La Organización de Estados Americanos OEA expresó públicamente su preocupación por las implicaciones de la recién aprobada «Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz» que prohíbe la participación de opositores a cargos de elección popular.
La OEA considera que esta nueva ley «pretende restringir los derechos políticos con el objetivo de limitar la competencia electoral» y aseguran que estas disposiciones violentan los principios básicos de un estado democrático, «de acuerdo a lo establecido en la Carta Democrática Interamericana».
También indican que restringir la participación de candidatos constituye una violación a los derechos humanos establecidos en convenios internacionales.
«El gobierno de Nicaragua a través de este tipo de actos le negaría al pueblo nicaragüense el derecho a elegir libremente a sus representantes, transformando los comicios de 2021 en un imposición en lugar de una elección», dice el comunicado del organismo internacional.
La OEA urgió al gobierno de Ortega «derogar» de inmediato esta ley e iniciar un proceso con los diversos actores sociales y políticos del país para implementar reformas electorales «que garanticen elecciones libres, justas y transparentes» para lo cual ponen a disposición su asesoría.
Lo que dice la Ley
Según la Ley, los «traidores» de la patria no pueden optar a cargos de elección popular. El texto de la propuesta dice que «los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, la autodeterminación» de Nicaragua encajan dentro de los inhibidos para aspirar a estos cargos.
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La ley también indica que están inhibidos quienes «inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones».
Y censura también a «aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos», en clara alusión a los opositores que aprueban las sanciones contra los más leales colaboradores de Ortega y su familia.
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