La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordene a Nicaragua implementar medidas de protección en favor de 45 presos políticos y sus familias, informó este jueves la CIDH.
Entre estos presos detenidos en ocho centros figuran manifestantes que participaron en las protestas antigubernamentales iniciadas en 2018, miembros de la sociedad civil y personas que han expresado su desacuerdo con el gobierno de Daniel Ortega, detalla en un comunicado.
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La represión de estas protestas, que Ortega consideró un fallido golpe de Estado promovido por la oposición con el apoyo de Washington, se saldó con 355 muertos, según la CIDH.
Este órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) afirma haber pedido ya, en vano, a Nicaragua información y medidas de protección para estos presos.
«Esta situación es especialmente preocupante» porque las personas han sido «incomunicadas, ubicadas en condiciones de detención de riesgo», advierte.
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Ademas los presos «no cuentan con las garantías mínimas, propias de todo proceso judicial», lamenta.
La CIDH considera que esta privación de libertad tiene como objetivo «silenciar a estas personas mediante represalias, así como bloquearles toda posibilidad de articulación social y/o política y con ello enviar un mensaje de castigo a quienes se manifiestan o protestan» contra el gobierno.
La Corte IDH emite medidas provisionales en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables y son de cumplimiento obligatorio para los Estados.
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