La economía de Nicaragua está mejor, de acuerdo a la agencia calificadora de riesgo crediticio Moody’s Ratings. Esta asegura que el régimen de Daniel Ortega ha logrado sortear las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países, lo que sumado a otras estrategias y el constante aumento de las remesas, hicieron que el país mejore su calificación.

Moody’s Ratings expone que Nicaragua pasó de la categoría de riesgo “B3” a “B2”, con una “perspectiva estable”.

De acuerdo a los rangos de calificación de las agencias, la “B” sugiere que hay susceptibilidad de “riesgos crediticios”; y con un aumento de escala de B1 hasta B3, cuanto mayor es el número, más alto es el riesgo.

“La calificación B2 también tiene en cuenta las instituciones débiles y la alta susceptibilidad a eventos de riesgo, en particular al riesgo político”, explica la agencia calificadora en un documento de 9 páginas, publicado en inglés, con fecha del viernes 15 de marzo.

Aumento de las reservas internacionales

Según el informe, el perfil crediticio de Nicaragua ha mejorado “debido a la acumulación de importantes reservas fiscales y externas”, cuyo resultado viene de los “esfuerzos políticos concertados de las autoridades para mitigar los desafíos derivados de las sanciones internacionales”.

Reservas internacionales de Nicaragua superan los 5,100 millones de dólares

En los últimos meses se ha visto cómo mes a mes las reservas internacionales brutas (RIB) han aumentado considerablemente, a tal punto que hasta finales de febrero de este 2024 estas alcanzaron los 5,607.1 millones de dólares, de acuerdo a datos proporcionados por el Banco Central de Nicaragua (BCN).

El aumento de 135.5 millones que tuvieron las RIB en febrero fue impulsado por “las compras netas de divisas en la mesa de cambio del BCN y la entrada de recursos externos al Sector Público No Financiero (SPNF)”, detalló la entidad emisora en un reciente informe publicado el 8 de marzo.

El acumular reservas habría sido una de las estrategias utilizadas por el régimen para evadir las sanciones impuestas por distintos países, que le podían cerrar las puertas de organismo financieros internacionales, ya que estas le permiten tener con qué responder a los préstamos, lo que genera cierto grado de confianza y por ende opciones de financiamiento.

“Aunque las sanciones limitan las opciones de financiación externa del soberano y plantean riesgos a la baja para la economía en caso de que interrumpan los flujos de inversión, los superávits fiscales y de cuenta corriente junto con los esfuerzos para atraer el financiamiento y la inversión chinos mejoran la resiliencia de la economía ante posibles shocks en comparación a la anterior evaluación de Moody’s”, explican en el documento.

Susceptible a riesgos políticos

Señalan que el régimen ha logrado “sortear” los shocks anteriores, y que lo ha combinado con políticas prudentes de estabilidad macroeconómica; sin embargo, el alcanzar la categoría “B2” hace que se sigan teniendo en cuentas “las instituciones débiles, y una alta susceptibilidad a eventos de riesgo, particularmente riesgos políticos”.

Entre esos riesgos políticos está el que se puedan aplicar sanciones más estrictas y una disminución en la proporción de préstamos.

“El techo país en moneda local de Nicaragua se ha elevado de B1 a Ba3, mientras que el techo país en moneda extranjera se elevó a B1 desde B2. La brecha de dos niveles entre el techo en moneda local y la calificación soberana refleja una huella gubernamental relativamente limitada en la economía, previsibilidad y confiabilidad débiles de las instituciones, moderada desequilibrios externos y elevados riesgos políticos internos”, agregan.

Moody’s Ratings también explica que el acceso al crédito externo no se ha visto limitado por la Ley Nicaragüense de Condicionalidad de las Inversiones (Nica Act) y la Ley Renacer, de Estados Unidos, aunque este país haya aumentado el número de personas sancionadas en Nicaragua y reforzado la aplicación de las sanciones existentes.

Reservas cubrirían necesidades hasta 2026

“Moody’s estima que en un escenario adverso en el que los flujos de financiamiento hacia Nicaragua se detuvieran por completo, las actuales reservas fiscales cubrirían las necesidades brutas de financiamiento del Estado hasta 2026”, señala el informe de la calificadora.

Para poder garantizar estabilidad financiera, el régimen Ortega-Murillo se ha dedicado a acumular reservas internacionales y fiscales, así como ajustar el presupuesto general de la república. Esto le ha permitido tener “solvencia” frente a las sanciones vigentes que podrían llegar a interrumpir el financiamiento.

“El colchón de reservas internacionales, combinado con el colchón de reservas fiscales, ayuda a mitigar los riesgos de posibles perturbaciones, al tiempo que otorga a las autoridades un alto nivel de flexibilidad política”, expone Moody’s.

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Claves que mantienen el “colchón” financiero

El régimen ha logrado mejorar su calificación de riesgo gracias a tres puntos claves importantes: el constante aumento de las remesas desde 2021, la entrada sostenida de Inversión Extranjera Directa (IED) y el aumento de los ingresos fiscales, que es efecto de la reforma tributaria de 2019.

Estos tres puntos claves podría llevar a que el colchón de reservas externas alcance el 30 por ciento del producto interno bruto (PIB) para fines de 2024, y mitiguen los riesgos que pueda enfrentar la economía.

“Las grandes entradas de remesas han llevado a una crisis estructural. Las entradas de divisas procedentes de las remesas han hecho que la cuenta corriente vuelva a alcanzar un superávit”, explica el documento de Moody’s.

En cuanto al aumento de la recaudación fiscal, Moody’s Ratings señala que es producto de “una moderación de los salarios públicos y el gasto social”; una de estas muestras fue el aumento escalonado en los salarios de los trabajadores estatales, que fue relativamente mínimo y solo aplicado a los de más bajos ingresos.

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Inestabilidad política genera riesgo

Pese a que estos tres puntos medulares han contribuido a cierta estabilidad económica, Moody’s explica que la debilidad de Nicaragua tiene que ver con el Estado de derecho y el control de la corrupción que lo ubica entre los más bajos.

“La falta de un sistema creíble de controles y equilibrios políticos que fomente el debate político y obstaculice la voz y la rendición de cuentas, y una percepción disminuida de que las instituciones del país defienden el respeto por los contratos y la propiedad privada y otorgan seguridad a las inversiones, pesan sobre las instituciones y la fortaleza de la gobernanza de Nicaragua”, agrega la agencia calificadora.

Expone que “las tensiones políticas internas y externas aumentan el riesgo de que se impongan sanciones más severas al país, lo que podría poner en peligro los flujos comerciales y financieros y provocar perturbaciones económicas que podrían afectar a la economía”.