OEA aprueba resolución contra Daniel Ortega de cara a elecciones del 2021

La resolución fue aprobada con 20 votos a favor, 12 abstenciones y 2 votos en contra

La Asamblea General de la OEA aprobó una resolución llamada «El Restablecimiento de las Instituciones Democráticas y el Respeto de los Derechos Humanos de Nicaragua, Mediante Elecciones Libres y Justas” en donde se le exige al gobierno de Daniel Ortega que reestructure el Consejo Supremo Electoral (CSE) y permita la entrada de observadores internacionales para que realice un examen «técnico independiente» del proceso electoral, antes de mayo del 2021.

Esta resolución fue presentada a solicitud de las misiones diplomáticas de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos y Paraguay y fue a aprobada con 20 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones.

Países que se abstuvieron: Dominica, Grenada, Guatemala, Honduras, México, Saint Kitts and Nevis, Suriname, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados y Belice.

Países que votaron a favor: Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Uruguay, Venezuela, Bahamas, Bolivia, Brasil, Canada, Chile, Colombia y Costa Rica

Países que votaron en contra: Nicaragua, San Vicente y las Granadinas

Los representantes diplomáticos de Brasil, República Dominicana y Estados Unidos urgieron la necesidad de realizar reformas electorales de cara a los comicios del 2021 y en particular, Carlos Trujillo, embajador de la administración Trump, dijo que las Leyes de Agentes Extranjeros y Ciberdelitos que está promoviendo el gobierno de Daniel Ortega son parte de la represión hacia ciudadanos opositores.

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«Estamos sumándonos al llamado colectivo para fortalecer la democracia en Nicaragua» dijo Trujillo durante su intervención. De igual manera, la delegación de Canadá mostró su preocupación por la falta de importancia que Nicaragua le ha dado a los constantes llamados de restablecer la democracia en el país centroamericano.

«La situación de Nicaragua es urgente. El hecho de que el gobierno de Nicaragua no reaccione a esta resolución solo implicará en mayor aislamiento que perjudicará a los nicaragüenses» dijo el representante canadiense.

Así mismo, la delegación del gobierno en disputa de Venezuela, enviado por Juan Guaidó, detalló que en Nicaragua no hay garantías para realizar elecciones libres en este momento y que se necesita velar por la liberación de los más de 100 reos políticos que son sometidos a malos tratos en las cárceles nicaragüenses.

La delegación de Bolivia por su parte, detalló que en Nicaragua no existe la independencia de Poderes y que eso no puede ser posible de cara a los comicios presidenciales del 2021.

Mientras tanto, Argentina justificó su abstención alegando que los siete puntos de la resolución son competentes de los nicaragüenses y no de la OEA como organismo, pero dejó claro que ese país si está de acuerdo en que se hagan reformas electorales que garanticen un proceso justo y democrático.

Nicaragua califica de «inadmisible» la resolución

El embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, calificó de inadmisible esta resolución, por considerar que es «un acto ilícito internacional» por parte de los Estados que votaron a favor. «Nicaragua no es colonia de nadie» y expresó que no aceptaba «imposiciones» por parte de «Naciones injerencistas miembros de este organismo».

Alvarado también acusó a los países miembros de la OEA de tratar de evadir las demandas de sus propios ciudadanos y de quitar el foco en contra de la Pandemia del COVID19.

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El representante nicaragüense también se dispuso a atacar a los demás países por las violaciones a los derechos humanos que también ocurren en esas naciones. Alvarado mencionó los casos de Estados Unidos, Canadá, Brasil y Chile e incluso se atrevió a citar a Amnistía Internacional, un organismo que ha criticado fuertemente la represión estatal en Nicaragua y a las cuales el gobierno de Ortega no ha dado crédito.

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Desde que inició la 50 Asamblea General de la OEA, el Canciller nicaragüense Denis Moncada rechazó que se abordara la situación de Nicaragua en la reunión, pero esto no fue impedimento para que el tema fuese incluido en la agenda.

Moncada calificó como «injerencista y violatoria de los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Naturaleza y los Propósitos de la Carta de la OEA y los Principios del Derecho Internacional. Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo en los asuntos internos o externos de cualquier otro», dijo el Canciller nicaragüense.

La oposición nicaragüense habría cabildeado para que la Asamblea General de la OEA declarara a Daniel Ortega como presidente ilegítimo del país, pero ex diplomáticos que conocen el funcionamiento de la organización regional advirtieron que esa opción no era viable.

Nicaragua ataca a la CIDH

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el mexicano Joel Hernández, expuso ante la Asamblea General de la OEA que en el continente persiste el ambiente de violencia en contra de mujeres, miembros de la comunidad LGBTI, defensores de los derechos humanos y periodistas.

De igual manera, Hernández detalló que Cuba, Nicaragua y Venezuela necesitan «atención especial» en cuanto al seguimiento del respeto a los derechos humanos y reconoció el valioso trabajo del ex secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, de quien alabó su liderazgo en defensa de los derechos humanos de la región, así como el trabajo de los demás relatores durante 2019.

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Nicaragua, representada por su embajador ante la OEA, Luis Alvarado, aseveró sobre la CIDH que «su enfoque continúa siendo sesgado» hacia Nicaragua y «repiten sin verificar noticias falsas y haciendo señalamientos contra el Estado de Nicaragua». Alvarado también acusó a la CIDH de brindar informes sin tomar en cuenta los reportes que el gobierno de Ortega ha enviado para justificar la represión estatal en contra de manifestaciones civiles.

Alvarado también rechazó los señalamientos que ha hecho la CIDH en contra del Estado de Nicaragua por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos que se oponen a Daniel Ortega, y defendió la teoría de que el gobierno enfrentó un «intento de Golpe de Estado».

En diciembre del 2018, la CIDH y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI, fueron expulsados del país después de presentar las conclusiones de su investigación que señalaban al Estado de Nicaragua de cometer Crímenes de Lesa Humanidad. Meses antes, el gobierno de Ortega ya había expulsado a una misión de defensores de derechos humanos de Naciones Unidas.

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