Como ya lo habían expresado defensores de derechos humanos y el mismo Ortega, el régimen ha emprendido una serie de represalias contra monseñor Rolando Álvarez por no haber aceptado el destierro.
Fuentes de la iglesia católica consultadas bajo anonimato por el medio de comunicación Despacho 505, confirmaron que el obispo de Matagalpa se encuentra recluido en el sistema penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa, mejor conocido como La Modelo.
“Personas del penitenciario han dicho que fue llevado ahí, pero que está recluido en la 300, aislado”, reveló una de las fuentes consultadas, quien agregó que el aislamiento de Álvarez es porque el régimen no quiere que tenga contacto con ningún otro preso político, de los que sabemos son más de 30, que no aparecían en la lista de los desterrados.
Álvarez sufre un patrón de “censura y de venganza”
Para el abogado Danny Ramírez-Ayérdiz, Secretario ejecutivo de Centro de Asistencia Legal lnteramericano en Derechos Humanos (CALIDH), la resistencia del obispo de Matagalpa contradice la intención del régimen de Ortega de querer deshacerse de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos y que a consecuencia de la decisión de no ser expulsado del país “él (Rolando Álvarez) está sufriendo el patrón de censura y de venganza”.
Incertidumbre invade a militancia sandinista y trabajadores estatales
“Monseñor está recibiendo esa supuesta venganza que no está prevista en la Ley… Todo lo que está haciendo el gobierno en relación a los 222 desterrados políticos, como con monseñor y otras personas, como los otros 35 que no se sabe dónde están si en El Chipote o en La Modelo, lo que se evidencia es la erosión definitiva del estado de derecho y de una aplicación arbitraria y antojadiza de las leyes”, expone Ramírez-Ayérdiz.
Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, explica que el hecho de que monseñor Álvarez no haya aceptado el destierro hizo que el régimen de Ortega le “intensificara el encierro”.
Régimen descarga su “odio” contra Rolando Álvarez
“La misma noche del día del destierro Ortega acompañado por su esposa le dedicó bastante tiempo de su perorata al obispo Álvarez. Le dedicó descargando rencor, descargando odio, veneno y asumiendo como una confrontación e intensidad de la represión”, explica Carrión.
La intensidad represiva del régimen contra Rolando Álvarez se vio expresada al día siguiente de no haber aceptado el destierro, con la lectura de sentencia donde se señala al obispo de “traidor a la patria”. Según Gonzalo Carrión, “le pasaron la cuenta por partida doble” al aplicarle una pena de 26 años y cuatro meses, el doble del promedio máximo que se le había dictado a otros presos políticos. Esto con el sentido de hacerlo sentir “el mensaje de terror», para presionar más y hacer escarmentar a miembros de la iglesia católica.
Tanto Gonzalo Carrión como Danny Ramírez-Ayérdiz coinciden en que el obispo Rolando Álvarez está sufriendo de tratos crueles de parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Este argumento del despojo de la nacionalidad de monseñor Álvarez puede estar justificando a los agentes del gobierno para infringir sobre él todo tipo de tratos crueles, inhumanos y degradantes y no me asustaría que tambien la tortura”, expone el secretario ejecutivo de CALIDH.
Álvarez en “situación de alto riesgo”
Gonzalo Carrión expresa que “el obispo está en una situación de alto riesgo” sobre todo porque no se sabe con transparencia dónde lo tienen recluido.
“Como él es un obispo, un sacerdote católico no sé si tiene la biblia para que él ore, es propio de un católico que tenga la biblia en sus manos… si le permiten hacer sus reflexiones, sus oraciones en el marco de la libertad religiosa… con la saña con la que se refirieron a él uno debe presumir que lo tienen castigado”, apunta Carrión.
En la condición que se encuentra el obispo Rolando Álvarez y los otros 35 presos políticos que no fueron desterrados, el abogado Danny Ramírez-Ayérdiz detalla que les han violado “todos los derechos fundamentales” como la libertad en general, libertad de expresión, asociación, la nacionalidad y muchos otros más.
Ramírez-Ayérdiz agrega que la violación a los 30 derechos fundamentales establecidos en los convenios internacionales a los presos políticos de Nicaragua “es un delito de lesa humanidad. La limitación o el quebranto de estos derechos fundamentales contra monseñor Álvarez y contra las personas que todavía quedan encerradas se traduce en que el Estado sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad”, expone.
Defensores sin acceso a verificar condiciones de presos
A manera de comparación, Gonzalo Carrión quien lleva más de 30 años como defensor de derechos humanos, explica que en los 16 años que “los verdugos” (régimen de Ortega) denominaban la “pesadilla neoliberal” (los gobiernos de Violeta Barrios, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños), él y otros defensores siempre tuvieron acceso a los sistemas penitenciarios, incluso al antiguo Chipote, la Dirección de Auxilio Judicial que fue usada en sus tiempos para recluir a sandinistas, quienes fueron apresados durante protestas y no era por lazar «avioncitos de papel, no tiraban flores y paralizaban el país”.
Hoy el régimen cuenta con nuevas instalaciones a las que se ha llamado “El Nuevo Chipote” y ha prohibido rotundamente, desde hace varios años, el ingreso de los organismos de derechos humanos a dichas celdas y a los distintos sistemas penitenciarios del país. Razón por la que es imposible verificar las condiciones en las que se encuentran los reos comunes y especialmente los presos políticos.
“Ojalá que así como el domingo habló el Papa, ojalá que los obispos no solo lo visiten, se preocupen por él (Rolando Álvarez) e informen a la nación y al mundo como está el obispo, que lo informen abiertamente; si es un ser humano, es su colega, su par, un obispo, sacerdote; la iglesia debe volver por él”, concluye Gonzalo Carrión.
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