El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una severa advertencia a la comunidad internacional e inversionistas extranjeros, instándolos a «ejercer extrema cautela» y señalando que en Nicaragua «no deben tener expectativa alguna de estado de derecho o de un entorno empresarial predecible».
De acuerdo con el reporte oficial Declaración sobre el Clima de Inversión 2026, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa desmontando las garantías jurídicas mediante detenciones arbitrarias, exilio forzado y la confiscación sistemática de la propiedad privada.
Extorsión fiscal y desmantelamiento del sector privado
El informe detalla cómo el aparato estatal se ha instrumentalizado para asfixiar a las empresas a través del uso punitivo de los impuestos. Según la diplomacia estadounidense, las compañías en el país enfrentan «auditorías fiscales incrementadas, multas arbitrarias, leyes tributarias revisadas y pasivos fiscales inflados».
Asimismo, las cámaras empresariales y organizaciones han sido erradicadas. Con la cancelación de la personalidad jurídica de más de 5,600 ONGs y la disolución de gremios clave —incluyendo el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM)—, el sector privado ha quedado vulnerable, obligado a negociar directamente con la dictadura bajo un entorno de alta opacidad.
«Los inversionistas no deben tener expectativas razonables de reglas justas o de un terreno de juego equitativo en Nicaragua», subraya tajantemente el documento.
Control chino e incertidumbre económica
Ante el aislamiento financiero de casi todas las instituciones multilaterales, el régimen se ha volcado hacia el capital chino. Sin embargo, el informe advierte que la entrada masiva de productos chinos bajo condiciones preferenciales debilita la competitividad de los comerciantes locales. A la par, el informe destaca que la economía nicaragüense subsiste principalmente gracias a las remesas familiares, las cuales superan el 80% provenientes de EE. UU. y representan cerca del 30% del PIB nacional.
EE. UU le recuerda al régimen la importancia de mantener condiciones para no afectar el DR-CAFTA
Esta persistente falta de certeza jurídica y la calificación de alto riesgo para la inversión privada amenazan con profundizar la informalidad laboral —que ya abarca a la gran mayoría de los trabajadores en el país— y estancar la generación de empleo formal con salarios dignos, haciendo que la economía nicaragüense sea cada vez más dependiente de las remesas de la emigración para sostener el consumo básico de las familias. Además, al preferir acuerdos opacos y capitales sin salvaguardas de transparencia, el país corre el riesgo de erosionar el tejido comercial local, encarecer los costos operativos de las pocas empresas supervivientes y quedar aislado de los principales mercados de financiamiento internacional.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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