La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), rechazó las sentencias de culpabilidad impuestas por la justicia nicaragüense contra dos ciudadanas franco-nicaragüenses, el esposo de una de ellas y un sacerdote católico.
“Las inéditas y graves condenas de ayer y hoy contra 1 sacerdote y 3 familiares de un disidente, por menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, violan el debido proceso”, reprochó OACNUDH en su cuenta de Twitter.
Las sentencias también “confirman que la persecución (del régimen sandinista contra las voces críticas) en Nicaragua no tiene límites”, prosiguió OACNUDH.
Régimen declara «culpables» a ciudadanas franco-nicaragüenses
Los Casos
OACNUDH se expresó así en contra de la declaración de culpabilidad dictada este miércoles por el juez sandinista, Félix Ernesto Salmerón, contra de las ciudadanas franco-nicaragüenses, Jeannine Horvilleur Cuadra y Ana Carolina Álvarez Horvilleur, por supuestos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas.
El judicial sandinista también condenó por los mismos delitos al nicaragüense Félix Roiz Sotomayor, quien es esposo de Ana Carolina Álvarez Horvilleur.
Horvilleur Cuadra y Álvarez Horvilleur, son esposa e hija, respectivamente, del opositor exiliado Javier Alberto Álvarez Zamora, de 68 años.
Dictadura de Daniel Ortega declara culpable al sacerdote Óscar Benavides
La fiscalía también al servicio del régimen pidió penas de 8 años de cárcel en contra de Horvilleur Cuadra y Álvarez Horvilleur, mientras que para Roiz Sotomoyor, solicitó 10 años de prisión.
Fallo contra sacerdote
La dictadura de Daniel Ortega, mediante el poder judicial, también declaró culpable el pasado lunes al sacerdote Óscar Benavidez, por los supuestos delitos de «noticias falsas y menoscabo a la integridad nacional».
Régimen afina su maquinaria con lista de «testigos» contra monseñor Álvarez
Cárceles atestadas de presos políticos
El régimen de Daniel Ortega mantiene en la cárcel a más de 230 presos políticos con procesos judiciales infundados, de acuerdo a denuncias de sus familiares y organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos.
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