Los "consultados" por los diputados demandaron "justicia" en el caso de los religiosos que, según ellos, apoyaron las protestas antigubernamentales del 2018.
Periodistas independientes han calificado las normativas como "ley mordaza" y Human Rights Watch lo ha calificado como un "ataque a la libertad de expresión".
En América Latina es donde se registran más altos índices de condiciones complejas para ejercer periodismo. Nicaragua se considera en una "situación difícil".