El Parlamento de mayoría opositora de 2015 en Venezuela condenó las órdenes de aprehensión contra las tres integrantes de la nueva Junta Directiva elegida el 5 de enero y llamaron a la comunidad internacional a denunciar lo que consideran una “arremetida feroz” del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
“Desde la Asamblea Nacional (AN) legítima se considera esta acción como violatoria de todo proceso y otro atentado más en contra de los Derechos Humanos en Venezuela”, expone un comunicado divulgado el domingo.
En la cuenta en Twitter del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas se informó que el Tribunal 49 de Control acordó orden de aprehensión contra Dinorah Figuera, presidenta del Parlamento de 2015, Marianela Fernández, primera vicepresidenta, y Auristela Vásquez, segunda vicepresidenta.
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A las tres integrantes de la Junta Directiva, todas en el exilio, se les acusa de usurpación de funciones, traición a la patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
“En virtud de su participación en hechos irregulares relacionados con el nombramiento ficticio de una Junta Directiva de una supuesta Asamblea Nacional ilegitima, para el robo de activos venezolanos en el exterior”, continúa el mensaje.
La Plataforma Unitaria de la oposición que reúne a la mayoría de los partidos de oposición, condenó la “persecución judicial” por parte de Maduro, a quien acusa de utilizar y controlar el Poder Judicial.
La alianza opositora recordó en un comunicado que la asamblea de 2015 “es la institución legítima que goza del reconocimiento internacional” de países como Estados Unidos, Alemania, Francia y Canadá, entre otros.
El viernes, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público investigaría y sancionaría presuntos “delitos de corrupción” vinculados a una comisión parlamentaria relacionada con activos en el exterior, y designó a las fiscalías 67 Nacional y 94 Nacional para esos fines.
Al respecto, el diputado Williams Dávila dijo la Voz de América que el verdadero enemigo es el “Estado totalitario” dirigido por Maduro, cuyas instituciones están “al servicio de la persecución”.
“El anuncio de Saab de abrir investigación a los integrantes de las comisiones que se designen en materia de protección de activos es una prueba más de la persecución que hay contra todos por igual (…) es una prueba fehaciente que es una conducta de Estado sistemática y por eso la Corte Penal Internacional tiene un expediente contra este régimen, porque es una política de Estado la persecución contra la disidencia”, dijo.
Dávila afirmó que la protección de activos por parte de varios gobiernos se dio debido a actos de “corrupción internacional” en los que estaría implicado el mandatario venezolano.
El diputado Juan Guaidó fue proclamado presidente interino de Venezuela en 2019 y fue reconocido por al menos 50 países, argumentando que el proceso electoral en el que en 2018 el presidente Nicolás Maduro obtuvo la reelección fue “fraudulento”.
Pero el Parlamento de mayoría opositora que, por tercera vez consecutiva, extendió su mandato, decidió disolver el interinato y dejar en el ejercicio de funciones al Consejo de Administración y Protección de Activos.
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