En la tercera Sesión Ordinaria de la XXXIX Legislatura de la Asamblea Nacional los diputados aprobaron reformar el artículo 97 de la Constitución Política cuyo objetivo es apresar a aquellos policías desertores de la institución represora.
Las reformas fueron aprobadas unánimemente con 91 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, sin objeción alguna de los diputados y mucho menos de los minoritarios que conforman otras bancadas que se dicen llamar opositoras.
El artículo 97, ya reformado establece que: «la Policía Nacional es un cuerpo armado, subordinado al Presidente de la República (…) La Policía Nacional depende de la autoridad ejercida por el Presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo y en estricto apego a la Constitución Política a la que guardará respeto y obediencia (…)», lo que elimina la poca independencia que la institución tenía.
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Hasta 3 años de prisión para desertores
Otra de las leyes que también fue reformada es la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional (N°. 872), a esta se le reforman los artículos 1, 64 y 65 y se le adicionan tres artículos más.
Según el primer artículo agregado referente a delitos cometidos por el personal de la Policía, “le serán aplicado los delitos contemplados en esta Ley, sin perjuicio de los establecidos en la Ley N°. 641, Código Penal”.
El segundo agregado establece que si el personal policial desobedece las órdenes superiores, “será sancionado con una pena de seis meses a dos años de prisión” y en caso que deserten de la Policía, “será sancionado con una pena de dos a tres años de prisión”, esto último según lo dispuesto por un tercer artículo agregado a la Ley 872.
Las voces críticas
Varias voces han criticado estas nuevas reformas a la Carta Magna y a la Ley 872, una de ellas es la investigadora Elvira Cuadra, directora del Centro Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) y extrabajadora de la Policía Nacional, quien manifestó que estas iniciativas de reformas a la Policía se enmarcan en «la institucionalización del Estado policial».
«Hace que la Policía sea proclive a las disposiciones que emanan directamente de la Presidencia (de la República) sin ningún tipo de principio ni doctrina que puedan frenar las disposiciones centralizadas desde el Ejecutivo», señaló Cuadra a Nicaragua Investiga.
Gustavo Porras responde a críticas
Ante las críticas el diputado oficialista y presidente del Parlamento Nacional, Gustavo Porras refirió que son “alharacas” y que “quizá lo más importante” es que la institución policial preserve “la vida de sus ciudadanos sus bienes y los bienes de las instituciones y los bienes sociales”, esto muy al contrario de los señalamientos de crímenes de lesa humanidad que han realizado organizaciones de derechos humanos hacia la Policía de Nicaragua.
“Ya hemos oído y probablemente se va a oír una alharaca de que se le quitó la naturaleza civil, de que se le quitó lo que es apartidista, lo que es apolítico, lo que es no beligerante, como que si esas cosa son las que determinan el actuar. Aquí lo más importante es que estamos reafirmando una Policía que, además de cuidar, de preservar el orden interno, también preserve el orden social”, señaló Porras ante el plenario.
Según el diputado oficialista “la Policía tiene que tener la fuerza suficiente (…) para proteger los bienes del Estado y por consiguiente para proteger los bienes particulares de los nicaragüenses”.
Sobre esto último, al cuerpo policial se le ha visto allanar propiedades privadas sin una orden judicial, uno de los ejemplos más recientes fue el de las propiedades del empresario nicaragüense Piero Coen, lo que deja en entredicho las palabras de Porras de la supuesta protección a los bienes de los nicaragüenses.
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