La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Wendy Carolina Morales Urbina, procuradora general de la República de Nicaragua, por “ser cómplice de la opresión del régimen Ortega-Murillo”.

“La acción de hoy, tomada de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13851, según enmendada, apunta a un actor clave en la injusta persecución del régimen nicaragüense contra los presos políticos y la sociedad civil dentro del país”, detalla la publicación del sitio web oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El subsecretario del Tesoro para el Terrorismo y Inteligencia Financiera, Brian Nelson, dijo que la procuradora nicaragüense “en concierto” con el régimen Ortega-Murillo “ha explotado su cargo para facilitar una campaña coordinada para reprimir la disidencia confiscando propiedades de opositores políticos del gobierno sin base legal”.

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Agregó que Estados Unidos “reitera su apoyo permanente” al pueblo nicaragüense, que mantiene el rechazo “valientemente al autoritarismo del presidente Ortega y su círculo íntimo”.

Responsable de «robar» bienes inmuebles

En el comunicado de prensa fechado este jueves 21 de marzo, el Departamento del Tesoro señala que Morales, quien ocupa el cargo de procuradora general de Nicaragua desde su designación el 10 de mayo de 2019, “es responsable de permitir que el régimen Ortega-Murillo robara bienes inmuebles que anteriormente pertenecían a medios de comunicación independientes, organizaciones internacionales y presos políticos”.

Sostiene que ha demostrado “ser leal” al régimen Ortega-Murillo, y que tiene un gran poder “para determinar quién recibe las propiedades” confiscadas.

“En varias ocasiones Morales Urbina apareció en su capacidad oficial en varios edificios privados, presentó escrituras a nuevos propietarios y declaró que las propiedades ahora estaban destinadas a uso público”, detallan.

En los últimos años el régimen de Ortega ha cancelado más de 3 mil organizaciones no gubernamentales, a las cuales les han confiscado sus bienes, que conforme a los acuerdos publicados en La Gaceta por el Ministerio del Interior (antes de Gobernación) pasan a manos del Estado.

En este sentido, el gobierno de Estados Unidos señala directamente a Wendy Morales, en calidad de procuradora general de “apoderarse” de las propiedades de estas oenegés “en virtud de una ley explícita para suprimir la libertad de asociación”.

Un personaje «clave»

Estados Unidos también indica que la procuradora llevó a cabo el “despojo de todas las propiedades” de los 222 presos políticos que fueron desterrados de Nicaragua en febrero de 2023, así como ser “clave” en la formulación de una estrategia para designar como terroristas a miembros de la oposición nicaragüense y para bloquearles sus recursos financieros.

Las autoridades estadounidenses también hacen referencia al hecho de que el nombramiento de Wendy Morales como procuradora general de la República no cumple con los requerimientos establecidos por las leyes de Nicaragua.

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“Morales Urbina fue nombrada procuradora general en 2019 en violación de la ley nicaragüense, ya que no había ejercido la abogacía durante los 10 años requeridos antes de su nombramiento”, señalan.

¿Cuáles son las implicaciones de las sanciones?

De acuerdo con lo expuesto por el gobierno de Estados Unidos, todas las propiedades que Wendy Morales tenga en ese país o que estén en control de personas estadounidenses “están bloqueadas y deben informarse a la OFAC”.

“También se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas”, agregan.

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El Departamento del Tesoro advierte que aquellas “instituciones financieras y otras personas que realicen ciertas transacciones o actividades” con Morales Urbina, “pueden exponerse a sanciones o estar sujetos a una acción coercitiva”.

“Las prohibiciones incluyen realizar cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada, o recibir cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona”, sostiene en el comunicado.

En el documento resaltan que Daniel Ortega “gobierna con un grupo muy unido de figuras confiables en la policía, el ejército y el parlamento”.