La Unión Europea impuso el lunes medidas restrictivas a ocho personas más responsables de graves violaciones de derechos humanos o cuyas acciones socavaron la democracia o el estado de derecho en Nicaragua, incluida la vicepresidenta Rosario Murillo.
Estas medidas están dirigidas a las personas y están diseñadas de esta manera para no dañar a la población nicaragüense ni a la economía nicaragüense, indicó el comunicado de la UE.
Las medidas restrictivas se aplican ahora a un total de 14 personas. Los designados están sujetos a una congelación de activos y los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido poner fondos a su disposición.
También están sujetos a una prohibición de viajar, lo que les impide entrar o transitar por los territorios de la UE.
Entre los sancionados están la vicepresidenta Rosario Murillo, Bayardo Arce, asesor económico de Daniel Ortega y Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
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También el hijo de Murillo, Juan Carlos Ortega Murillo, director de uno de los principales canales de televisión del país y líder del Movimiento Sandinista 4 de mayo; Ana Julia Guido, fiscal general de la República; Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Fidel Domínguez, comisionado general de la Policía, jefe departamental de León; Juan Valle, director de Tránsito Nacional.
El texto recordó que la UE ha pedido sistemáticamente al gobierno de Nicaragua que cumpla sus propios compromisos, la Constitución de Nicaragua y las leyes y normas internacionales de derechos humanos. Además reiteró que la UE también ha pedido repetidamente un diálogo significativo con la oposición sobre las reformas electorales como un paso esencial para restaurar la confianza en las instituciones públicas y ha pedido el regreso de los organismos internacionales de derechos humanos a Nicaragua.
«Las sanciones adicionales de hoy demuestran que la UE sigue estando dispuesta a utilizar todos sus instrumentos para apoyar una solución democrática, pacífica y negociada a la crisis política en Nicaragua», indicó el bloque que agrupa a 27 naciones europeas.
El grupo de países señaló además que la situación política en Nicaragua se ha deteriorado aún más en los últimos meses.
«El uso político del sistema judicial, la exclusión de candidatos de las elecciones y la exclusión arbitraria de los partidos de oposición son contrarios a los principios democráticos básicos y constituyen una grave violación de los derechos del pueblo nicaragüense. Estas acciones socavan aún más la credibilidad de un proceso electoral, ya obstaculizado por una reforma electoral que no cumplió con las recomendaciones de las Misiones de Observación Electoral de la OEA y la UE», afirma el documento.
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La medida llega en medio de una ola represiva que ha privado de libertad a opositores, precandidatos presidenciales y hasta exguerrilleros del Frente Sandinista que combatieron con Daniel Ortega para derrocar a Anastasio Somoza, pero que ahora se oponen al mandato de Ortega.
«La detención de un séptimo candidato presidencial potencial el pasado fin de semana ilustra tristemente la magnitud de la represión en Nicaragua y proyecta un panorama sombrío para las próximas elecciones», indica el texto.
«Como se dijo anteriormente, la UE condena firmemente la represión sistemática por parte de las autoridades nicaragüenses, y las insta a derogar las leyes restrictivas, incluida la ley de regulación de agentes extranjeros, y pide la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, así como la pleno respeto de los derechos humanos, civiles y políticos de todos los ciudadanos nicaragüenses», agrega.
Las primeras sanciones de la UE a Nicaragua datan de octubre de 2019, después de que el Consejo hubiera expresado repetidamente su preocupación por el deterioro de la situación política y social en Nicaragua, y condenado firmemente la represión de opositores políticos, manifestantes, medios de comunicación independientes y la sociedad civil desde abril de 2018.
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El 4 de mayo de 2020, en vista de la grave situación que persiste en el país, el Consejo adoptó las primeras medidas restrictivas contra seis personas.
Hasta el pasado 26 de julio siete de los aspirantes presidenciales seguían encarcelados: Cristiana Chamorro y Noel Vidaurre (ambos bajo arresto domiciliario), Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Miguel Mora y Medardo Mairena.
También están detenidos los ex vicecancilleres Víctor Hugo Tinoco y José Pallais, los exguerrilleros sandinistas disidentes Dora María Téllez y Hugo Torres, así como cuatro dirigentes opositoras, dos líderes universitarios, un periodista y dos empresarios, entre otros. La oposición asegura que los “presos políticos” suman más de 130 desde 2018.
Nicaragua vive una grave crisis que inició tras las protestas sociales de 2018, cuando la violenta acción gubernamental dejó 328 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos en distintos momentos y más de 100.000 emigrados y exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El gobierno acusó a la oposición de intentar un “fallido golpe de Estado”.
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