Sobre la situación de derechos humanos y los crímenes y abusos cometidos en Nicaragua, se han publicado varios informes, entre ellos el del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) y otros de Amnistía Internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
No obstante, mucha de esa documentación, recomendaciones y esquemas -con el objetivo de profundizar en los hechos ocurridos en el país centroamericano desde abril de 2018, incluyendo recomendaciones y disposiciones para aliviar la situación y recuperarse de ella- ha quedado estancada en internet y en los medios de comunicación, sin llegar a profundizar en el debate público.
En medio del quinto aniversario de las protestas sociales que estallaron en el año 2018 en todo el territorio nacional, el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) ha publicado un dossier con 30 medidas de justicia transicional en Nicaragua, con el fin de «alentar a que el centro de esa futura transición sean las víctimas y sus familiares, con su protagonismo debido».
«Creemos firmemente que sólo la voz activa y participativa de las víctimas y organizaciones de víctimas en la conformación de una agenda opositora podrá legitimar cualquier intento de unidad de la oposición nicaragüense», cita la organización, en uno de los pocos planes concretos publicados en los últimos años sobre la situación de derechos humanos en el país.
Opositores detenidos están desaparecidos, denuncian familiares
Preparados
Y aunque el escenario de «transición» que plantea CALIDH es lejano al sistema totalitario instaurado por la administración de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, es imperativo que dichas medidas sean puestas en las agendas de la ciudadanía, la oposición política y las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de entender el por qué, cómo lograrlo y lo que implica.
«El centro busca abrir el debate público respecto del lugar que tendrán la memoria, la verdad y la justicia en el futuro transicional, ese futuro que necesariamente tendrá que ser democrático para dar lugar a las demandas y reivindicaciones de las víctimas, organizaciones de víctimas y sus familiares», señala el CALIDH.
«Revisión exhaustiva» de qué leyes, normativas y reglamentos
En este reporte hacemos una análisis de esas medidas. La primera se enfoca en la revisión de las leyes, normativas y reglamentos que deben ser eliminados del ordenamiento jurídico nicaragüense «una vez que suceda la transición». Esto implica una evaluación detallada de las leyes que han sido utilizadas para reprimir a la sociedad civil, limitar la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de reunión pacífica. También podría incluir la revisión de leyes que han permitido la impunidad de los responsables de violaciones a los derechos humanos, la corrupción y otros delitos.
La eliminación de estas leyes y normativas es un paso importante en la lucha contra la impunidad y la construcción de un Estado de Derecho sólido en Nicaragua. La eliminación de las leyes represivas también permitiría a la sociedad civil y a los grupos de derechos humanos trabajar más libremente sin temor a represalias o persecución. Sin embargo, dicha erradicación también debe ser cuidadosamente considerada para evitar vacíos legales o conflictos jurídicos que puedan surgir en el futuro.
Para lograr esto, las fuerzas políticas y sociales necesitan trabajar juntas en una revisión detallada del ordenamiento jurídico nicaragüense. La revisión debe llevarse a cabo bajo la supervisión de un equipo de expertos en derecho y derechos humanos, incluyendo miembros de la sociedad civil y víctimas de violaciones a los derechos humanos. También es importante involucrar a la comunidad internacional, incluyendo a organizaciones de derechos humanos y a la comunidad jurídica internacional, para brindar apoyo y asesoramiento técnico en este proceso.
Sin pactos ni amnistía
La medida número dos del informe del CALIDH destaca los «presupuestos y garantías» que deben ser considerados en la planificación de la transición y la justicia transicional en Nicaragua.
En primer lugar, la inclusión del pluralismo político es fundamental para garantizar la representación y participación de todas las voces y perspectivas en el proceso y futuro.
En segundo lugar, es importante tener mecanismos de consulta institucionalizados que permitan la participación de todos los sectores sociales en el proceso de planificación; esto implica escuchar las voces de las comunidades y barrios para entender sus necesidades y demandas en el proceso de transición.
En tercer lugar, la centralidad de las víctimas y sus familiares es un principio clave en la justicia transicional; se debe asegurar que las víctimas tengan voz y voto en el proceso, y que se les brinde apoyo para que puedan participar activamente en la planificación y ejecución de la justicia transicional.
En cuarto lugar, la prohibición de pactos y amnistías es importante para garantizar que los responsables de violaciones a los derechos humanos y otros delitos y abusos sean llevados a la justicia y no queden impunes.
Por último, la democratización de los espacios y los mecanismos públicos y sociales es necesaria para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en todo el proceso de transición y justicia. Para lograr esto, es importante involucrar a todas las fuerzas políticas y sociales, así como a las comunidades y a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, en todo momento.
Esto implicaría establecer mecanismos de consulta y participación que permitan una discusión y la toma de decisiones inclusiva y transparente. También sería importante trabajar con expertos en justicia transicional para desarrollar un plan integral que aborde todas las áreas necesarias para la construcción de un Estado de Derecho sólido en Nicaragua.
Constituyente y «disolución perpetua» del FSLN
La medida número tres propone la convocatoria de una Asamblea General Constituyente en un plazo de seis meses después de que se asuma el Gobierno transicional en Nicaragua. La Asamblea tendría dos mandatos principales: «refundar el orden democrático, al Estado y a sus instituciones» y «desmontar las estructuras del terror, incluyendo la disolución del Ejército, la refundación de la Policía Nacional y la disolución perpetua del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)».
Esto significaría la creación de un nuevo marco jurídico que se ajuste a los valores democráticos y de derechos humanos que la sociedad nicaragüense ha estado exigiendo, y eliminar las estructuras represivas que han sido utilizadas para violar los derechos humanos y sofocar a la oposición política y a toda disidencia.
La disolución del Ejército podría significar la creación de una nueva fuerza armada que sí esté comprometida con la protección de los derechos humanos y la democracia, y que se someta a un control civil efectivo. La refundación de la Policía Nacional podría implicar la reestructuración de la institución para que esté al servicio de la ciudadanía y no del Gobierno de turno. Por último, la disolución perpetua del FSLN busca impedir que este partido político pueda volver a utilizar el poder del Estado para perpetuar su régimen autoritario.
Estas medidas son esenciales para desmantelar las estructuras represivas que han sido utilizadas en Nicaragua. Sin embargo, es importante que cualquier proceso de desmantelamiento se lleve a cabo de manera responsable, respetando los derechos de las personas que trabajan en estas instituciones y evitando la violencia. La creación de nuevas instituciones y fuerzas armadas debe estar basada en los principios de transparencia y rendición de cuentas para garantizar su eficacia y evitar que se conviertan en nuevas estructuras de poder represivo.
Ley General para la Reforma Política y la Democratización
La medida número cuatro propone que el Legislativo dicte una Ley General para la Reforma Política y la Democratización en Nicaragua, la cual impondría por ley la prohibición de pactos al margen de la legalidad y las amnistías de criminales de lesa humanidad, además de establecer la devolución de las personalidades jurídicas a los espacios cívicos y el referéndum como medida obligatoria.
Estas son disposiciones necesarias para garantizar que: los responsables de crímenes y violaciones de los derechos humanos sean llevados ante la justicia y se hagan responsables de sus actos; los partidos políticos y otros actores puedan actuar libremente y sin temor a la represión del Estado, lo que es esencial para la construcción de una sociedad democrática; la población tenga una voz directa en la toma de decisiones importantes, como la aprobación de una nueva Constitución, lo que es esencial para garantizar la participación ciudadana en la construcción de una sociedad democrática y justa.
La ONU y una ley para restablecer las libertades públicas
Mientras tanto, la medida número cinco propone establecer una Misión Internacional de la ONU para Nicaragua, que tendría como objetivo reforzar al Gobierno transicional mediante «la instalación de cascos azules en caso de posible violencia política ejercida por militantes del FSLN», con el fin de «ayudar al desarrollo de la transición y supervisar la desmovilización ordenada de los integrantes del Ejército a la vida civil tras su disolución constitucional».
Por otro lado, la medida número seis propone que el Legislativo apruebe una Ley Especial para el Restablecimiento de las Libertades Públicas «que regule ampliamente las nuevas condiciones y derechos de los trabajadores de prensa». Esto incluiría «la ausencia de censura previa», la protección de los periodistas exiliados y la forma en que el Estado debe proteger a los periodistas en situación de riesgo.
La libertad de prensa es un componente fundamental de una sociedad democrática y justa, y su restablecimiento en Nicaragua es esencial para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en todas las áreas del Gobierno, el Estado y la sociedad. Además, la protección de los periodistas es esencial para garantizar que puedan informar libremente y sin temor a represalias de cualquier sector o grupo.
Medidas generales de justicia transicional
La segunda parte del plan de 30 medidas de CALIDH se enfoca en medidas generales de justicia transicional. Las medidas de la siete a la 10 se centran en la importancia de reconocer los hechos del pasado y asegurar que las víctimas sean el centro de la atención y el proceso de justicia transicional en Nicaragua.
La medida siete propone que el Gobierno transicional pida perdón públicamente a las víctimas y sus familiares como primer acto. Esto es un gesto importante para reconocer las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen anterior y comenzar a construir la confianza necesaria para avanzar hacia una sociedad más justa.
Mientras tanto, la medida número ocho sugiere la creación de una Ley de Memoria Histórica y una Política Nacional de Memoria Histórica para establecer «responsabilidades específicas de todas las oficinas de Gobierno en las acciones de justicia transicional». Además, se propone someter la Ley de Memoria Histórica a la sociedad «a través del referendo como una forma» de permitir que la población participe en la construcción de la memoria histórica y de «reprochar los actos profundamente perversos del Gobierno anterior».
Por otro lado, la medida nueve indica que se debe invitar a la CIDH y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, para contribuir técnicamente con el Estado y las organizaciones de víctimas en la «correcta aplicación de las medidas de justicia transicional».
Por último, la medida número 10 del CALIDH propone la creación del Consejo Nacional de Memoria Histórica, para que esté «dé seguimiento sistemático a la Política Nacional de Memoria Histórica y que sirva de instancia general de planificación organizada de las medidas de justicia transicional, integrado con igual representación del Gobierno y las organizaciones de víctimas». El objetivo es asegurar que las víctimas sean escuchadas y que la memoria histórica se construya de manera justa y participativa.
Medidas de determinación de la verdad
Las medidas de determinación de la verdad son fundamentales para que se conozca la verdad sobre los hechos que llevaron a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y para que las víctimas y sus familias puedan encontrar la justicia que merecen. Al establecer una Comisión de la Verdad o de Esclarecimiento Histórico y darle un mandato para investigar las violaciones de derechos humanos desde 1979 o 2018, el Gobierno transicional puede comenzar a saldar la deuda con las víctimas de periodos anteriores y abordar todas las violencias, sus etapas y episodios.
Además, la Comisión debe ser imparcial y estar compuesta por expertos nacionales y extranjeros, hombres y mujeres, que no tengan vínculos políticos ni con las violaciones de derechos humanos que se buscan investigar. El Gobierno transicional también debe asegurar que no haya interferencia en los trabajos de la Comisión y proporcionar los recursos suficientes para que se realicen correctamente.
La Comisión debe reconstruir las violencias y hacer visibles los rostros de las víctimas desde 1979, a fin de que la memoria que se construya en Nicaragua sea completa y sin lagunas. La Comisión también debe llamar a perpetradores de mediana y baja participación en los crímenes de lesa humanidad a rendir su testimonio, y la Ley de Memoria Histórica determinará si se establece alguna medida atenuante o no, en consulta con las organizaciones de víctimas.
La Comisión tendrá dos finalidades: «construir una verdad general sobre la que el Estado orientará sus políticas de memoria, justicia y reparación a través de un informe final asequible y disponible para la ciudadanía», y «armar expedientes que pueda remitir a la justicia». «Al final de su mandato temporal, la Comisión deberá remitir todas sus indagaciones al Ministerio Público para realizar las acusaciones pertinentes ante el Poder Judicial, en dependencia del modelo de justicia especial que determine la Ley de Memoria Histórica», cita el CALIDH.
«La Comisión establecerá las responsabilidades del Estado en las graves violaciones de derechos humanos y comisión de crímenes de lesa humanidad. Se construirá un relato de cómo las oficinas del Estado se coligaron para atacar sistemáticamente a la población civil. Además, la Comisión construirá una ‘cartografía del horror’. Esta cartografía se elaborará sobre la base de los centros de detención oficiales o clandestinos, los centros de tortura, los lugares donde se cometieron graves violaciones de derechos humanos», expone el órgano, que nació en el exilio.
Medidas para el juzgar los responsables de crímenes de lesa humanidad
La medida número 20 propone que el modelo de justicia que se aplique en la transición del Estado debe tener en cuenta tres ejes: efectividad, reformas profundas al sistema de justicia y capacidad para juzgar a todos los responsables.
La efectividad se refiere a que las medidas judiciales tomadas sean efectivas en la lucha contra la impunidad y en la consecución de la justicia. Las reformas profundas al sistema de justicia implican cambios en la estructura, el funcionamiento y la cultura de la justicia para hacerla más eficaz, independiente e imparcial. Por último, la capacidad para juzgar a todos los responsables se refiere a que no se permita la impunidad de ninguna persona responsable de crímenes de lesa humanidad, sin importar su cargo, posición o influencia.
La medida número 21 expuesta por el CALIDH indica que el modelo de justicia debe ser muy bien elaborado y tener como lógica rectora la justicia por encima de la venganza y falsas reconciliaciones que busquen el perdón masivo de quienes son responsables de los crímenes de lesa humanidad. En otras palabras, se debe buscar la justicia verdadera, que implica la sanción de los responsables, y no una justicia aparente, que se limite a pedir perdón y no castigar a los culpables. También se señala que no se debe canjear falsos procesos de paz por justicia, es decir, no se deben aceptar acuerdos de paz que incluyan la impunidad de los responsables de los abusos y crímenes cometidos desde 2018 o antes en Nicaragua.
Por otro lado, la medida número 22 propone que se declare la vacancia absoluta de todos los cargos del Poder Judicial y en general del sistema de justicia, previo a una investigación de una comisión de la Asamblea Constituyente, para poder juzgar de la forma más imparcial posible a las personas que cometieron crímenes de lesa humanidad y otras formas de violación de derechos humanos. Esta medida busca eliminar la influencia de los responsables de la crisis en el sistema de justicia y asegurar que los juicios se realicen de manera independiente e imparcial.
La medida número 23 señala que el Poder Judicial debe reestructurarse conformando un Consejo General de la Magistratura encargado de nombrar, sancionar o destituir en adelante a las nuevas autoridades judiciales sin que estas se realicen por la voluntad de un partido político determinado. De esta forma, se busca evitar que los nombramientos de las autoridades judiciales estén influenciados por intereses políticos o partidistas y garantizar la independencia y la imparcialidad de la justicia.
Mientras tanto, la medida número 24 propone la organización de un Tribunal Constitucional independiente e imparcial que tenga la capacidad de aplicar la Ley de Justicia Constitucional. Este tribunal serviría como órgano fiscalizador para asegurar que los jueces y tribunales sigan un sentido de justicia transicional. Además, la medida número 25 propone que la Asamblea General Constituyente decida mediante la Ley de Memoria Histórica la determinación del tiempo que abarcará la justicia transicional, y la reforma del Código Penal para establecer la imprescriptibilidad de los delitos relacionados con crímenes de lesa humanidad.
Modelos de justicia
Las medidas de la 26 a la 29 establecen diferentes modelos de justicia para abordar los crímenes de lesa humanidad en el país. El primer modelo implica la ratificación del Estatuto de Roma y la posibilidad de retrotraer la competencia temporal para juzgar a los responsables más altos. El segundo modelo establece un sistema de atenuación y reducción de penas para los responsables medios y bajos que colaboren con la justicia. El tercer modelo propone la aplicación integral de todas las leyes, delitos y penas sin contemplar reducciones o atenuaciones por colaboración. Además, se sugiere la creación de instituciones especializadas para investigar y juzgar estos crímenes.
Medidas generales de reparación y memoria colectiva
Para finalizar su propuesta, la organización establece medidas generales para reparar y preservar la memoria colectiva de las víctimas de la violencia en el país. Estas medidas incluyen la creación de un Museo Nacional de la Memoria basado en el informe de la Comisión de la Verdad y el Consejo Nacional de Memoria Histórica, la prohibición de los símbolos relacionados con el FSLN y la creación de lugares de la memoria en todo el territorio nicaragüense. También se propone una política nacional de comunicación para promover la verdad y la memoria, se investigará cómo la represión afectó a grupos vulnerables y se establecerán medidas punitivas para prohibir el negacionismo del terrorismo de Estado.
Además, se propone establecer programas de reparación para las víctimas de la represión, devolver los bienes confiscados y ofrecer atención psicosocial a las personas afectadas. También el CALIDH recomienda un programa de educación nacional e integral en derechos humanos y cultura de paz, así como una estrategia efectiva con los pueblos indígenas y afrodescendientes del país para detener la represión en sus tierras y territorios.
Investigación imparcial y exhaustiva, identificación y sanción de las y los responsables, reparación a las víctimas, garantías de no repetición, diálogo nacional, proyectos de memoria y la construcción de una cultura de paz con verdad y justicia.
En resumen, la propuesta del CALIDH fue pensada para lograr la responsabilidad individual en un proceso colectivo. Invita en todo momento a ampliar y aplicar los principios de la justicia transicional en Nicaragua, un enfoque que se utiliza en situaciones de transición política o de posconflicto, y que busca garantizar la rendición de cuentas, la verdad, la reparación y la no repetición de las violaciones, abusos y crímenes contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto.
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