La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo firmó el jueves en Moscú un memorándum de entendimiento con Rusia sobre seguridad informática.
Según el régimen, el objetivo de detectar, prevenir y eliminar las consecuencias de ataques informáticos, así como la respuesta a incidentes informáticos”.
A través de una nota de prensa, detalló que el convenio se acordó entre el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) y el Centro Nacional de Coordinación de Incidentes Informáticos de la Federación de Rusia. Por Nicaragua, firmó la sancionada directora general de Telcor, Nahima Díaz—hija de Francisco Díaz, director del Policía y consuegro de los Ortega—, mientras que por Rusia, Oleg Skryabin, director del Centro Nacional de Coordinación de Incidentes Informáticos.
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En la firma del documento también estuvo presente Laureano Ortega, hijo de la pareja dictatorial, que en los últimos años se ha desempeñado como “canciller de facto” y ha desplazado al canciller Denis Moncada de sus funciones al frente de la diplomacia del país.
Desde el pasado lunes, una delegación nicaragüense encabezada por el hijo de Ortega se encuentra en Rusia participando en la XI Reunión de Altos Representantes Encargados para los Asuntos de Seguridad. Laureano ha aprovechado su participación en el evento para criticar a Estados Unidos y las sanciones impuestas por occidente.
Luego del inicio de la crisis de 2018, Nicaragua ha consolidado su alianza política con Rusia, sin embargo, esta no se materializa en más apoyo económico, ya que Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial.
Por otro lado, el régimen de Daniel Ortega ha copiado varias estrategias represivas de Rusia, como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, normativa con la cual la dictadura ha clausurado más 3 mil ONG, así mismo la Ley de ciberdelitos, legislación que obliga a las empresas proveedoras de servicios a mantener un registro sobre información privada de los usuarios.
En 2021, el régimen ya había firmado con Rusia un “convenio de seguridad de la información”, que según especialistas podría ser usado como arma para perseguir opositores.
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En marzo de este año, un informe del gobierno de Estados Unidos reveló que el régimen de Ortega “supervisó las comunicaciones privadas en línea sin la autoridad legal adecuada y, en algunos casos, restringió o interrumpió el acceso a internet o censuró el contenido en línea” a varios nicaragüenses, medios de comunicación y organizaciones.
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