Una vez pisando tierra en Estados Unidos, para la gran mayoría de los exreos políticos de Nicaragua que fueron desterrados la mañana de este jueves, volver a empezar una nueva vida no será una tarea fácil lejos de sus seres queridos, sino un proceso igualmente doloroso.
Este drama se acrecienta por el hecho de que muchas de las madres de estos opositores no pueden viajar por ser personas de muy avanzada edad o por sus críticas condiciones de salud, como la mamá del periodista Miguel Mendoza, una señora de 91 años; la expresidenta Violeta Barrios, de 93 años, quien está postrada y tiene a sus hijos en el exilio; o como el caso de doña Pinita Gurdián, madre de Ana Margarita Vigil y abuela de Tamara Dávila. Doña Pinita tiene cáncer y en el 2021 la dictadura no le permitió salir de Nicaragua para tratarse la enfermedad.
“El objetivo del régimen orteguista ha sido deshumanizar a las personas y sigue provocando la separación familiar. Recordemos también que muchos de ellos perdieron algún familiar mientras estuvieron en cautiverio, como Max Jerez, Medardo Mairena, José Adán Aguerri, por lo que esto es un acto condenable que atenta contra el trato humano hacia los nicaragüenses”, expresó Yader Valdivia, miembro del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.
Lamentó que en Nicaragua el régimen haya puesto tres opciones para los que no están de acuerdo con sus políticas corruptas y violatorias, que son la cárcel, el exilio o la muerte, por lo que calcula que desde 2018 más de medio millón de familias han sido separadas por la dictadura en este país centroamericano.
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Ante este destierro, hay dos situaciones muy reprochables, considera la activista de derechos humanos Yonarqui Martínez: despojar arbitrariamente de la nacionalidad a los exreos de conciencia y la otra «es violentar los derechos del niño y la niña, así como a los demás familiares».
«La mamá de Miguel Mendoza es una mujer de edad avanzada y no podrá viajar para abrazar a su hijo porque le han quitado ese derecho. Por lo que es una medida dolorosa y violatoria para los desterrados”, añadió la abogada.
Enfatizó que el destierro es una figura que se utiliza en Latinoamérica principalmente en Cuba, aunque en Nicaragua se estaba aplicando de manera de hecho, y aunque hayan reformado el articulo 21 de la Constitución Política de Nicaragua, no significa que esto sea legal porque es inconstitucional.
“Recordemos que Nicaragua es parte de convenios y tratados internacionales en los cuales no se aprueba el destierro, pero con esta medida están violentando un derecho fundamental como lo establecen los artículos 9 y 15 de la Convención donde se establece que todo ser humano tiene derecho a una nacionalidad y que nadie le puede quitar su nacionalidad de forma arbitraria e ilegal como lo han hecho”, puntualizó Martínez.
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