Frente a un escenario donde se confiscan propiedades a ciudadanos y organismos no gubernamentales, y además se cancelan personerías jurídicas de gremios empresariales como el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y sus cámaras, el régimen de Ortega crea una pésima imagen a nivel internacional que ahuyenta a inversionistas, según explican expertos.
Para el investigador y director del Programa de migración, remesas y desarrollo de Diálogo Interamericano, Manuel Orozco, Ortega está mostrando ante el mundo una Nicaragua donde la “seguridad jurídica no existe”.
“La imagen que Ortega da es la misma de hace años, de un gobierno en el cual la seguridad jurídica no existe, y el cancelar y confiscar los bienes de las cámaras solo confirma que es un país en el que no se puede invertir a menos que se quiera tener la cabeza agachada o aliarse con el gobierno”, explica el experto.
El economista y analista político, Enrique Saénz, también concuerda con Orozco. En su programa La economía de Nicaragua en 10 minutos, afirmó que el régimen de Ortega está “golpeando” en su conjunto al gremio empresarial y que el impacto va más allá, en medio de la desconfianza y el hecho que “no respeta ningún tipo de derecho ni ningún tipo de libertad”.
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Caída en los capitales de inversión
“Los distintos sectores y las distintas actividades económicas están conectadas… el conjunto de la actividad económica sufre y también quienes no son empresarios. Menos empleo y menos ingresos”, explica Sáenz.
El que el régimen de Daniel Ortega haya arrebatado la personería jurídica al Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y 18 de sus cámaras empresariales, solo hunde a un país cada vez más empobrecido, en donde las posibilidades de inversión se diluyen de manera acelerada y muestra de ello son los números presentados por el Banco Central de Nicaragua en el primer trimestre de 2022, donde se reporta una caída de 189.7 millones de dólares en los aportes de capital respecto al primer trimestre de 2021, además del declive en el sector de Comunicaciones y Energía y Minas.
“En términos de la estrategia del régimen, la eliminación de las cámaras es consistente con el método de tierra arrasada, de terminar con todo tipo de intermediación institucional entre la sociedad y el estado, de manera tal que el Estado bajo el control de Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen absoluto control y monopolio de la autoridad sobre la vida privada y pública de los ciudadanos”, detalla Orozco.
A criterio de Enrique Sáenz, el régimen de Daniel Ortega ha venido asfixiando poco a poco al gremio empresarial a través de “acosos” de la Dirección General de Ingresos (DGI), Dirección de General de Aduanas (DGA), de la corrupción, coimas y tener que enfrentarse a la “competencia desleal con las licitaciones públicas”, en medio de un ambiente adverso donde los altos precios de los combustibles, energía y otros factores, ahogan a inversores nacionales y extranjeros que se encuentran en el país.
A Ortega no “le importan los nicaragüenses”
“De acuerdo a datos oficiales la inversión privada venía declinando en los últimos meses y en consecuencia la capacidad de generar mayor actividad económica, mayor empleos y mayores ingresos para población también venía declinando, con este golpe, con este zarpazo dictatorial, esta caída va a ser más pronunciada… Golpea a las empresas, pero también golpea a las familias nicaragüenses con este zarpazo dictatorial irresponsable, que demuestra una vez más que al dictador y a su camarilla no le importa Nicaragua ni le importan los nicaragüenses”, expone Sáenz.
Con todas estas medidas desesperadas la dictadura Ortega-Murillo tiene como objetivo “eliminar toda figura jurídica a menos que sea la que ellos fomentan y crean”, afirma el investigador Manuel Orozco. Una perspectiva nada alejada de lo que apunta Enrique Sáenz.
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“Los empresarios, después de esta medida (cancelación de personería jurídica a COSEP y cámaras), sienten gravitar sobre su cuello y sobre sus propiedades el machete de la dictadura. El primer impacto es en las inversiones pequeñas, medianas y grandes”, afirmó Sáenz en su programa Vamos al punto.
El panorama para Nicaragua este 2023 no es nada alentador, en su informe “Las limitadas perspectivas de crecimiento económico en Nicaragua”, Manuel Orozco expone que el régimen de Ortega ha “criminalizado la democracia y la política económica (extorsión, expulsión, sanciones fiscales)”, lo que dista mucho de las recomendaciones brindadas por el Fondo Monetario Internacional.
Dictadura “no respeta ningún derecho”
Las medidas adoptadas por el régimen contraponen los puntos que toman en cuenta los inversionistas al momento de dirigir su capital a un país, pero además muestra una pésima imagen ante organismos financieros internacionales como el FMI, Banco Mundial, BID y BCIE, que han desembolsado jugosos préstamos a Nicaragua, algo que podría cambiar en el futuro no muy lejano y tendría repercusiones en la banca nacional que estaría obligada a pagar altos intereses, según Enrique Sáenz.
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“Las fuentes de financiación internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica), han otorgado créditos significativos a la dictadura a lo largo de los últimos años… con estos atropellos al sector empresarial, que es uno de los privilegiados por estas instituciones, pues seguramente la van a pensar tres y cuatro veces antes de darle un centavo a la dictadura”, expone el economista.
En cuanto a los inversionistas, Enrique Sáenz detalla que el impacto económico es grande, pues si tenían planificado invertir su capital en Nicaragua, no van a “arriesgarse frente a una dictadura que ha demostrado que no respeta ningún derecho”.
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