Después de dos semanas de alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el viernes finalizaron en La Haya las audiencias en el caso de la demanda de Nicaragua contra Colombia por supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe.
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Según los representantes del país centroamericano, Colombia incumplió con el fallo de la Corte del año 2012, que extendió a Nicaragua su soberanía y derechos marítimos hasta las 200 millas náuticas, por lo que pide una indemnización que, según sus representantes, deberá ser determinada durante el proceso.
En declaraciones recientes, el presidente Daniel Ortega arremetió contra Colombia y aseguró que el territorio en disputa pertenece a Nicaragua. «La Corte dijo a Nicaragua le pertenece todo ese territorio y ahora están queriendo echarse para atrás. No quieren reconocer el fallo de la Corte”.
Marta Lucía Ramírez, canciller y vicepresidenta de Colombia, quien acompañó al equipo jurídico de su país, alegó que durante todo el proceso “Nicaragua ha pretendido distorsionar este caso” y negó que la nación sudamericana haya violado el espacio marítimo.
En 2012, el entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos manifestó que el fallo de la CIJ era inaplicable porque la Constitución de su país dice que los límites de Colombia solamente se pueden modificar a través de tratados, postura que mantiene el actual jefe de Estado, Iván Duque.
Defensa de Colombia
Colombia centró sus argumentos en defender los derechos de pesca tradicionales de la comunidad raizal y reiteró en múltiples ocasiones que el caso trata sobre los derechos y libertades colombianas en el área, no sobre el fallo de 2012, de acuerdo con una nota de la CIJ publicada en su cuenta de Twitter.
Colombia, a través de Ramírez, sostuvo que tiene derecho a una zona contigua de todas las islas del archipiélago y tiene el derecho de navegación y sobrevuelo, así como el derecho “a reportar todas las actividades ilícitas que tengan lugar en el área”.
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Al inicio del proceso, el país sudamericano señaló que la demanda por parte de Nicaragua obedece a que está tratando de expandir sus fronteras marítimas unilateralmente a partir de un decreto expedido emitido por el gobierno de Ortega.
El proceso podría determinar los derechos de ambos países sobre una zona de 75,000 kilómetros cuadrados del Mar Caribe utilizada actualmente para pesca artesanal e industrial.
La zona sobre la cual ambos países reclaman derechos es usada por grupos criminales para traficar drogas hacia Centroamérica, reportó AP. Esta zona también incluye trazos de una reserva marina avalada por la UNESCO.
Se espera que el fallo de la Corte se conozca en los próximos meses.
Nicaragua Investiga
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