La extradición del nicaragüense Douglas Gamaliel Pérez Centeno por parte del gobierno de Costa Rica el viernes 16 de febrero de este 2024, ha generado diversas reacciones. El opositor fue entregado a las autoridades policiales del régimen Ortega-Murillo, el cual lo acusa de cometer un sangriento asalto en Río San Juan en el 2022.
Los activistas opositores expresan que es «un asunto de gran preocupación que genera un precedente alarmante”, tal como lo indicó en su cuenta de X el politólogo y desterrado por la dictadura, Félix Maradiaga.
“Sabemos que el poder ejecutivo de Costa Rica ha explicado que esta fue una decisión judicial, tomada a pesar de la insistencia de sus abogados y de diferentes organizaciones y personas. No obstante, es fundamental seguir insistiendo en todo momento en que todo proceso judicial en Nicaragua carece de las debidas garantías y de toda credibilidad”, escribió Maradiaga.
El politólogo critica el comunicado de la presidencia costarricense en el que el mandarario Rodrigo Cheves se desligó de la extradición del nicaragüense opositor y supuesto excontra y dejó toda la responsabilidad al Poder Judicial de Costa Rica.
Gobierno costarricense se desliga de extradición de nicaragüense opositor y supuesto excontra
Costa Rica “violó” normas internacionales
Para los abogados nicaragüenses en el exilio, Juan Diego Barberena y Danny Ramírez-Ayerdiz, con la extradición de Douglas Pérez, a quien la dictadura lo nombra con otros apellidos (Álvarez Morales), el gobierno de Costa Rica “violó” principios y normas internacionales.
“El Estado de Costa Rica, violó el principio de no devolución y las normas internacionales de derechos humanos (Convención contra la tortura), al entregar en extradición a la dictadura al nicaragüense Douglas Pérez Centeno, solicitante de protección internacional en este país. Además sienta un peligroso precedente”, expresó Barberena en su cuenta de X.
El abogado se refiere al inciso 1 del artículo 3 de la “Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” que estados parte de las Naciones Unidas firmaron el 10 diciembre 1984.
“Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura”, señala el convenio en su artículo 3.
En una entrevista con Nicaragua Investiga, el abogado Danny Ramírez-Ayerdiz también mencionó la violación del gobierno de Costa Rica a ese artículo de la Convención y cuestionó el actuar de las autoridades ticas al entregar a una persona que había huido de la persecución política del régimen Ortega-Murillo.
“Cualquier investigación que pese sobre un nicaragüenses solicitada por el régimen de Nicaragua no debe continuar, porque no se sabe que es verdad y que es mentira con un Estado hermético, un Poder Judicial carente de imparcialidad y con un Ministerio Público que ha perdido toda legitimidad porque sus acusaciones se basan enteramente en las presunciones de la Policía, en supuestos actos de investigación”, cuestionó Ramírez-Ayerdiz.
Prisioneros corren peligro
Danny Ramírez-Ayerdiz también menciona los peligros a los que se podrían enfrentar los nicaragüenses que sean extraditados o deportados de Costa Rica.
Costa Rica podría extraditar a otro nicaragüense a petición del régimen Ortega
“El Frente Sandinista utiliza a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) para hostigar a la gente que llega a los barrios procedentes de otros países y en muchas ocasiones han sido actores directos para denunciar a estas personas ante la Policía. Hay muchos casos de gente que fue apresada, robada o que sus casas fueron incendiadas por los CPC, este es el riesgo que pueden correr muchos nicaragüenses al ser devueltos a Nicaragua”, señala, basándose en los casos que ha llevado desde la secretaría ejecutiva del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh).
El abogado refiere que la extradición de Douglas Pérez “evidencia la amistad criminal que tiene el presidente de Costa Rica con Daniel Ortega”, y que el difundir fotografías en las que aparece el extraditado con uno de los agentes de la Interpol, es para justificar que se trataba de una investigación que solicitó un organismo internacional, pero que debieron considerar la situación de riesgo en Nicaragua.
“En la actuación de Costa Rica hay una forma de legitimar esa manera de actuar diciendo que es una cuestión estrictamente relacionada con el Poder Judicial, pero el Poder Ejecutivo costarricense podía intervenir porque le corresponde finalmente a la autoridad policial que está subordinada al Poder Ejecutivo evitar esa extradición… Tanto la Interpol como el gobierno de Costa Rica debían considerar la situación de riesgo que esta persona iba a vivir y está viviendo ahora en Nicaragua”, expuso el abogado.
