Las recientes arremetidas del régimen contra los exiliados Douglas Gamaliel Pérez Centeno y el profesor Gabriel Putoy, hace que los opositores nicaragüenses cuestionen el actuar del gobierno de Rodrigo Chaves en Costa Rica y a otros países miembros de la comunidad internacional.
A Pérez Centeno el gobierno de Costa Rica lo extraditó a Nicaragua en base a una orden de captura internacional, y en el caso del profesor Putoy, quedó en el desempleo y fue impedido de abrir y mantener cuentas bancarias en Costa Rica porque también tiene una orden de captura internacional en su contra, generada por la justicia al servicio del régimen Ortega-Murillo.
El que Costa Rica esté colaborando con el régimen de Ortega en extraditar a personas perseguidas políticas “evidencia una situación de desprotección” que tiene los exiliados nicaragüenses que están en distintas naciones, pero principalmente en tierras costarricenses, señala la opositora y defensora de derechos humanos Haydee Castillo.
Nicaragüenses exiliados en Costa Rica están en indefensión ante acciones del régimen sandinista
“Hay una falta de correspondencia de la comunidad internacional con la situación política y la crisis de derechos humanos que se vive en Nicaragua. Esto evidencia de que no hay un reconocimiento pleno a pesar de tantas resoluciones, condenas al régimen de Nicaragua, hay como un doble discurso, un doble rasero en algunos países miembros de la comunidad internacional que por un lado se dice una cosa y por el otro se hace otra”, expone Castillo.
Chaves ha “cedido bastante” con Ortega
Otro de los que cuestiona el actuar del gobierno costarricense es el exdiplomático nicaragüense y analista político José Dávila Membreño, quien lamenta que Rodrigo Chaves haya “cedido bastante” y “puesto mucho oído a Ortega”, aún conociendo que dirige un régimen represor en Nicaragua.
“Ortega reorganizó el Ministerio del Interior, eso significa de que ahora va a actuar más fuera del país y podría buscar como desarticular o al menos controlar la oposición en el exilio”, explica el exdiplomático.
Sostiene que hay gente infiltrada que llega a cometer acciones y “atentados” a Costa Rica, ejemplifica con el caso del nicaragüense Joao Maldonado y su esposa, quienes a inicios de enero fueron interceptados en Costa Rica por dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes los hirieron de varios disparos, pero afortunadamente se encuentran con vida y en recuperación. Maldonado ha sufrido dos situaciones como estas en el vecino del sur.
“Un régimen que quiere actuar en Costa Rica y ha tratado de ganar influencia con el gobierno actual y ese es una de las dos corrientes que confluyen, la otra es que el gobierno de Costa Rica ha perdido un poco de visión en cuanto a la protección de los exiliados, en los compromisos internacionales que hay sobre los refugiados que Costa Rica ha suscrito”, expone Dávila Membreño.
Situación es preocupante
Tanto para Castillo como para Dávila Membreño, la situación de los nicaragüenses en el exilio es preocupante, pues en el caso de Costa Rica, que es un país firmante de los acuerdos universales de derechos humanos, no les está brindando la protección debida y los está expulsando a un país en el que no se respetan los procedimientos judiciales.
“En Nicaragua, como no existe Ley, no hay Constitución, no hay procedimientos que se respeten, hay un Poder Judicial totalmente subordinado a la familia dictatorial, estamos en una situación en la que no hay manera de un juicio justo donde si alguien cometió un delito pueda ser procesado de una manera transparente como lo manda la declaración universal de derechos humanos”, agrega Haydee Castillo.
José Dávila destaca que la situación en territorio costarricense se ha vuelto cada vez más complicada para los nicaragüenses, porque el gobierno de Chaves “ha endurecido la política migratoria y ha puesto atenazado al exilio nicaragüense entre las iniciativas del régimen y ciertas negligencias del gobierno de Costa Rica”.
Ante este panorama, Haydee Castillo pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU que se pronuncie respecto a la situación de los nicaragüenses exiliados en Costa Rica y que se abra un diálogo “constructivo a alto nivel” con la comunidad internacional.
“La misma declaración universal de los derechos humanos plantea que todo ser humano que ve en peligro su seguridad y su vida tiene derecho a protección, y todos estos cuestionamientos y manera de actuar pone en tela de duda el compromiso real de estos países con los derechos humanos”, agrega la defensora de derechos humanos.
