En medio de un panorama en el que el régimen de Daniel Ortega confisca bienes y ordena congelar cuentas bancarias de particulares, oenegés y hasta de la Iglesia católica, la gente se pregunta: ¿qué tan seguro es tener cuentas bancarias en Nicaragua?
Durante años se ha dicho que el sistema financiero de Nicaragua es “robusto”, algo de lo que hasta los mismos funcionarios públicos han alardeado, tal como lo hizo el presidente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), Luis Ángel Montenegro, en marzo de este 2023 ante el plenario de la Asamblea Nacional.
“El rendimiento de los bancos y financieras es muy positivo… lo cual refleja un desempeño robusto en el sistema financiero”, señaló Montenegro al momento de presentar el Informe de Gestión 2022.
Sin embargo, las arbitrariedades cometidas por el régimen liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ponen en tela de duda la robustez y la confianza que durante décadas han labrado los bancos de Nicaragua y podría incluso afectar las millonarias ganancias que estos han tenido en los últimos años.
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El problema son las cuestionadas leyes aprobadas en los últimos años por la Asamblea Nacional, en este caso, la Ley 977, que en su artículo 9, obliga a los bancos y otras instituciones a “informar a la UAF (Unidad de Análisis Financiero) directamente y sin poder aducir reserva o sigilo” sobre las personas naturales o jurídicas, que estén bajo supuestos procesos de investigación por riesgos asociados al lavado de activos, financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
“Arbitrariedades” del régimen afectan a ciudadanos comunes
Sin embargo, el tema está escalando a personas que poco o nada tienen que ver con esas actividades. El ciudadano Alejandro Centeno ha sido uno de los que ha denunciado públicamente el cierre de sus cuentas bancarias por parte de un banco de Nicaragua, esto “sin previa comunicación”, según alegó.
El BANPRO cerró mis cuentas bancarias sin previa comunicación, sin duda, en Nicaragua está sucediendo algo sin precedentes.
No basta solo con que te apresen, ahora te roban a lo descarado— Alejandro Centeno ✊🏾🇳🇮 (@Alejocent20) June 15, 2023
“Si, efectivamente, el BANPRO canceló mis cuentas bancarias sin previo aviso, tengo capturas de mi estado de cuenta, pero ya no podía realizar transferencias y luego volví a intentar ingresar a la banca móvil y me salía bloqueada. Llamé y me indicaron que ‘por sigilo’ bancario no me podían dar mayores detalles”, explicó Centeno a Nicaragua Investiga.
El caso de Alejandro Centeno es de cancelación de cuentas bancarias y no de congelamiento como ha ocurrido con personas jurídicas, pero tampoco se conoce públicamente que haya un proceso en su contra por los delitos mencionados en la Ley 977, aún así el banco se niega a darle información, pese a que la Ley General de Bancos (No. 561) los obliga a mostrar estados y movimientos de las cuentas de sus clientes.
“Salvo convenio entre el banco y su cliente, el primero está obligado a pasar a sus depositantes, por lo menos una vez cada mes, un estado de las cuentas de sus depósitos en cuenta corriente que muestre el movimiento de las mismas y el saldo al último día del período respectivo, pidiéndole su conformidad por escrito”, señala el artículo 46 de la Ley 561.
“Están violentando mi derecho, primero, porque actualmente no tengo (que yo sepa) ninguna acusación, menos entiendo por qué el cierre de cuenta. Segundo, ellos podrían hacer el cierre por falta de fondos o porque uno mismo lo solicite y ninguna de las dos situaciones me pasó, incluso, yo para pagar mi viaje utilice la cuenta de dólares que tenía en BANPRO, lo que más me molesta es que no avisaron ninguna acción, tuve que llamar solo para recibir una respuesta de ‘que por sigilo bancario’ no me pueden dar información ¿Que acaso no es mi cuenta? Soy el titular”, señaló el afectado.
De no tener una acusación en su contra, el caso de Alejandro Centeno se vuelve atípico en comparación con la situación de a quienes presuntamente se les imputan delitos de lavado de activos y otros mencionados en la Ley 977.
Bancos obligados a cumplir órdenes del régimen
En el caso de las cuentas congeladas de la Iglesia católica, de las cámaras del COSEP y de otras organizaciones y personas naturales, el abogado y extrabajador del Poder Judicial, Yader Morazán, señala que los bancos “pueden hacer poco o nada por alertar a sus cuentahabientes” antes de congelar sus bienes monetarios debido a que las leyes los obligan.
Alega que los bancos no pueden “negarse a cumplir con las disposiciones emanadas por el régimen, ya que la ley los coloca como sujetos obligados a guardar sigilo y ‘colaborar’ con los procesos de investigación por riesgos asociados al lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva”.
Cuando un banco comete una falta, el afectado puede recurrir ante esa misma entidad a interponer una queja. Si esta no es resuelta, le queda como segunda instancia la SIBOIF; sin embargo, ante la situación actual del país donde las instituciones obedecen directamente órdenes a conveniencia del régimen, lo más probable es que el cuentahabiente no encuentre solución y se cometa contra él un delito, explica el economista Marco Aurelio Peña.
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“El congelarle una cuenta a una persona sin que esta tenga el derecho de impugnar, de que se le diga qué es lo que está pasando, el porqué se toma esa medida, el derecho a la defensa, eso solo puede interpretarse como una arbitrariedad más en la que no hay garantías jurídicas de ninguna manera y eso no es sigilo bancario porque no se debe de olvidar que el banco en realidad es un depositario del dinero de los ahorrantes y el dinero no es del banco si no de quien lo deposita… tiene la obligación de devolverlo cuando el cuentahabiente o el titular de la cuenta así se lo exija, eso no hay que perderlo de vista. Cuando alguien se está quedando con lo ajeno eso es un delito”, explica el economista.
El problema no son los bancos sino el régimen
Tanto Peña, como el abogado Yader Morazán, señalan que en estos casos de congelamiento o cancelación de cuentas, el problema no son los bancos sino las instituciones estatales controladas por el régimen Ortega-Murillo.
Según explica Morazán, el mecanismo es “expedito y discreto”, los bancos reciben la notificación de la SIBOIF y de inmediato proceden a ejecutar la orden “sin notificar a los cuentahabientes”, dado a que la idea es prevenir e inmovilizar capital que puede estar involucrado en ilícitos, un proceso que los bancos han realizado tal cual.
“Acá lo cuestionable es la responsabilidad, credibilidad y legitimidad de las decisiones arbitrarias de los brazos represivos que obedecen sistemáticamente a una política de Estado que persigue el libre pensamiento, expresión, y organización y asociación en el que el banco igual está sometido, al sigilo y la actuación, ya sea por deber legal o temor fundado”, explica el abogado.
Lo que hasta ahora se desconoce es si las inmovilizaciones de cuentas bancarias se han fundamentado y convalidado ante una autoridad judicial, tal como está estipulado, y que según Yader Morazán debe realizarse “a más tardar 24 horas después de su ejecución, para que sea un juez o jueza quién verifique el control de legalidad y proporcionalidad”.
Procedimiento es “legal” pero “ilegítimo”
En cuanto al procedimiento utilizado por los bancos al cancelar o congelar cuentas bancarias, el abogado explica que es “legal” porque “se hace utilizando mecanismos jurídicos con apariencia de cumplir con lo mandatado por la ley”, sin embargo, señala que se vuelve “ilegítimo” tras ser ordenado por instituciones estatales o funcionarios que “no corresponden a las actuaciones” de un verdadero sistema democrático de derecho.
“Esto es grave, porque el daño va más allá de las personas involucradas, ya que al no haber seguridad jurídica, se fuga el capital a cuentas que ofrecen estabilidad fuera de Nicaragua y se desalienta la inversión privada”, explica Yader Morazán.
Pero además de desalentar la inversión privada, los ahorrantes podría llegar a tomar ciertas decisiones que afectarían a determinado banco que se vea obligado a congelar o cancelar cuentas de algunas personas bajo mandatos de la SIBOIF o la UAF, pues según el economista Marco Aurelio Peña, podría perderse la confianza en la que se supone descansa el mercado bancario de Nicaragua.
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“No va a seguir funcionando aceptablemente bien sino todo lo contrario, ahora va a funcionar mal porque las personas podrían tomar ya otras decisiones, retirar su dinero del banco donde esté pasando esto y destinar a un banco en donde no esté pasando esto o bien mantiene el dinero debajo de la almohada de su casa”, expone Peña.
Bancos podrían estar “transgrediendo” la legislación
El economista señala que cuando un banco no explica a su cliente sobre la situación de las cuentas o no está devolviendo el dinero, “están transgrediendo por completo tanto la legislación aplicable a los bancos como para los demás ilícitos que pueden estar relacionados, pero también está desvirtuando su propia naturaleza como entidad intermediadora de recursos financieros”.
En medio de esta situación, clientes como Alejandro Centeno, a los que se les han cancelado o congelado sus cuentas sin recibir una explicación ni tener una acusación judicial en su contra, no se sienten con la confianza de levantar una queja ante los mismos bancos y mucho menos ante la instancia rectora de estos como es la SIBOIF, pues los primeros no saben resolver y la segunda genera total desconfianza.
“Lamentablemente pues no se puede hacer mucho, menos recurrir a la SIBOIF porque es la misma mafia que ha ordenado el cierre de las cuentas de los excarcelados, apátridas y ahora hasta sacerdotes y personal de la Iglesia católica. Pero sí, que quede un precedente para que las personas tomen sus acciones, su dinero no está seguro en ninguna banca nacional, en cualquier momento te cierran la cuenta y pierden su dinero”, expresó Centeno.
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Marco Aurelio Peña señala que situaciones como la ocurrida con Alejandro Centeno, en medio del contexto político actual en el que se irrespeta la propiedad privada y asociativa “con confiscaciones ilegales e inconstitucionales, con ocupaciones a la fuerza y con cancelaciones arbitrarias”, así como otras irregularidades, “hace que uno piense que estas cosas podrían también perjudicar a los cuentahabientes en los bancos”.
Opositores son vulnerables
“Pensemos en las personas que son críticas, opositoras o todo aquel que para la dictadura constituya una amenaza, un peligro, y lamentablemente ahí sus cuentas, su dinero, ya no estaría de ninguna manera seguro en un banco”, agrega el economista.
Desafortunadamente estas “arbitrariedades” cometidas por el régimen tendría un impacto negativo en la banca nacional. Estas acciones distan de las que deberían ser tomadas en un verdadero Estado de Derecho y solo hacen que se desaliente la inversión.
“No es confiable tener capital en Nicaragua porque estas arbitrariedades van más allá de la afectación individual particular que se puede tener en contra de alguna persona, ya que afecta directamente a todo el sistema jurídico nicaragüense, al sistema financiero, porque no existe seguridad jurídica y desestabiliza incluso los parámetros de un Estado democrático en cuanto a la economía nacional”, concluye el abogado Yader Morazán.
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