Designada por Donald Trump, Aileen Cannon ahora tendrá que juzgarlo. La magistrada, elegida para supervisar el juicio penal federal del expresidente, tendrá una gran influencia en el procedimiento, lo que genera controversia.
«Juzgar a alguien que te dio tu trabajo sería difícil para todos», dice Wendy Schiller, profesora de política pública en la Universidad de Brown.
Y cuando el imputado no para de gritar al presentarse como víctima de una «persecución», «eso le indica al juez que está bajo vigilancia», agrega la experta a la AFP.
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¿Será capaz Aileen Cannon de resistir estas presiones? Quienes quieren ver condenado a Trump por su mal manejo de los secretos de la Casa Blanca lo dudan.
En primer lugar, porque tiene poca experiencia como magistrada.
Trump le otorgó un puesto vitalicio como jueza federal justo antes de su derrota en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020.
En ese momento, Cannon solo tenía 38 años, tras haber pasado tres años en un bufete de abogados y siete en las oficinas de un fiscal federal de Florida.
Desde que asumió el cargo, solo ha supervisado cuatro juicios penales, que nunca han durado más de tres días, según Politico.
En segundo lugar, porque es «una jueza muy conservadora», señala Thomas Holbrook, profesor de ciencias políticas en Wisconsin.
Hija de una refugiada cubana, es miembro de la Federalist Society, una organización muy influyente en los círculos legales que cuenta con el beneplácito de los republicanos electos y defiende una lectura literal de la Constitución.
Pero, sobre todo, porque ya ha mostrado una gran deferencia hacia Trump.
Después de que el FBI registrara su mansión Mar-a-Lago, en Florida, en agosto de 2022, el expresidente emprendió acciones legales para evitar que los fiscales utilizaran los documentos incautados.
La jueza Cannon ya había heredado el caso y estuvo de acuerdo con él, en parte, alegando «circunstancias extraordinarias» relacionadas a «su antiguo cargo como presidente de Estados Unidos».
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Luego fue desautorizada por tres jueces de su tribunal en un tono inusualmente crítico: «Si bien es realmente extraordinario tener una orden de allanamiento para la casa de un expresidente, de ninguna manera debe afectar nuestro análisis legal», escribieron.
«Imparcialidad cuestionada»
Nada de esto importaría mucho si el juez solo tuviera un papel ceremonial, pero eso está lejos de ser así.
«Incluso en los casos de rutina, los jueces tienen una influencia importante y a veces decisiva en el procedimiento», señala Daniel Richman, profesor de Derecho en la Universidad de Columbia.
En concreto, Cannon decidirá en particular qué pruebas materiales se pueden presentar a los miembros del jurado. En este caso, podría verse tentada a excluir notas condenatorias tomadas sobre la marcha por un abogado de Trump, en nombre del secreto profesional.
También fijará el cronograma de las audiencias preliminares y del juicio, que podría aplazarse hasta mucho después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, en las que Trump es candidato.
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Según Richman, «incluso a un juez experimentado le resultaría difícil presionar para que el juicio se celebrara antes de las elecciones».
Por último, supervisará la selección de los jurados, que deberán emitir un veredicto unánime.
Por todo ello, varias voces le pidieron que se recusara. «Su imparcialidad puede ser cuestionada», dijo el exfiscal federal Andrew Weissmann, quien investigó las sospechas de colusión entre Trump y Moscú en 2016, a MSNBC.
Haga lo que haga, al final será vilipendiada, señala Holbrook.
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«En cuanto se pronuncie en contra del expresidente, dejará de importar que él la nombrara y será considerada una traidora» por los partidarios del republicano, afirma. «A la inversa, si falla a favor de Trump, alimentará la idea de que el poder judicial es corrupto».
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