El consumo ilegal de energía eléctrica en Nicaragua está penado desde el año 2013, cuando entró en vigencia una reforma al artículo 236 del Código Penal. Antes de esta fecha, el hurto de energía solo era castigado por la vía administrativa y llegaba a juicio únicamente en caso de que no se concretara un arreglo de pago con el consumidor.
A pesar de que este delito ya es regulado por la vía legal, el tema de las conexiones ilegales continúa siendo un asunto recurrente en el país. Un ejemplo de esto es la situación del mercado Oriental, uno de los puntos donde más se registran conexiones ilegales a nivel nacional. A mediados de 2015, Disnorte-Dissur, calculó que el consumo ilegal de energía eléctrica en dicho mercado deja cada mes al menos C$3.2 millones en pérdidas. Un problema que continúa latente, pues de forma regular siguen registrándose incendios de grandes magnitudes originados por una conexión ilegal.
Pero ¿cuál es el motivo de la frecuencia de estos delitos? En 2017, el Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor (CJSAC) realizó un estudio donde daba a conocer que el alto precio de la energía «causa que la mayoría de la población no pueda pagar su recibo de luz y por eso hay muchos usuarios morosos o en la ilegalidad».
En ese entonces Juan Carlos López, de Ayuda al Consumidor, señalaba a La Prensa que «el problema ha sido que la distribuidora de energía Disnorte-Dissur no quiere invertir, y los usuarios se han acomodado en la ilegalidad porque el vecino les da energía o porque fueron a solicitar el servicio y la empresa nunca les dio respuesta».
Entre moras o conexiones ilegales
Javier Mejía, economista y Coordinador del Área de Recursos Naturales del Centro Humboldt, comparte que a través de un análisis de los últimos 10 años que han realizado sobre el sector energético en Nicaragua han constatado que las principales pérdidas de este se dan en el proceso de distribución.
Entre 2010 y 2020, un promedio del 20% de las pérdidas han sido en la distribución y apenas un 2.8% en la transmisión. De hecho, un estudio de 2020 elaborado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) sobre el Mercado Eléctrico nacional señala que Nicaragua se encuentra en la segunda posición de pérdida en distribución más alta a nivel regional.
La actividad de distribución y comercialización en Nicaragua se da casi en su totalidad a través de la empresa Disnorte-Dissur. Sin embargo, la liquidez de la distribuidora, ahora nacionalizada, se encuentra afectada significativamente por: las pérdidas técnicas —fallas en las redes físicas—, las pérdidas no técnicas —las conexiones ilegales principalmente—, y la mora.
Mejía señala que con las reformas al Presupuesto General de la República (PGR) en 2019 y con la crisis sociopolítica de 2018, «uno de los principales rubros que tenía el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y que tuvo una reducción significativa fue precisamente el que estaba destinado para reducir esas pérdidas» y si a esto se le suma «un aumento constante del pliego tarifario en el país; por la misma cultura nacional, va implicar que muchas más personas no quieran el proceso de legalización y contrario a esto más personas dejen de estar legalmente conectadas».
Responsabilidad y regulaciones
Para César Zamora, presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua, este se trata de un problema «cultural más que otra cosa», ya que por muchos años estas no fueron penalizadas en el país y asegura que «lo más dramático» es que en las zonas rurales donde hay menores ingresos las personas no suelen «pegarse» ilegalmente y la mayoría de casos observados son de parte de fincas con sistemas de riego o con mayores recursos que «deberían tratarse con mayor firmeza».
Consumidores asumen altos costos por la generación de energía, alerta FUNIDES
Considera que esta problemática requiere de una mayor inversión de parte de la empresa distribuidora, pues existen mecanismos para que sea más difícil la conexión a las líneas. Asimismo, considera importante que las regulaciones «vayan acorde con el volumen de energía robada; si una empresa está pegándose es una responsabilidad seria para esa empresa y debería ser castigado así, y si es una persona con escasos recursos yo creo que una multa pequeña debería ser discutido por la sociedad».
«Que se ataquen las viejas prácticas con ciudadanos que por mucho tiempo les ha resultado fácil pegarse sin tener consecuencias, este es el ciclo que hay que romper, que las acciones tengan consecuencias» sostiene.
Sin embargo, Funides considera que las multas, embargos de bienes o penas de prisión, establecidas por la Ley ante casos de hurto de energía «no son necesariamente las más recomendables considerando la desaceleración económica y el contexto nacional» actual.
«La mora en el pago por el servicio de energía eléctrica se estaría incrementando por disminución del ingreso, y no necesariamente estaría relacionado con la falta de voluntad de pago» por lo que proponen «un proceso que permita el entendimiento y arreglos a nivel comunitario con la distribuidora».
El estudio de Funides detalla que, aunque no existe información pública de la mora, «a 2016 la estimación era que las cuentas por cobrar (con relación) a activos estaban en torno a 40%, 50% de la mora con más de 180 días de rezago» y que «estas cifras probablemente empeoraron a partir de 2018 por la situación económica en el país”.
De igual forma, proponen que el MEM y el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) colaboren con las distribuidoras para «encontrar soluciones que reduzcan las pérdidas, sobre todo las relacionadas con las conexiones ilegales, implementando un sistema efectivo de cortes para casos menores que enjuicien rápidamente a usuarios que se conectan a la red de manera ilegal con frecuencia», y también «reducir gradualmente la contribución que realizan los consumidores finales para continuar reduciendo gradualmente la carga que asumen los clientes formales», lo que aseguran incentivaría a las distribuidoras a hacer mayores esfuerzos para reducir sus pérdidas.
En síntesis, los problemas relacionados con las conexiones ilegales pueden relacionarse con que, por un lado, existe un problema con el pliego tarifario, el cual Mejía califica de «obsoleto» y que debe revisarse para que sea «más transparente», pues esto incluso desemboca en otros problemas relacionados con las constantes quejas de la población por considerar injustos los cobros en sus facturas; y por otro, el hecho de que existen grandes inversiones enfocadas en la generación de energía, pero se ha descuidado el proceso de transmisión y distribución.
«Es hora de ponerle mucha más atención al tema de distribución porque no solo se trata de acceso, sino de asequibilidad, o sea que la gente pueda tener una energía segura y que tenga capacidad de pagarla, más allá de que pase la red por tu casa, sino que sea una energía constante y a un precio justo» comenta Mejía.
Y recuerda que «cualquier conexión ilegal la termina pagando la persona que tiene su medidor legalmente establecido, nunca la energía es que alguien la va a usar y no la va a pagar, siempre la termina pagando el usuario que está legalmente conectado».
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