Según una investigación del medio internacional Reuters, el Canal 8 propiedad de Juan Carlos Ortega, debe aproximadamente 4 millones de dólares en impuestos e intereses desde 2010, mismo año en que el hijo de la pareja presidencial asumió la dirección del canal, aunque ahora Yadira Leets, esposa de Rafael Ortega y cuñada de Juan Carlos aparece como la propietaria mayoritaria del canal, según los mismos documentos tributarios.
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De igual manera el Canal 4, propiedad de la familia presidencial y administrado por Daniel Edmundo Ortega, tiene una deuda con el fisco de 380 mil dólares.
De acuerdo a los expertos en temas tributarios que son citados en el artículo, ambos canales estarían infringiendo con la Ley tributaria del país y ya deberían de haber sido embargados como el caso de Canal 12, una estación televisiva de línea contraria a la del gobierno al que la Dirección General de Impuestos embargó por 28 millones de córdobas.
Estrategia de propaganda y adoctrinamiento
Por otro lado, la investigación develó la estrategia del aparato de medios de comunicación oficiales el cual tiene como fin «adoctrinar» a los nicaragüenses para que simpaticen con el gobierno de Daniel Ortega, según confirmó Raúl Obregón, exejecutivo de ALBANISA que se retiró de esa entidad en 2014. Obregón dijo a la agencia Reuters sobre la adquisición de medios que ha hecho la familia presidencial desde que llegó al poder.
El artículo señala que la adquisición de Canal 8 en 2010 por parte de la familia Ortega Murillo, costó unos 10 millones de dólares provenientes de la cooperación venezolana que Hugo Chávez daba a Daniel Ortega para que ejecutara programas sociales al margen del presupuesto nacional. La compra de este canal significaría el primer paso para consolidar la estrategia mediática de los gobernantes sandinistas.
Reuters concluye en su investigación que el objetivo principal de la adquisición de medios de comunicación era «no sólo asegurar una cobertura positiva, sino también el control absoluto de la propiedad de los medios por parte de Ortega y sus aliados», y recuerda que fue la misma Rosario Murillo quien habría insinuado sus planes en una conferencia de prensa en 2007, cuando era la Jefa de Comunicación de la Presidencia.
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Según la investigación de Reuters, entre 2000 y 2010 el gobierno de Ortega gastó aproximadamente 2.6 millones de dólares al año en publicidad estatal. Para 2019, en medio de la crisis política que atraviesa el país, la cifra subió considerablemente a 29 millones de dólares anuales.
«Los anuncios son comprados por agencias gubernamentales y por empresas estatales como la cadena de gasolineras (Petronic) controlada por Rafael Ortega» detalla Reuters, y agrega que solamente Canal 8, pasó de percibir 400 mil dólares en 2009 a un promedio anual estimado de más de 6 millones de dólares desde 2010. En 2019, «el Gobierno colocó anuncios por un valor estimado de 16.8 millones de dólares en el canal», apunta la agencia.
Actualmente, la familia presidencial y sus aliados son propietarios de los Canales 4, 8, 13 y 22. El estatal Canal 6 es controlado por los Ortega Murillo desde el gobierno, al igual que Radio Nicaragua y El 19 Digital. En el Canal 2, que pertenece a uno de sus aliados, controlan su sistema de noticias.
El Canal 12 también debe una fuerte cantidad de dinero a la DGI, sin embargo a este medio se les han embargado su bienes. NI
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Esta misma estrategia mediática ha sido criticada por países como los Estados Unidos, que ha señalado que los medios de comunicación oficiales publican noticias falsas para hacer quedar bien al gobierno de Ortega frente a la comunidad internacional. Por esto mismo es que la administración Trump sancionó a Juan Carlos Ortega como director de Canal 8, por «difundir propaganda del régimen».
Difuso es la empresa desde donde se difundía esta «propaganda del régimen», y también es propiedad de Juan Carlos, aunque en los documentos tributarios analizados por Reuters, es María Luisa Mejía quien aparece como propietaria de esa agencia de publicidad.
Según el artículo, la manera en que opera Difuso es creando publicidad para institutos, ministerios, empresas estatales y demás entidades del gobierno y luego los coloca en los medios de comunicación controlados por la familia presidencial.
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