La pretensión de Daniel Ortega y Rosario Murillo de liquidar de manera oficial las elecciones libres y transparentes a través de una reforma a la Constitución Política y a la Ley Electoral no solo representa el zarpazo final a la institucionalidad democrática de Nicaragua, sino que también deja en una encrucijada financiera a una de las operaciones más lucrativas del propio Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN): el jugoso negocio del reembolso electoral.

Durante más de una década de control absoluto, la dictadura convirtió cada proceso electoral en una maquinaria de financiamiento partidario.

Con el pretexto de «pagar gastos de campaña», el Estado desembolsaba millonarias sumas del Presupuesto General de la República que terminaban en las arcas del FSLN.

Solo por cada elección nacional, la cúpula sandinista cobraba entre 18 y 20 millones de dólares, mientras que por las elecciones municipales la cifra oscilaba entre los 8 y 12 millones de dólares. Al declarar formalmente el fin de los comicios, el régimen sacrifica la vía legal con la que drenaba estos recursos públicos hacia la estructura del partido.

La farsa electoral de 2021 dejó al FSLN con un botín de 16.9 millones de dólares, lo que equivale al salario anual de más de 4,000 maestros de primaria en Nicaragua.

Además de lo tomado por el FSLN, los partidos colaboracionistas obtuvieron ese año 5.6 millones de dólares por prestarse al juego de Ortega.

Una fortuna del dinero público para la familia

Con base a los datos desde que retornó al poder en 2007, el Frente Sandinista ha extraído de las arcas públicas aproximadamente entre 115 y 130 millones de dólares en concepto de reembolsos electorales tras cuatro elecciones nacionales y cuatro municipales.

Para calibrar el impacto de este financiamiento partidario, los más de 120 millones de dólares cobrados por el FSLN desde 2007 habrían alcanzado para construir y equipar seis hospitales departamentales en el país, adquirir una flota de más de 2,000 autobuses nuevos para el transporte público o edificar más de 12 mil viviendas de interés social para familias de escasos recursos. Todo este volumen de fondos públicos terminó ingresando a las arcas del partido oficialista bajo la figura del reembolso electoral.

Dado que el partido ha sido, al igual que Nicaragua, tomado por la familia Ortega-Murillo, los fondos son en realidad para su enriquecimiento personal.

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Inicia proceso de reformas

Pese a este costo económico, la «orden presidencial» de sepultar el sistema electoral ya comenzó a ejecutarse. La junta directiva de la Asamblea Nacional anunció de inmediato que inició un trabajo conjunto con los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) para dar curso a los mandatos de la pareja dictatorial.

«La Asamblea Nacional de esta Nicaragua soberana, bendita, digna y libre, informa al pueblo nicaragüense que a partir de las declaraciones del Jefe de Estado, Comandante Daniel Ortega (…), está iniciando los análisis necesarios para elaborar un plan de trabajo que cumpla las orientaciones presidenciales», reza el comunicado oficial difundido por el Parlamento bajo el control del régimen.

De acuerdo con la información oficial, diputados y magistrados realizarán «sesiones especiales» para «asegurar los pasos constitucionales, legales y formales que fundamenten las reformas». El propio comunicado califica el proceso como «trascendente», una admisión tácita de que se encaminan a cambiar las bases de la Carta Magna para instaurar formalmente el modelo de partido único y el autoritarismo absoluto, escudándose bajo el gastado discurso de la «soberanía» para justificar el atropello al Estado de derecho.