Sin el menor disimulo ni independencia institucional, el Consejo Supremo Electoral (CSE) cumplió el trámite de acudir a la Asamblea Nacional para estampillar su firma en la reforma constitucional impulsada por el régimen.
La presidenta del órgano electoral, Brenda Rocha, convirtió la comparecencia de una institución teóricamente arbitral en una abierta manifestación de militancia partidaria, avalando sin reservas la extensión del período presidencial a siete años y la consolidación del modelo de partido único.
El árbitro que aplaude las reglas de la dictadura
Lejos de emitir un criterio técnico o velar por el equilibrio democrático, la titular del CSE asumió el rol de vocera política al celebrar las modificaciones que perpetúan a la pareja dictatorial en el poder.
«Apoyamos las seis propuestas de reforma orientadas a fortalecer la Estabilidad, la Seguridad, la Paz, la Soberanía Nacional y el funcionamiento de nuestras instituciones, incluyendo los períodos de siete años», afirmó Rocha durante su intervención ante los diputados sandinistas.
Con este respaldo, la entidad encargada de organizar las elecciones en Nicaragua valida la anulación de la alternabilidad democrática, un principio fundamental de la Carta Magna que el régimen termina de desmantelar para fijar un mandato a la medida de sus intereses.
Escudo de «soberanía» para cerrar las puertas a la fiscalización
En su discurso, Rocha recurrió al habitual guion de la soberanía nacional para justificar el aislamiento del sistema electoral y clausurar cualquier posibilidad de observación o auditoría independiente internacional.
«Reafirmamos que nuestros procesos electorales pertenecen al Pueblo, pertenecen al Pueblo Soberano; por lo que nos corresponde exclusivamente a los nicaragüenses (…) decidir sobre nuestro presente y nuestro futuro», alegó la funcionaria.
Esta retórica busca blindar legalmente un esquema electoral diseñado para operar a puerta cerrada, sin fiscales de oposición, sin fiscalización de organismos internacionales y con casillas partidarias controladas por el oficialismo tras el encarcelamiento y destierro de la dirigencia opositora.
La farsa de la «transparencia» en un país sin democracia
Pese a que las garantías mínimas para el ejercicio del voto fueron liquidadas en los procesos de 2021 y 2022, la máxima autoridad del CSE insistió en calificar el sistema nicaragüense como un modelo de integridad.
«El Consejo Supremo Electoral continuará garantizando procesos electorales ordenados, seguros y transparentes, donde el Pueblo ejerza libremente su derecho al voto directo y secreto», aseveró Rocha.
Analistas políticos y juristas independientes señalan que el aval del CSE a la reforma no es más que la consumación formal de un proceso de cooptación institucional. Al validar la extensión de los mandatos sin competencia ni contrapesos, el tribunal electoral termina de despojarse de su fachada técnica para confirmarse como el brazo administrativo de la hegemonía sandinista.
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*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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