Tres opositores son detenidos en Cuba antes de ofrecer conferencia de prensa

Tres opositores cubanos fueron detenidos este lunes en La Habana cuando se disponían a dar una conferencia de prensa para lanzar una iniciativa «contra la violencia», según contaron a la AFP.

«Me detuvieron. Me acaban de traer para mi casa, y me han dejado una posta de la policía en las inmediaciones», dijo en un mensaje de WhatsApp el opositor Manuel Cuesta, poco antes de la hora prevista para el inicio de esa conferencia, la primera organizada de manera presencial por miembros de la disidencia tras varios años.

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Cuesta precisó que también fueron detenidos el opositor «Juan Antonio Madrazo», «dueño de la casa» donde se iba «a celebrar la conferencia» de prensa, y la «activista María Mercedes Benítez», que iba con él al lugar.

Los disidentes convocaron a la prensa internacional a un departamento en el céntrico barrio Vedado para anunciar el lanzamiento de una «estrategia global contra la violencia en Cuba», apoyada por 19 organizaciones políticas, de defensa de los derechos humanos y feministas.

Entre ellas figuran el Consejo para la Transición Democrática (CTDC), una plataforma opositora que propone cambios en el país a través de las vías legales y el Movimiento San Isidro, un colectivo de artistas contestatarios creado en 2018.

«A la crisis de seguridad pública que se nos encima, reflejada en alrededor de 32 feminicidios en lo que va de año, en otros tantos asesinatos, y en los robos y asaltos a pleno día, hay que agregar las violencias institucionales normalizadas por el sistema político», indicaron las organizaciones en un comunicado.

Asimismo, aseguraron que trabajan en conjunto para alcanzar «la amnistía y la despenalización del disenso, las iniciativas contra la violencia de género, la recuperación de la soberanía ciudadana, (…) las desigualdades económicas institucionalizadas, las violaciones flagrantes de la Constitución y las leyes» en la isla.

En Cuba, gobernada por el Partido Comunista (PCC, único), toda oposición es ilegal. A los disidentes, acusados de estar pagados por Estados Unidos, se les impide regularmente salir de sus casas y sus conexiones a internet son cortadas.