costa Rica, porque no tenían recursos económicos para pagar dicha prueba.
El tema se solucionó por el apoyo del Gobierno costarricense de Carlos Alvarado, que ofreció pruebas gratuitas y los nicas finalmente lograron retornar a su territorio.
En Centroamérica sólo Nicaragua y Honduras piden a sus ciudadanos la prueba negativa de COVID-19. Dicha medida podría cambiar tras ser detectada la nueva variante ómicron, indican los expertos.
Claudia Vargas, coordinadora de la comunidad nicaragüense de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, en entrevista con la Voz de América criticó la imposición a casi dos años de pandemia.
“Nicaragua no ha quitado el requisito de la prueba COVID-19 y no acepta todavía que las personas únicamente tengan el esquema de vacunación completo, sino que siempre están pidiendo la prueba COVID-19″, dijo.
Vargas, quien se exilió en Costa Rica en 2018, explica que a sus compatriotas que residen en Costa Rica se les dificulta costear las pruebas que exige el Gobierno de Ortega.
“Los nicaragüenses se han topado en medio de la pandemia con la crisis de desempleo. Estamos hablando que Costa Rica tiene un 19% de desempleo, una de las más altas de los últimos años”, dijo.
López coincide con el planteamiento de Vargas, pues afirma que tiene dificultades para enviar remesas para su familia en Nicaragua con su salario devengado que ronda los 400 dólares.
“Aquí también la situación económica está muy difícil: La comida, los alquileres, el sistema de salud. Imaginate ¿Cuántos nicaragüenses estamos en Costa Rica y Estados Unidos? Somos miles y nosotros tenemos derecho a viajar a nuestro país”, reclama.
El principal interés de López al viajar a Nicaragua, no es de vacacionar, sino visitar a sus padres, a quienes no ve desde hace dos años y cuyo temor de no volverlos a ver cada vez es mayor.
“Es muy duro porque cuando me dicen que mis papás están enfermos, uno se espera lo peor, pero a la vez no podés ir”, expresó.
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Organizaciones médicas independientes como la Unidad Gremial por Nicaragua, también cuestionan a la administración de Daniel Ortega, porque consideran que exigir las pruebas negativas de coronavirus es inhumano para los migrantes. Además, refieren que la Constitución Política del país en el Artículo 59, obliga al Estado a garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos, incluido el derecho a la salud.
La doctora Esther Amador, representante de esta organización manifestó a la Voz de América que “es una medida totalmente fuera de lógica y sin justificación más que el interés del régimen. Ni siquiera han sido responsables en el manejo de la pandemia desde el 2020 ni con la vacunación, por lo tanto, no tienen ninguna moral para estar exigiendo pruebas de PCR a la hora del ingreso de las personas que viajan a Nicaragua”.
Hasta viajar de forma irregular ahora es más costoso
Una de las alternativas a las que han recurrido los nicaragüenses para retornar a su país desde Costa Rica, es recorrer largos caminos por los llamados “puntos ciegos”. Pero la activista Vargas explica que incluso, “viajar de manera irregular, es difícil porque el costo del ‘coyotaje’ ha subido muchísimo en estos últimos meses”.
Por esa razón insiste en que las autoridades gubernamentales de Nicaragua deben garantizar las condiciones básicas para que sus ciudadanos retornen de forma segura. “Son 107.000 nicaragüenses que han solicitado refugio en Costa Rica en los últimos 3 años, según las autoridades migratorias de Costa Rica”, resalta Vargas.
Remesas representan el 14% del PIB de Nicaragua
Organizaciones de la sociedad civil calculan que hay más de 1 millón de migrantes nicaragüenses en el mundo y representan aproximadamente el 20% de los más de 6 millones de habitantes del país. En consecuencia, son emisores de remesas, las cuales constituyen más el 14% del Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua.
“Hay un beneficio bastante importante para el Gobierno de parte de los nicaragüenses que aportan con remesas, porque eso ayuda a la economía del país y las economías domésticas”, destaca Vargas.
Mientras tanto la migrante Adriana López tiene la esperanza de que la administración de Daniel Ortega flexibilice la medida a los migrantes para emprender su viaje a Nicaragua. “Que por lo menos a las personas que estamos vacunadas no nos hagan las pruebas de COVID-19 y queremos que sean flexible al menos con eso”, suplicó López.
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