Persecución contra de la iglesia en Nicaragua es “brutal”

Varios de los presentes en la audiencia pidieron a la administración de Biden más dureza contra la dictadura, cortarle fuentes de financiamiento, presionar a favor de los presos políticos y declarar ilegítimo al gobierno de Ortega.

En una audiencia de la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, llevada a cabo este martes 15 de noviembre, el régimen Ortega-Murillo fue calificado como un “brutal” perseguidor de la Iglesia católica de Nicaragua.

Varios de los presentes en la audiencia pidieron a la administración de Joe Biden más dureza contra la dictadura sandinista, cortarle las fuentes de financiamiento, presionar más a favor de los presos políticos y declarar ilegítimo al gobierno de Daniel Ortega.

Además, solicitaron más sanciones económicas, pero detallaron que estas deben ser impuestas de manera estratégica y no aisladas. Así mismo, pidieron se revise el Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Centroamérica, del que Nicaragua es parte. Agregado a ello, pidieron a la administración de Biden impulsar y apoyar una investigación en la Corte Penal Internacional contra el régimen Ortega.

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Régimen de Ortega no rinde cuentas

Otro de los puntos que hizo eco en la audiencia, es el hecho que la dictadura de Daniel Ortega no rinde cuentas transparentes del uso de los fondos que son entregados por organismos financieros en concepto de donaciones o préstamos, por lo que pidieron se garantice que estas instituciones internacionales rindan cuentas por los desembolsos que otorgan y que a su vez exijan mayor transparencia a los gobiernos receptores.

También pidieron apoyo para la diáspora nicaragüense como actor cívico y pacífico para cambios en Nicaragua y que se cabildee por la plena implementación de la Ley Renacer.

Llamado al Papa Francisco

Ryan Berg, director del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), animó al papa Francisco a que eleve con fuerza la voz a favor de la iglesia católica nicaragüense, pues durante todos estos meses en los que se han agudizado los ataques en contra de sus miembros, el máximo jerarca de esa institución religiosa ha sido poco beligerante en sus pronunciamientos.

En tanto, Irela Guevara, directora de programa de Outreach Aid to the Americas (OAA), quien se encuentra en el exilio desde el 2018, expuso que en Nicaragua los líderes religiosos son perseguidos por denunciar las violaciones a los derechos humanos perpetrados por la dictadura, y resaltó que en la actualidad hay más de 10 sacerdotes encarcelados, incluido el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez.

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Contabilizan 190 ataques a la iglesia

Desde las protestas de abril de 2018, el régimen de Daniel Ortega ha cometido unos 190 ataques contra la Iglesia católica y unos 60 religiosos han sido obligados a exiliarse y a otro número de sacerdotes les han confiscado sus pasaportes, los expulsan o simplemente no los dejan entrar a su propio país, tal como pasó con el exrector de la Universidad Centroamericana, padre José Alberto Idiáquez Guevara y con el sacerdote Guillermo Blandón, de Boaco.

En la audiencia también se hizo referencia a las ocho radioemisoras y a un periódico administrados por la Iglesia que fueron cancelados por el régimen, así como varias organizaciones ilegalizadas, como por ejemplo las Misioneras de la Caridad.

Agregado a ello, señalaron que a través de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (Siboif), el régimen vigila las finanzas de todas las parroquias del país.

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Christopher Ljungquist, consejero para América Latina de la Oficina de Justicia y Paz Internacional de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, declaró que la persecución contra la iglesia es “brutal” y que no se debe a razones políticas, como Ortega y Murillo tratan de establecer en sus discursos, en los que llama “malvados” e “hijos del diablo” a los sacerdotes.

“El argumento de que los obispos nicaragüenses han actuado como políticos, y ahora están enfrentando las consecuencias, es falaz”, expresó Ljungquist.

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