La Esperanza: una palabra poco alentadora para las mujeres en Nicaragua

El Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM), mejor conocido como «La Esperanza», es el único sistema penal del país exclusivo para mujeres. Este fue inaugurado el 10 de diciembre de 1987 con una capacidad para 120 internas. A poco más de cinco años de su funcionamiento un artículo publicado por la revista Envío señalaba que para entonces solo habían 40 internas y nunca había estado lleno, además lo describían como el centro penitenciario con mejores condiciones en el país. Sin embargo, tras más de 20 años de su inauguración varias mujeres han denunciado un panorama totalmente distinto.

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Tras las detenciones masivas de 2018 varias mujeres que participaron de las protestas antigubernamentales y fueron posteriormente encarceladas en La Esperanza compartieron algunas de las arbitrariedades que presenciaron de primera mano, mismas que no solo estuvieron dirigidas hacia ellas por ser presas políticas, sino que también pudieron constatar el estado en el que se encuentran desde hace varios años el resto de reclusas comunes.

Yaritza Rostrán, ex presa política, comparte que la primera impresión que se llevó en el EPIM es que tenía mucho miedo pero al ver a mujeres barriendo y flores en la entrada «pensé que no podía ser un lugar tan malo como imaginaba, sin embargo a nosotras nos esperaba un trato distinto» y nunca tuvieron el privilegio de salir por momentos de sus celdas. Durante todo el tiempo de su detención únicamente les permitieron tener patio sol una vez a la semana y en ocasiones las castigaban hasta por dos o tres semanas sin salida.

Por otro lado, Rostrán asegura que ellas tuvieron otro tipo de «beneficio». La Esperanza se divide en tres pabellones, del lado derecho, en los pabellones 4 y 5, se encontraban las reas mayores, con enfermedades cardiacas o con algún otro padecimiento crónico, dentro de estos pabellones fueron ubicadas las reas políticas. Rostrán asegura que acá la situación «era mucho más llevable» pues en el resto de galerones donde se encontraban las reas comunes la situación era aún más deplorable. «La cantidad de insectos, ratas, cucarachas, es mayor en los pabellones» asegura.

Las condiciones entre ser rea política y ser rea común son bastante distintas, como destacan las entrevistadas, pero al final todas han sufrido la crítica situación de los sistemas penitenciarios del país. «Son situaciones diferentes, obviamente las dos fueron horribles, y ellas aunque hayan cometido algún delito no se merecen el hacinamiento y la insalubridad en la que viven, y el estado de vulnerabilidad que padecen en esas condiciones tan deporables» señala Rostrán.

Bajo hacinamiento

Rostrán comparte que dentro de La Esperanza, como resto de cárceles de Nicaragua, las reas se encuentran en hacinamiento. Durante los meses que estuvo detenida, asegura que en los pabellones que eran para máximo 200 mujeres, habían hasta 500. «Realmente la infraestructura no presta condiciones para albergar a tantas mujeres de la forma masiva como están» destaca la joven.

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En la celda donde ellas estuvieron ubicadas, la cual describe como del tamaño de una sala pequeña, llegaron a ser hasta 15 reclusas, y algunas incluso no tenían espacio donde dormir.

Maltratos de funcionarias

Al igual que ellas, Rostrán asegura que las reas comunes reciben el mismo maltrato a lo que reconoce como un «ambiente horrible». Comparte que a las mujeres en detención les son canceladas las visitas de sus familiares si se portan mal y «obviamente las presas comunes les tienen más miedo a las funcionarias porque las golpean y todo eso» en su caso asegura que era diferente pues las mantenían recluidas y no las dejaban ver a nadie «nosotras estabámos como en máxima seguridad».

Establecimiento Penitenciario de Mujeres (EPIM) | Cortesía

De igual forma, se les prohibía hablar con las reas políticas, cuando ellas iban a comprar al bar las reas comunes eran obligadas a retirarse del lugar. Entablar conversación con ellas también era algo por lo que podían ser castigadas. «El maltrato que sufren en las cárceles es una cuestión ya naturalizada, y eso no es de ahorita, hay mujeres que llevan ahí 20 años que por más que se esfuercen no logran tener —por así decirlo— beneficios de alguna manera, porque es que ahí no existen esos beneficios, la cárcel no está hecha realmente para reintegrar a estas mujeres sino para perpetuar realmente la vulnerabilidad» sostiene Rostrán.

Salud desatendida

El puesto médico dentro del EPIM es bastante pequeño y no cuenta con los equipos médicos necesarios para tratar enfermedades graves, según describe Rostrán y recuerda el caso de Brenda Muñoz, quien tiene cáncer hepático y se desmayó varias veces «y no tenían ni siquiera como tratarla», o el caso de Ruth Matute, otra presa política que casi muere porque tenía un marcapasos en el corazón «y nunca tuvieron condiciones para darle seguimiento», aún cuando ella solicitó durante dos meses ser atendida por un médico.

Asimismo, las mujeres dentro del penal no cuentan con un ginecólogo y no hay un especialista en obstetricia que se encargue de las mujeres que están embarazadas o que acaban de dar a luz dentro de La Esperanza, según señala Rostrán. «Realmente no tiene el sistema las condiciones para dar respuesta a las necesidades de las prisioneras, ya sean políticas o comunes».

Precariedad generalizada

Wendy Juárez, de 29 años, es otra ex presa política que aunque no fue movilizada hasta el penal La Esperanza, coincide en que dentro de El Chipote nuevo la precariedad también está presente. Juárez aún recuerda el olor a moho en las colchonetas, las cucarachas y arañas en los cuartos, el «calor infernal» del día y el «frío inaguantable» de la noche.

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Las irregularidades estuvieron presentes desde el momento de su detención pues, oficialmente El Chipote supone ser un centro transitorio en el que pasan entre 48 a 72 horas máximo, y posteriormente son trasladadas al EPIM. Sin embargo, ella fue retenida junto al resto del grupo por 46 días en El Chipote, lo que ocasionó que durante más de un mes no tuviesen cobijas o toallas, ya que esos artículos son aceptados una vez se trasladan a La Esperanza.

«En La Esperanza hay más acceso porque ya son condenadas o ya están en el proceso» asegura, y recuerda como pasaron hasta once días con el mismo uniforme azul y solo tenían derecho a dos cambios de ropa interior. En un punto sus familiares tuvieron que pelear para que les permitieran ingresar productos de limpieza.

De igual forma, como El Chipote supone ser un punto transitorio, las comidas son pasadas por los familiares diariamente. Juárez sostiene que uno de los olores que más recuerda es el de la basura pues muchas veces los oficiales introdujeron los platos que dejaban sus familiares en el portón dentro del mismo saco donde sacaban la basura, el olor era tal que muchas veces no lograban siquiera comer. Los policías introducían las manos sucias en la comida que les llevaban, les robaban la carne y pasaban únicamente el arroz, cortaban los mensajes que les dejaban sus familiares en los platos descartables, y al inicio de su detención no les dejaban siquiera pasar agua, lo cual cambió a solicitud de un médico luego de que contrageran una bacteria que les causó diarrea, vómito y fiebre.

Juárez detalla las «precarias» condiciones del penal y asegura que aunque «se ensañan más con los presos políticos, el trato no deja de ser inhumano para los demás reclusos». Comenta que en su celda habían reas comunes, una de ellas fue Nidia Quintana, del caso de la pareja de ancianos asesinados en Altamira, con quien recuerda hubo siempre un trato de respeto y nunca hubo malos comportamientos. Sin embargo, siempre hubieron hostigamientos por parte de las autoridades para generar algún tipo de discusión entre las reclusas comunes y ellas. «Les decían que nosotras éramos las intocables para que el preso común ya llevará algo en contra de nosotras».

«Esto ha sido siempre igual, las arbitrariedades no vienen desde el 2018 sino desde antes» y destaca como Quintana pasó más de 15 días con ellas en El Chipote «cuando su caso no tenía nada que ver con política y ella debió ser trasladada a las 72 horas máximo al Sistema Penitenciario de La Esperanza».

Condiciones inhumanas

La abogada Yonarqui Martínez afirma que, aunque el EPIM tiene un estado diferente al resto de centros de detención del país pues lo considera «un poco más limpio», las condiciones inhumanas son iguales al resto. «Tienen el mismo problema del agua, el mismo problema del hacinamiento, y existe también maltrato físico y psicológico» y muchas incluso expresan haber sido víctimas de violencia sexual o de haber recibido enamoramientos y tocamientos indebidos de parte de custodias del sistema penitenciario.

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«La falta de condiciones está en todos los centros de detención del país, no desde 2018, los que defendemos a personas privadas de libertad, más aún en las mujeres, en todos los centros de detención… siempre ha sido constante, tanto en los comunes como en los políticos. Las condiciones no han cambiado, puede que en El Chipote hayan nuevas celdas construidas pero el maltrato siempre es el mismo» sostiene la abogada.

La crisis sociopolítica y las detenciones masivas llevadas a cabo en 2018 permitió poner sobre la mesa el tema de la falta de condiciones mínimas dentro de los sistemas penales del país. Una problemática de la cual las presas políticas que fueron liberadas en 2019 pueden ahora dar testimonio.

«Yo creo que este régimen ha sido violador de los derechos humanos desde los 80, y no veo que ellos hasta ahora hagan esto, sino que tienen prácticas de años» sostiene Juárez. De igual forma, Rostrán considera que este tema «es una cuestión institucional», «es una cuestión de Estado».