A tan solo pocas semanas para que la Asamblea Nacional, un poder más controlado por Daniel Ortega, pueda realizar las reformas electorales pertinentes, el nivel de comunicación e incidencia se potencia para la aplicación de mecanismos contra el totalitarismo de Ortega, el motivo es la creación de nuevas alianzas de agrupaciones entre la diáspora y los territorios.
Esas alianzas son oportunas para ejercer un contrapeso a Ortega e indiscutiblemente al proyecto de Coalición Nacional cuyas acciones son percibidas como inestables siendo un completo carrusel político, donde se aumentan y disminuyen las demandas pero se encuentran en un movimiento circulatorio que no les permite avanzar.
Desde las nuevas agrupaciones entre la diáspora y los territorios no existe un solo mecanismo de presión, eso lo convierte en algo atractivo y lleno de contundencia sin embargo cada uno de ellos cuenta con efectos internacionales, no únicamente para Nicaragua.
La declaración de ilegitimidad o desconocimiento de Gobierno, es un proceso que hace referencia a despojar al gobierno de turno, en este caso la administración de Ortega de los poderes internacionales (relaciones políticas, diplomáticas, consulares, comerciales y financieras) para trasladarlos a un cuerpo político de transición que cumpla debidamente con 2 criterios (legitimidad y poder real) para ser reconocidos internacionalmente.
El efecto de desconocer a un gobierno resulta también en no ser considerados como sujetos con legalidad legitimidad en los cargos públicos (ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y municipal) por consiguiente se pierde el poder de inmunidad en los “territorios” de los países que lo han desconocido.
¿Pueden ser procesados si acuden a estos países?
En el derecho internacional, no es lo mismo actos constitutivos de crímenes de lesa humanidad que actos de terrorismo. Hasta el momento se ha determinado que lo sucedido en el 2018 se cataloga como crímenes de lesa humanidad por el capítulo VII del informe del Grupo interdisciplinario de expertos independientes (GIEI).
Comparto ambos delitos internacionales porque la beligerancia para investigar y procesar difieren, en la mayoría de los países que cuentan con legislaciones penales, donde se contempla la “Justicia universal”, un mecanismo para conocer de forma “subsidiaria”, casos de graves violaciones de derechos humanos, los países brindan mayor prioridad a casos de terrorismo que crímenes de lesa humanidad por una cuestión de politica – diplomática pero particularmente de seguridad nacional. Una resolución de Estados Unidos sobre la declaración de terrorismo al gobierno y partido de Ortega, a pesar de que sea altamente politica y no jurídica, puede ubicar en la arena de la justicia universal a autores directos de las politicas represivas formalizadas en 2018.
¿Cuales son los efectos de la declaración de terrorismo?
Es un mecanismo que debe asumirse con mucho cuidado, hay que saber cuando es el momento propicio para activarlo debido a que su efecto, es considerar a Nicaragua como un Estado fallido, dejando vulnerable al país de ataques que resulten en intervención militar porque sencillamente se ha desconocido la autoridad de un Estado, esto es algo lejanamente probable pero la geopolítica que nos deja la pandemia puede resultar cambiante por el acomodamiento de los centro de poder; resulta imprescindible la actuación beligerante de una oposición para su reconocimiento en caso de que se adopte esta vía, para no formar parte de los casos de algunos países de Medio Oriente.
El autor es estudiante de políticas públicas
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