La represión del régimen sandinista hacia sus opositores ha ido tomando nuevas características. Si en el 2018 fueron los asesinatos y el encarcelamiento, ahora a sumado el destierro, el despojo de la nacionalidad, las confiscaciones y otras medidas no menos brutales.
De las arremetidas de la dictadura Ortega-Murillo nadie se escapa, la lista incluye activistas opositores, Iglesia católica, universidades, organizaciones no gubernamentales, empresarios y hasta los mismos allegados al régimen, sin importar su estatus, la muestra fehaciente de ello, es la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, quien fue purgada de las estructuras de poder, pese a ser una leal al sistema represivo.
1- Destierros
Entre la noche del miércoles 8 de febrero y la madrugada del jueves 9, los presos políticos que se encontraban recluidos en distintas celdas de Auxilio Judicial “El Chipote” y en otras del Sistema Penitenciario, empezaron a notar actitudes raras de parte de sus carceleros, les ordenaron cambiarse ropa, fueron removidos y trasladados bajo misterio hacia el Aeropuerto Internacional de Managua. Horas después Nicaragua acaparó los titulares de los medios de comunicación internacionales.
El régimen Ortega-Murillo tomó la decisión de liberar, bajo razones aún no explicadas, a 222 de los 254 presos políticos. Pero no todo fue tan dulce, el sabor amargo se empezó a sentir en horas de la mañana del jueves.
Los presos políticos fueron desterrados de Nicaragua en un avión rumbo al Aeropuerto Internacional de Dulles en Washington, Estados Unidos, esto luego de negociaciones con el entonces embajador de ese país en Nicaragua, Kevin Sullivan.
Excarcelados políticos en el avión que los llevaba a Estados Unidos. Foto: gobierno de EE.UU.
2- Desnacionalizaciones
Mientras los presos políticos iban en el vuelo 379 de un avión de la aerolínea Omni Air International facilitado por el gobierno de Estados Unidos, los diputados de la Asamblea Nacional en Nicaragua sesionaron desde temprano con carácter de “urgencia”, para reformar el artículo 21 de la Constitución Política y aprobar la Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense, para declararlos apátridas, violando incluso convenios internacionales sobre derechos humanos.
Nueve días después, el 15 de febrero, el régimen le arrebató la nacionalidad a otros 94 nicaragüenses, declarados como “traidores de la patria” en un comunicado leído por el magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua, Ernesto Rodríguez Mejía. Estas acciones valieron el repudio internacional a la dictadura Ortega-Murillo. En respuesta, España le ha dado la nacionalidad a una enorme cantidad de estas personas.
3- Confiscaciones a ciudadanos nicaragüenses
Los desmanes del régimen no terminaron ahí, los nicaragüenses a los que se les despojó de su nacionalidad violando el Código Procesal Penal y la Constitución, también fueron inhabilitados de ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos ciudadanos de manera perpetua. Pero no conforme con eso, la dictadura dirigida por Daniel Ortega y Rosario Murillo les confiscó sus bienes.
Así Ortega volvió a revivir nuevamente el fantasma de las confiscaciones de los años ochenta, pero esta vez fue más feroz, pese a que el artículo 44 de la Constitución Política se lo prohíbe.
La lista no se quedó solo en estos 316 ciudadanos, también la engrosaron grandes empresarios como Piero Coen Ubilla, a quien incluso le abrió una causa judicial por un delito no precisado en contra del Estado y la sociedad nicaragüense, y organismos no gubernamentales.
4- Nicaragua sin Semana Santa
Otro hecho que significó un precedente este 2023 fueron las prohibiciones que el régimen impuso en Semana Santa, el período del año más importante para los cristianos católicos.
Daniel Ortega y Rosario Murillo prohibieron las procesiones y eventos religiosos abiertos argumentando “razones de seguridad”. Miles de nicaragüenses no pudieron acompañar los viacrucis ni ningún otro tipo de actividad característica de esa época, y los pocos que se pudieron realizar fue dentro de las parroquias o a escondidas. Las prohibiciones fueron repudiadas por la población.
Organizaciones como el Monitoreo Azul y Blanco reportaron 71 incidentes relacionados a violaciones a los derechos humanos en Semana Santa, entre ellos 21 detenciones arbitrarias. Las principales víctimas fueron periodistas como el corresponsal de Canal 10 en Nandaime, Víctor Ticay, activistas opositores, sacerdotes y laicos de la Iglesia católica.
5- Confiscación de la UCA
Tras meses de amenazas en una guerra anunciada, el régimen logró su cometido, el 15 de agosto la Juez Décimo Distrito Penal de Audiencias de Managua, Gloria María Saavedra Corrales, ordenó la incautación de todos los bienes inmuebles y de las cuentas bancarias de la Universidad Centroamericana (UCA), acusándola de “terrorismo”.
Dos días después y tan solo uno antes de que se le cancelara la personería jurídica, el régimen anunció la creación de la «Universidad Casimiro Sotelo Montenegro» en las instalaciones de la UCA, tratando de borrar 63 años en la historia de la educación superior de Nicaragua. Esto sumó en la incertidumbre a 546 docentes y trabajadores, y dejando en el limbo a más de 5 mil estudiantes.
6- Confiscación del INCAE
El 25 de septiembre le llegó el momento al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), el régimen canceló su personería jurídica por supuesto incumplimiento a las leyes, pero además confiscó sus bienes muebles e inmuebles, y ordenó a la Procuraduría General de la República que estos fueran trasladados a nombre del Estado de Nicaragua.
El INCAE nació en 1963 por iniciativa de los gobiernos y empresarios centroamericanos, apoyados por el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy y Harvard Business School, con el objetivo de fortalecer la educación empresarial en la región. Su rector es Enrique Bolaños Abaunza, hijo del expresidente Enrique Bolaños Geyer (Q.E.P.D.).
En 2019, el prestigioso instituto regional sirvió de sede para el fallido Diálogo Nacional entre el régimen de Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), en el marco de la crisis sociopolítica, por lo que opositores catalogaron la acción del régimen como una represalia. El pasado 11 de diciembre el INCAE anunció que abrirá en 2024 su Centro Ejecutivo en Panamá.
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