Este próximo 12 de septiembre la Policía, al servicio del régimen de Daniel Ortega, realizará su desfile anual con el amenazante lema de “Con la paz no se juega”, para celebrar el 44 aniversario de su fundación.
Un día antes del desfile se llevará a cabo el acto central, encabezado por Daniel Ortega.
La Policía está señalada de ser el principal órgano represivo con el que cuenta la dictadura de Nicaragua. Los miembros de la institución se declaran abiertamente «sandinistas».
En su informe anual, recientemente el primer comisionado Francisco Díaz, director de la Policía, reafirmó la lealtad de la institución a los Ortega Murillo. “Lo primordial es dejar claro que los logros y avances en materia de seguridad pertenecen a nuestro buen Gobierno, dirigido sabiamente por nuestro comandante Daniel Ortega y nuestra compañera Rosario Murillo”, indicó Díaz, quien es consuegro de los dictadores.
Policías bajo amenaza de cárcel si desertan
La Policía cumple 44 años de su fundación en medio de un temor incluso en sus propias filas. A inicios de julio del 2023 la Asamblea Nacional aprobó una reforma al artículo 97 de la Constitución Política, con el fin de despojar a la institución de su caracter «civil».
La Asamblea también reformó la Ley de Organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional, Ley 872, recetando hasta tres años de cárcel a policías desertores.
Igualmente ha habido casos de jefes policiales que han sido removidos de sus cargos y algunos incluso han ido a parar a la cárcel el Chipote. Uno de estos fue el comisionado general Adolfo Joel Marenco, subdirector y jefe de inteligencia nacional. En noviembre de 2022, Daniel Ortega lo mandó a retiro, pero fuentes extraoficiales filtraron a medios de comunicación que el excomisionado general fue apresado y llevado al Chipote. Se desconocen a ciencia cierta las razones de su caída en desgracia.
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Entre los comisionados generales que fueron removidos y destituidos en silencio en los últimos meses está Juan Valle Valle y Sergio Gutiérrez, este último dirigió el operativo que en agosto de 2022 llevó a la cárcel a monseñor Rolando Álvarez Lagos, Obispo de la Diócesis de Matagalpa.
Institución y jefes sancionados
Desde el año 2018, cuando estallaron las protestas antigubernamentales que según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejaron a 355 personas asesinadas, los opositores nicaragüenses acusaron a la Policía de reprimir con violencia a los manifestantes.
En julio del 2018, en plena ola represiva en Nicaragua, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al primer comisionado Francisco Díaz Madriz.
En noviembre del 2019, impuso sanciones al comisionado general Ramón Avellán, Subdirector de la Institución, y lo acusó de ser responsable de más de 100 asesinatos. Avellán es señalado de ser uno de los principales ejecutores de la «Operación Limpieza» del 2018.
En marzo del año 2020, Estados Unidos impuso sanciones a la Policía Nacional como institución y a varios altos mandos, por considerarlos responsables de violar los derechos humanos de los nicaragüenses. Los sancionados fueron Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) que controlaba la cárcel El Chipote; a Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), y al comisionado mayor Juan Alberto Valle Valle, entonces jefe de la Dirección Brigada de Tránsito Managua.
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