La codictadora, Rosario Murillo, anunció este jueves el retiro de Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en respuesta a un informe de este organismo que la responsabiliza de crímenes de lesa humanidad y además confirma la participación de los militares nicaragüenses en actividades de espionaje y represión contra adversarios políticos.
”Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarnos del Consejo de Derecho Humanos y de toda actividad relacionada con este Consejo y todos sus mecanismos satélites” dijo Murillo este mediodía a través de los medios de su familia.
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Murillo rechazó el informe de la ONU publicado el miércoles en el que se confirma por primera vez que el Ejército de Nicaragua participó activamente en la represión de las manifestaciones de 2018, coordinados con la Policía Nacional y grupos paramilitares para cometer ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves de derechos humanos.
“Repudiemos todos los insultos, todas las ofensas, todas las falsificaciones, todas las agresiones, todo lo que constituye la política colonialista que rige acciones de organismos que deberían servir al bien de todos” dijo la codictadora.
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De acuerdo a la ONU, el ejército “llevó a cabo operaciones de inteligencia y entrenó a personal civil, incluida la Juventud Sandinista, jóvenes marginados y funcionarios públicos” para atacar a manifestantes.
“Estamos haciendo llegar a esos organismos, que no cumplen con la misión para la que fueron creados, al presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señor Jürg Lauber, una misiva donde hacemos referencia al autodominado informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua” se quejó Murillo.
Golpe final a la Constitución
En su informe, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua también aseveró que la dictadura sandinista dio un «golpe final» al Estado de derecho.
«Han transformado deliberadamente al país en un Estado autoritario, donde no quedan instituciones independientes, las voces disidentes son silenciadas y la población (…) enfrenta persecución, exilio forzado y represalias económicas» registró el informe.
El cambio casi total a la Constitución, que entró en vigor el 18 de febrero, elevó el rango de Murillo de vicepresidenta a «copresidenta», concedió al gobierno el control de todos los poderes del Estado, aumentó el mandato de cinco a seis años y creó un ejército de decenas de miles de policías «voluntarios» encapuchados.
La reforma «representó un golpe final al Estado de derecho» y «eliminó los pocos controles institucionales que quedaban, creando un poder ejecutivo con dominio absoluto», subrayó el Grupo de Expertos.
Con información de AFP
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