El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó este miércoles la represión de las libertades civiles y políticas en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega se negó a convocar elecciones.
Ortega, un exguerrillero izquierdista en el poder desde hace casi dos décadas, anunció el domingo que Nicaragua no tendrá más elecciones, lo que hace temer un avance hacia un modelo de partido único.
Hasta este anuncio grupos opositores en el exilio se mostraban esperanzados en que la presión de Estados Unidos y otros países lograse una transición o comicios libres.
«Estos recientes acontecimientos acentúan aún más las graves restricciones a las libertades fundamentales, el desmantelamiento del espacio cívico y la erosión constante del Estado de derecho», señaló el Alto Comisionado, que denunció que el poder se concentre cada vez más en el país latinoamericano.
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«Exhorto a las autoridades a reabrir el espacio cívico y restablecer el Estado de derecho. Todas las personas de cualquier tendencia política deben poder votar y postularse a cargos públicos en consonancia con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos», dijo Türk.
Represión y persecución en Nicaragua
El Alto Comisionado también dijo estar preocupado por «las alegaciones sobre la represión contra la Iglesia católica y otras denominaciones religiosas, incluida la ausencia de información oficial sobre el destino, el paradero y el estado del obispo Abelardo Mata Guevara, de 80 años, quien fue detenido el 29 de junio».
Ortega y su esposa Rosario Murillo gobiernan con poder absoluto y aniquilaron a la oposición interna tras masivas protestas en 2018 que dejaron unos 300 muertos, consideradas por ellos un intento de golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos.
Tras una reforma constitucional aprobada a fines de 2024 que amplió el mandato presidencial de cinco a seis años y elevó el rango de Murillo a copresidenta, Nicaragua debería celebrar elecciones generales en 2027.
Türk pidió al gobierno que libere «de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente» y que garantice «que todos aquellos privados de libertad sean tratados con humanidad y dignidad».
AFP
