La dictadura nicaragüense, a través del Ministerio del Interior (MINT), dio a conocer este miércoles un informe médico sobre el estado de salud del líder indígena y exdiputado Brooklyn Rivera Bryan, de 73 años, quien permanece bajo custodia del Estado desde septiembre de 2023. En el reporte Rivera aparece en estado agónico.
Según el documento emitido por el MINT y el Ministerio de Salud, Rivera fue trasladado el 7 de marzo de 2026 al Hospital Fernando Vélez Paiz debido a un grave deterioro respiratorio. Actualmente se encuentra en condición delicada, conectado a ventilación mecánica a través de traqueotomía, recibiendo alimentación parenteral intravenosa y con diagnóstico de falla multiorgánica.
Los reportes médicos detallan infecciones pulmonares complejas causadas por bacterias resistentes (Klebsiella pneumoniae y Stenotrophomonas maltophilia), aspergilosis fúngica, derrame pleural bilateral y cirrosis hepática confirmada mediante laparoscopia. A pesar del tratamiento con antibióticos de amplio espectro, fisioterapia y soporte nutricional, su salud ha continuado deteriorándose.
Comunidad internacional exige explicaciones
Este informe oficial surge en medio de crecientes demandas internacionales. Expertos de la ONU han exigido respuestas urgentes por las denuncias de muertes en custodia y desapariciones forzadas en Nicaragua, destacando precisamente el caso de Rivera como uno de los más preocupantes por la falta inicial de información verificable sobre su paradero y condición.
«Brooklyn Rivera, diputado de la Asamblea Nacional y líder del pueblo miskito, fue detenido y posteriormente desaparecido en septiembre de 2023 por miembros de la Policía Nacional de Nicaragua. Existe información de que podría haber muerto en detención» dice un informe de las Naciones Unidad publicado a inicios de mayo de este año.
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Rivera Bryan, histórico dirigente del partido Yatama y representante del pueblo miskito, ingresó al sistema penitenciario en septiembre de 2023. Las autoridades indican que ha recibido visitas periódicas de su hijo y atención médica continua, incluso con supervisiones de altas autoridades del gobierno.
El caso ha generado alerta en organismos de derechos humanos, que cuestionan las condiciones de detención de opositores y líderes sociales en el país. Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre posibles fechas de liberación o traslados adicionales.
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