Los diputados del parlamento costarricense aprobaron una moción de orden, el pasado 15 de septiembre, con ello pretenden levantar una investigación sobre la inversión realizada entre el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), para crear la empresa Telecomunicaciones de Nicaragua S.A. (TECOMUNICA).
Pese a que aún no se ha definido la fecha en que podría comenzar el proceso, se espera que los legisladores de Costa Rica lo incluyan en agenda a partir de enero de 2023.
Según confirmaron varios diputados a La Prensa, se convocará en 2023, a varios funcionarios y exfuncionarios del ICE y hasta de la Cancillería de Costa Rica, para que brinden detalles del negocio realizado con el régimen de Daniel Ortega.
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Costa Rica invirtió más de $2 millones en Tecomunica
En 2016, año en que fue fundada la empresa TECOMUNICA, ICE invirtió más de 2 millones de dólares. Al conocerse esto, varios diputados de la Asamblea Nacional de Costa Rica, reprocharon el pasado 9 de diciembre, que fondos públicos se utilicen para negocios con un régimen que viola derechos humanos en Nicaragua.
Una semana después, se aprobó la moción de orden que había sido presentada ante la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en la que piden la comparecencia de Irene Caña Díaz, expresidenta ejecutiva del ICE; Manuel González Sanz, excanciller; así como a los actuales presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña Mora y el canciller Arnoldo André Tinoco.
La diputada Dinorah Barquero, presidenta de dicha comisión, dijo a La Prensa que los funcionarios y exfuncionarios antes mencionados, serán convocados el próximo año “para que asistan a la Comisión y den su versión sobre las condiciones y todo lo referente a la manera en que se toma la decisión del Instituto Costarricense de Electricidad”.
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“Queda para el año entrante, queda aprobada la moción y ahora lo que viene es convocar a los jerarcas que tomaron esa decisión para que vengan a explicar cuál es la motivación que tienen para hacer ese contrato con el gobierno del señor Daniel Ortega”, agregó la diputada.
“Es un tema ético político”
En tanto, el diputado Elí Fenzaig, quien es miembro de la Comisión, expresó que lo quieren es “determinar quién tomó la decisión de crear esta empresa, de participar accionariamente en esta empresa, si se valoró de una manera estratégica, entendiendo que desde que esta empresa se creó ya Costa Rica estaba teniendo problemas serios con el régimen orteguista”.
“Un aspecto particular que a mi me interesa investigar es exactamente qué servicios presta esta empresa, he leído que son servicios de internet, de infraestructura de telecomunicaciones, incluso cámaras de vigilancia. Cómo con capital público costarricense se puede estar ayudando al régimen a escuchar, espiar y perseguir a sus propios ciudadanos”, agregó el también diputado del Partido Liberal Progresista (PLP).
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TECOMUNICA, opera en Nicaragua bajo la marca Teko y ofrece ofrece servicios de internet, televisión digital y seguridad mediante sistemas de cámaras, según su sitio web.
Fenzaig resaltó que “aunque sea un negocio rentable para nosotros, no es relevante eso, es un tema ético político, hay un régimen prácticamente dictatorial en Nicaragua que persigue a sus ciudadanos, que tiene más de 200 presos políticos” y que no se debe comprometer el dinero de los costarricenses con “un régimen que utiliza las tecnologías de la información para espiar a sus ciudadanos”.
El parlamento costarricense entrará en receso este próximo 22 de diciembre, será hasta después del próximo 9 de enero de 2023, que se defina la fecha en que tendrán que comparecer los funcionarios y exfuncionarios a brindar sus declaraciones al respecto.
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