Sus ansias de poder absoluto y el temor de perderlo, ha hecho que el dictador Daniel Ortega tome medidas cada vez más restrictivas contra los trabajadores del Estado.
Ya no solo es el vigilarlos, obligarlos a participar en celebraciones partidarias e impedirles salir del país, arrebatándoles sus pasaportes. En este 2023 puso sus ojos sobre los agentes de la Policía, los trabajadores del Poder Judicial y en las liquidaciones de los trabajadores de todas las instituciones.
1- Cárcel a policías
En una sesión plenaria en la que participaron los 91 diputados de la Asamblea Nacional, en su mayoría sandinistas, se aprobó de manera unánime, el 5 de julio de este 2023, una reforma al artículo 97 de la Constitución Política de la República y la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional (N°. 872), con el objetivo de garantizar la cárcel a los agentes que renuncien a la institución policial.
En la reforma a la Constitución Política se establece que la Policía Nacional pasa a ser un cuerpo armado “subordinado al Presidente de la República”, es decir, a Ortega. A criterio de analistas, las reformas eliminaron el carácter «profesional, apolítico, apartidista, obediente y no deliberante» de la institución, además su idea de ser un cuerpo «armado de naturaleza civil».
Pero lo que pasó a afectar directamente a los uniformados fueron las reformas a los artículos 1, 64 y 65, así como la adición de tres más a la Ley N°. 872.
Según el primer artículo agregado referente a faltas cometidas por el personal de la Policía, “le serán aplicados los delitos contemplados en esta Ley, sin perjuicio de los establecidos en la Ley N°. 641, Código Penal”.
El segundo agregado establece que si el personal policial desobedece las órdenes superiores, “será sancionado con una pena de seis meses a dos años de prisión” y en caso que deserten de la Policía, “será sancionado con una pena de dos a tres años de prisión”, esto último según lo dispuesto por un tercer artículo agregado a la Ley 872.
En ese momento la socióloga e investigadora Elvira Cuadra, directora del Centro Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), manifestó que esto hace que la institución “sea proclive a las disposiciones que emanan directamente de la Presidencia (de la República) sin ningún tipo de principio ni doctrina que puedan frenar las disposiciones centralizadas desde el Ejecutivo”.
2- Purgas en el Poder Judicial
Si hay una institución en la que los trabajadores del Estado fueron los más perjudicados este 2023, esa es el Poder Judicial, durante todo el año se conoció de purgas, que iban de encarcelamiento de funcionarios, destierros, renuncias forzadas, despidos, desalojos de oficinas y hasta el recorte presupuestario.
Si bien, en el 2022 se había purgado y encarcelado a Roberto Larios, eterno vocero de ese poder del Estado, eso solo era un ejemplo de que llegaría en el 2023.
Las purgas en el Poder Judicial, principalmente en la Corte Suprema de Justicia, continuaron y cada vez se acercaron a la que hasta entonces había sido intocable y protegida de Daniel Ortega, Alba Luz Ramos, presidenta de esa institución. Así cayó Berman Martínez Martínez del cargo de secretario de organizaciones del partido Frente Sandinista en la CSJ y otros altos cargos.
Pero el terremoto que estremeció al Poder Judicial fue el desalojo de su oficina, entre “ultrajes”, a Alba Luz Ramos, de parte del operador del régimen Horacio Rocha, que funge como asesor presidencial con rango de ministro.
Este golpe habría estado orquestado por órdenes de la misma vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, quien según fuentes de ese poder del Estado “odia” a Ramos.
Detrás de la presidenta de la CSJ siguió el desalojo de la magistrada Yadira Centeno, ambas eternas militantes sandinistas; además de jueces y centenares de trabajadores del Poder Judicial en todo el país, a quienes no los dejaron ni ingresar a sus oficinas o fueron «visitados» en sus casas donde les arrebataron sus celulares personales y los despidieron sin liquidación ni el último pago.
3- Recortes en liquidación si renuncian
Mientras el régimen Ortega-Murillo mantiene megasalarios, jugosos contratos y prebendas a sus allegados, a los trabajadores del Estado de más bajo rango les trata diferente. El 23 de noviembre modificó el cálculo de indemnización a quienes renuncien, es decir, les va a pagar mucho menos que antes, lo que a criterio de analistas y expertos es “un robo”.
La nueva “Ley para el cálculo de indemnización por antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado” pasa por encima del Código del Trabajo y hasta de la misma Constitución, pues de acuerdo a expertos viola los derechos que los trabajadores ya habían alcanzado en su lucha de años.
Para poner en perspectiva, el artículo 45 del Código del Trabajo de Nicaragua establece que los trabajadores tienen derecho a “un mes de salario por cada uno de los primeros tres años de trabajo; veinte días de salario por cada año de trabajo a partir del cuarto año. En ningún caso la indemnización será menor de un mes ni mayor de cinco meses”.
Con la nueva ley, quienes renuncien solo tendrán derecho a indemnización por antigüedad a partir de los tres años de servicio. Si estos trabajaron entre 3 y 10 años tendrán derecho a un mes de salario; si trabajaron de 10 a 15 años, 2 meses de salario; si lo hicieron de 15 a 20 años, 3 meses de salario; y si trabajaron 20 años o más, recibirán los 5 salarios.
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Y aunque la ley de cálculo de indemnización establece que «las indemnizaciones por antigüedad reguladas en la presente ley son sin perjuicio de los derechos establecidos en las convenciones colectivas que correspondan», los trabajadores del Estado tienen miedo que el régimen use la ley como represalia a quienes renuncien y los tasen con el nuevo cálculo y no bajo los convenios previamente establecidos.
«Si un funcionario público tiene 6 años de laborar y gana 10 mil córdobas al mes, con el cálculo anterior este trabajador tenía derecho a una liquidación de 50 mil córdobas. Sin embargo con la reforma (de Ortega), solo pasaría a ser liquidado con 10 mil córdobas», explicó a Nicaragua Investiga el economista Juan Sebastián Chamorro.
4- Afectación en el mantenimiento de valor en los salarios
Además de todos estos atropellos a los trabajadores del Estados, el régimen ha ido eliminando poco a poco el beneficio de la cláusula de mantenimiento de valor en los salarios, derivada de la tasa de deslizamiento del córdoba respecto al dólar, ya que este 2023 se mantuvo en uno por ciento y a partir de 2024 desaparecerá totalmente al pasar al cero por ciento.
Por si fuera poco, los trabajadores deben enfrentarse a un alto costo de vida en el que la canasta básica ya supera a los 19 mil córdobas y no deja de subir, según han explicado analistas.
Nicaragua Investiga
