3 cosas que debe saber sobre la boleta electoral 2021

Este sábado 23 de octubre, a solo 15 días de realizarse una de las elecciones generales más cuestionadas en la historia reciente de Nicaragua, las autoridades del Consejo Supremo Electoral anunciaron que concluyó el proceso de impresión de las boletas electorales.

En las últimas elecciones, Arte Digital S.A, ARDISA fue la empresa seleccionada para esa tarea. Esta imprenta es propiedad del Grupo Promérica, que la adquirió junto a El Nuevo Diario en el año 2011, a como lo constata la misma empresa en su sitio web.

Las fricciones generadas entre el gobierno de Daniel Ortega y el empresariado nicaragüense a raíz de la crisis de 2018 influyeron en esta antigua relación comercial. Ortega acusó a la empresa privada de apoyar “un golpe de Estado” en su contra y los amenazó, luego que estos impulsaron tres paros nacionales en el país.

Impresión de boletas en Ardisa en comicios pasados | Foto: Tomada de END.

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En septiembre de 2019 y tras una campaña intensiva impulsada por los medios oficialistas en contra del Banco de la Producción Banpro -perteneciente al Grupo Promérica – y que incluyó acusaciones por supuesto “lavado de dinero”, El Nuevo Diario, también propiedad de este consorcio, anunció sorpresivamente su cierre alegando “dificultades económicas, técnicas y logísticas” para seguir operando.

El pasado 16 de junio, Luis Rivas Anduray, gerente general del Banpro fue arrestado por el gobierno, primero bajo cargos de “atentar contra la soberanía nacional” y más tarde, se le imputó el delito de “posesión ilegal de armas”.

Es bajo este contexto que el gobierno decide buscar otra opción para la impresión de las boletas electorales. Aquí le contamos tres cosas que debe saber sobre este proceso.

1. Opacidad total

A pesar de lo dispuesto en la Ley 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público que indica que “la escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación” y que se debe garantizar “el acceso a los oferentes efectivos o potenciales” a toda la información necesaria para poder competir en el proceso, no se conoció sobre la publicación de la convocatoria a este proceso por parte del Estado.

La Ley obliga a las autoridades del Poder Electoral a publicar esta licitación en La Gaceta, Diario Oficial, así como el en sitio Nicaragua Compra, pero no hay registros de que esto haya sucedido.

El Consejo Supremo Electoral tampoco informó cuánto dinero costó cada una de las más de 5 millones 300 mil boletas que imprimió.

A partir de las elecciones generales de 2016 se empezó a utilizar una boleta única para el proceso de votación con el fin de ahorrar recursos, ya que antes se utilizaban cuatro para cada bloque a elegir; presidente y vicepresidente, diputados nacionales, departamentales y diputados ante el parlamento centroamericano.

Más de 5.3 millones de boletas se imprimieron en 7 días en Inpasa | Foto: Prensa oficialista.

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Sin embargo, el costo de las elecciones se ha aumentado desde entonces. De acuerdo con el presupuesto del CSE las elecciones de 2016 fueron 44 millones de córdobas más caras que las de 2011.

En 2011 se asignó al CSE una partida de 887.5 millones de córdobas para la organización de los comicios, mientras en 2016 esa cifra alcanzó los 931.5 millones de córdobas.

Para este año, se destinó a este Poder del Estado un monto de 773.4 millones de córdobas, un monto menor, pero que sube en más de un 20% la partida de reembolso a los partidos políticos, lo que le restituye con dinero de los nicaragüenses los gastos realizados para promover su campaña electoral.

2. INPASA y las presiones de Caruna

Inversiones Papeleras S.A INPASA, fue la encargada del proceso de impresión. Una imprenta comercial que en febrero pasado estaba sumergida en una crisis financiera que la cercaba a la disolución. En ese momento, su gerente general Carlos Rivera Álvarez denunció que la Caja Rural Nacional R.L, CARUNA, que movía fondos de la cooperación venezolana bajo control de la familia presidencial, pretendía despojarlo de la empresa y llevarlo a la cárcel.

La razón era que en 2011 INPASA adquirió un crédito con CARUNA para la impresión de material escolar. El préstamo no pudo ser saldado en los plazos establecidos y la cooperativa de ahorro y crédito le exigía subastar la imprenta para pagar la deuda.

Según explicó Rivera en una entrevista con Nicaragua Investiga, CARUNA se negaba a aceptar una propiedad de mayor valor en forma de pago, y estaban determinados en tomarse la imprenta comercial.

“¿Que están escondiendo? ¿algo se están reservando con el edificio o realmente se quieren meter al negocio porque no tienen ninguna imprenta?”, señaló el empresario en ese momento. Inpasa fue tomada como prenda por parte de Caruna y desde el año 2016 ambas mantenían una reñida disputa en los juzgados, en la cual Caruna llevaba una considerable ventaja.

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El empresario dijo entonces que desde que Caruna inició la demanda contra ellos en 2016, “Inpasa prácticamente desapareció del mercado nacional” porque no podían participar en licitaciones dado que la Ley de Contrataciones establece que empresas que están en alguna situación legal no pueden participar. “A Inpasa la han empobrecido, nos han ido dejando fuera del camino de trabajo, nadie nos quiere dar un crédito, nos han cerrado todos los caminos y ahora encima quieren la empresa por medios ilegales” agregó.

Finalmente, Inpasa apareció como la encargada de la millonaria impresión de las boletas electorales este 23 de octubre.

3. Una boleta para la historia

Aunque estos son los comicios más cuestionados de la historia reciente de Nicaragua, no cabe duda de que por las circunstancias en que se realizan son históricos.

Con ellos, Daniel Ortega se consolidará ante la comunidad internacional como una dictadura. “Una de las peores del mundo”, en palabras del jefe de la diplomacia europea Joseph Borrell.

Son las primeras elecciones después de las históricas protestas sociales de 2018 y de la violenta respuesta estatal que le vio señalado como perpetrador de crímenes de lesa humanidad por parte de organismos internacionales de derechos humanos.

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328 personas murieron en ese período y más de 100 mil se exiliaron. Más de 30 líderes de oposición, empresarios y periodistas fueron arrestados, entre ellos siete aspirantes presidenciales.

La boleta electoral es un registro histórico de quiénes validaron esos actos, de acuerdo con activistas de derechos humanos.

“Son algunos partidos zancudos que hoy son parte de la farsa electoral y los que sin escrúpulos prefieren prebendas a la dignidad, que se alimentan entre sí y sostienen también a este régimen”, dijo la activista de derechos humanos Haydeé Castillo durante el foro internacional “Fraude electoral del 7 de noviembre en Nicaragua”.