Es falso el oficio mediante el cual la dictadura de Daniel Ortega confiscó a la Universidad Centroamericana (UCA), afirmó a Nicaragua Investiga un abogado que pidió el anonimato, alegando que el número de expediente plasmado en el documento pertenece a otro proceso judicial en el que no está relacionada la universidad robada a los jesuitas.
La confiscación, o incautación como le llamaron, fue ordenada por la jueza Décimo Distrito Penal de Audiencias de Managua, Gloria Saavedra, y señala que se corresponde con el asunto o expediente judicial número 000062-ORM4-2023PN.
Sin embargo, ese número de expediente es el mismo que aparece en un proceso judicial, abierto en enero de este año 2023, en contra del ciudadano Lenín Antonio Obando Méndez, quien, según el expediente electrónico, ya fue sentenciado por el delito de robo con violencia e intimidación. Por tanto, se trata de un caso en el que nada tiene que ver la UCA.
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«El oficio con el que confiscaron a la UCA es arbitrario, ilegal y falso. Únicamente fue la mampara que utilizaron para el despojo, pero en sí no existe tal acusación presentada, porque el número al que se refiere la notificación, corresponde a un caso de un delito común, ya con sentencia radicado en el juzgado Tercero de Distrito Penal de Juicio (de Managua)», explicó el jurista.
Según la fuente, todo se trató de la simulación de un acto jurídico con el propósito de despojar a la UCA y seguir con los actos de desprestigio contra la iglesia católica y en particular de la UCA y sus directivos.
Arriba una imagen del expediente electrónico número 000062-ORM4-2023PN, que no está relacionado con la UCA. Abajo el oficio en el que se afirma que el número de expediente de la confiscación es el mismo 000062-ORM4-2023PN. CAPTURAS DE PANTALLA
Por eso no hay acusados
El letrado agregó que esa falsedad explicaría el por qué la justicia orteguista no acusó a nadie en el caso de la UCA, porque no existe una acusación, siendo que señalaron a la universidad como un «centro de terrorismo, pero no imputaron a ningún supuesto «terrorista».
Ello también explicaría el por qué en julio de 2022 no dejaron entrar a Nicaragua al exrector de la UCA, el padre José Idiáquez, quien andaba en México tratándose médicamente.
El padre Idiáquez era el rector en 2018, cuando según el régimen se habrían producido los supuestos «actos terroristas».
«Ellos (dictadura) saben bien que quien autorizó marchas y el museo Víctimas de Abril fue el padre Idiáquez, por eso cuando el padre regresa de México, que se andaba tratando médicamente, no lo dejaron entrar a Nicaragua» concluyó el abogado.
La UCA fue confiscada a mediados de agosto del 2023 y, en su lugar, el régimen creó la Universidad Casimiro Sotelo.
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